Fundación para la Superación de la Pobreza: la otra ONG a la que apunta el ministro Carlos Montes

El estallido del caso referente a los millonarios convenios que tenía Democracia Viva -fundación ligada a Revolución Democrática y al entorno de la diputada Catalina Pérez- con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta no deja de sumar nuevas aristas.

Y es que cual caja de Pandora, ha servido como puerta de entrada para develar serias irregularidades que hoy están siendo indagadas por el ministro Carlos Montes, la Contraloría y el Ministerio Público, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco en la entrega de estos recursos fiscales.

Esto, porque como ha dejado en evidencia el mencionado secretario de Estado, no se trata de un caso aislado circunscrito a la ONG comandada por la otrora pareja de la diputada Pérez, Daniel Andrade, sino que un hecho que ha permitido establecer que varias fundaciones estaban incurriendo en irregularidades -quizás desde hace años- que les permitían hacerse de recursos públicos para supuestamente ir en ayuda de población vulnerable.

Como detalló Montes, entidades privadas que operaban en Antofagasta, como Democracia Viva, contrataban profesionales que luego prestaban servicios en la Seremi de Vivienda o en el Serviu de la zona, para así vigilar desde cerca la adjudicación de millonarios proyectos.

“Aquí el punto más polémico que hay hasta el momento es que con parte de los recursos (el de los convenios que suscribían entidades de gobierno y las fundaciones) se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en el control de los proyectos y eso es algo que estaba al margen de los marcos legales”, comentó Montes en medio de su visita a la región. Y agregó: “Son personas contratadas por una fundación para que prestaran servicios a la Seremi o al Serviu para que hicieran más rápido las tareas que tenían”.

Todos esos antecedentes los puso en manos del fiscal regional subrogante, Cristián Aliaga, la mañana de este miércoles, pero como pudo adelantar, además de Democracia Viva, la Fundación para la Superación de la Pobreza es otro organismo que tienen en la mira, la cual en sólo tres meses durante el 2022 se adjudicó más de $ 500 millones.

Además, como ha podido constatar el ministro, ellos tenían entre sus filas, en el pasado, a Paz Fuica, concejala por la comuna, exencargada territorial de la diputada Pérez y quien trabajó de cerca con el otrora seremi Carlos Contreras. Este último debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

El tema, ya ha escalado en el gobierno y este miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que “el Ministerio del Interior instruyó auditorías en todas las delegaciones presidenciales del país para fiscalizar todos los convenios que impliquen transferencias de recursos”.

La Fundación para la Superación de la Pobreza es una organización privada sin fines de lucro creada en 1994. Desde entonces, según detalla en su sitio web, busca promover “mayores grados de equidad e integración social en el país que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social”. Por lo mismo, destacan, realizan labores como la de Servicio País. La ONG sostiene que “contamos con el apoyo del Estado de Chile, a través de la aprobación de parte de nuestro financiamiento en las leyes del presupuesto de la nación”.

La fundación es una de las más grandes y reconocidas a nivel país, pues también tiene convenios y recibe aportes de una multiplicidad de municipios y organizaciones gubernamentales, como también de gobiernos regionales.

De esta forma, mantiene diferentes convenios con el Estado, el más grande de ellos -según su cuenta pública del 2022- es con el Ministerio de Desarrollo Social, el cual les hizo entrega de $ 4.067.150.331 el año pasado.

Junto con eso, también recibió aportes por $ 571.717.000 y $ 271.771.595 de parte del Ministerio de las Culturas y las Artes. Y también, más de $ 500 millones adjudicados a través de fondos nacionales del programa “Serviu Campamentos”.

Pero pese a la reconocida labor que tendrían, en medio del escándalo de Democracia Viva han recibido varios reproches.

Según pudo conocer La Tercera PM, la Fundación para la Superación de la Pobreza, sólo en la Región de Antofagasta, recibió durante el año pasado siete transferencias de parte de la Seremi de Vivienda, por un total de $ 529.000.000. Lo hizo en tres meses.

Ese año, según se detalla en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, se realizaron tres transferencias con fecha 28 de agosto, cada uno por $ 50.000.000, $ 98.000.000 y $ 90.000.000. Los tres montos tienen como detalle que son para “gestionar el Plan de Acompañamiento Social y Comunitario para facilitar el acceso a la vivienda adecuada a las familias que habitan en campamentos, a través de una estrategia que aborde la diversidad del territorio; fortalezca la organización social y acerque la oferta pública a sus habitantes”.

El mismo año, además, se realizaron cuatro transferencias entre octubre y noviembre para “disponer la entrega de recursos que posibiliten a la fundación, gestionar los estudios previos y los respectivos diseños de arquitectura e ingeniería y todo lo necesario para viabilizar la estrategia de radicación urbana”. Todos los traspasos suman un total de $ 529.358.727.

Lo anterior muestra una diferencia con los montos recibidos durante el 2021. Ese año, la ONG recibió tres aportes que suman $ 190.611.707 y que tenían como objetivo “implementar planes de intervención con el fin de que las familias de campamentos superen su situación de vulnerabilidad social y habitacional”. El 2020, en cambio, las transferencias a la ONG llegaron a los $ 287.344.246.

Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza-Servicio País, explica que “la Fundación Superación de la Pobreza tiene una larga trayectoria de trabajo en alianza con el Estado desde 1995, en gobiernos de todos los colores políticos. Esta marca de seriedad se refleja en la implementación de procedimientos administrativos muy rigurosos, que nunca han admitido figuras como las que se han detectado en el caso de Antofagasta. Por supuesto estamos atentos a las investigaciones que se están llevando a cabo, y manifestamos nuestra más completa disposición a colaborar con ellas, pues somos los más interesados en que la situación se aclare y podamos despejar las dudas sobre el fundamental trabajo que muchas organizaciones de la sociedad civil realizan con los altos estándares de probidad y dedicación a las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestro país”.

La institución en la actualidad tiene como presidenta del directorio a Andrea Repetto y la instancia está compuesta también por Roberto Méndez, Paula Molina, Noam Titelman, Benito Baranda, entre otros.

Consultada al respecto, Andrea Repetto explica que la fundación “trabaja en las comunas más aisladas y vulnerables del país. En general son rurales, pero también tenemos trabajo en campamentos, ahí colaboramos en realizar diagnósticos sociales y técnicos, en acompañar en los aspectos jurídicos a las familias, organizar sus requerimientos habitacionales, etc. Estamos trabajando en campamentos en Antofagasta desde fines del 2020, si no me equivoco”. Junto con eso, explica que “rendimos cuentas por el trabajo que hacemos y los fondos que recibimos de manera permanente con todas las reparticiones públicas que tenemos convenios”.

Del directorio, hasta marzo del año pasado, fue parte Leonardo Moreno, quien ahora se desempeña como jefe de la unidad de Compromisos Presidenciales del Segundo Piso de La Moneda y que en 2018 fue director ejecutivo de la entidad. Según fuentes de La Tercera PM, Moreno llegó al Segundo Piso a fines de septiembre del año pasado a reemplazar a Diego Pardow, que fue nombrado ministro de Energía.

Las mismas fuentes sostienen que Moreno llegó a integrar el equipo el 29 de septiembre, tras el arribo de Miguel Crispi (RD), una vez que este asume como jefe del Segundo Piso tras la salida de Lucía Dammert.

Quien pudo conversar ampliamente sobre este asunto con el ministro Montes fue el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien confirmó a La Tercera PM que Vivienda está trabajando en un nuevo protocolo para fijar estándares de relacionamiento con fundaciones.

“Lo que me planteó el ministro es que él va a exigir un nuevo protocolo de tratamiento a fundaciones dentro del Ministerio de Vivienda. Encontraron que efectivamente había funcionarios que tenían correos institucionales, que cumplían funciones institucionales, y que eran financiados por las mismas fundaciones, y eso es algo que al ministro le parece muy irregular y, por lo mismo, quiere ir esclareciendo cómo mejorar los procedimientos”, comentó el gobernador.

Como detalló, “lo que le explicaron al ministro Montes es que se contrataba a estas personas para agilizar los procedimientos, pero hay temas de responsabilidad administrativa que no se pueden llevar de esa manera. Se debe tener cuidado con cómo se utilizan los recursos. No tenemos certezas respecto de cuándo comenzaron a ocurrir estas irregularidades. Pero hay que hacer una distinción entre aquellas fundaciones que tienen una cierta expertise y que llevan años trabajando, respeto de aquellas que se armaron últimamente con un fin particular, que pareciera que es defraudar al Fisco”.

Respecto del contenido del nuevo protocolo, Díaz indicó que “lo que le planteamos al ministro es que en el nuevo protocolo que busca fijar se deben dar todas las garantías de probidad y transparencia. El problema de este caso es que ha sembrado un manto de dudas sobre todos quienes ejercemos cargos políticos y sobre las fundaciones. En la medida que haya formas de control, regulaciones, es muy necesario. Tiene que haber la máxima transparencia posible”.