Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentó el empresario Gabriel Urenda Salamanca ante el Tribunal Constitucional (TC) en busca de que se impida atribuirle responsabilidad penal respecto a los decretos que crean la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Ley 18.045 de Sociedades Anónimas.

En la acción, el fundador del grupo Intervalores lanzó duras acusaciones en contra del Ministerio Público, asegurando que actúa como un “buzón” del ente regulador y sólo se ha limitado a presentar las pruebas que obtuvo en sede administrativa la CMF y no ha llevado adelante una indagatoria bajo el principio de objetividad.

“El Ministerio Público no investigó los hechos 1 y 2, sino que únicamente se limitó o ratificar la prueba obtenida por el respectivo Órgano Sancionador Administrativo, transformándose en un buzón de dicho órgano administrativo para sustentar una acusación ante un tribunal oral”, consignó la presentación.

Urenda es acusado de apropiación indebida –por las platas apropiadas de Panor. También se le atribuye autoría en una estafa -por los dineros no invertidos de los clientes que firmaban mandatos de inversión– y por infracción a la Ley de Valores. Según la fiscalía, el empresario, a través de Intervalores, provocó un perjuicio de $11.500 millones a quienes requirieron sus servicios.

Esta arremetida en el TC se produce a menos de 30 días de que se concrete la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el día 17 de enero de 2022.

Asimismo, la defensa de Urenda sostuvo que el Ministerio Público obtuvo medios de prueba en el marco de un proceso administrativo que no se encuentra regulado por el Código Procesal Penal y que no “garantiza el ejercicio de los derechos que tiene todo imputado en contra de quien se ha iniciado un proceso penal”.

“El Ministerio Público nunca indagó acerca de la supuesta información falsa sino que se limitó a solicitar el expediente íntegro de los sumarios cursados por el respectivo órgano sancionador, para hacer suyo dicho trabajo investigativo que tenía una finalidad distinta, acreditar la responsabilidad administrativa de los hechos en cuestión y no penal. Lo anterior queda claramente establecido desde el momento en que la prueba ofrecida por el Ministerio Público es exactamente la misma que sirvió en sede administrativa para condenar a mi representado”, concluyó la presentación de Urenda.

Tras varios meses de investigación, el Ministerio Público presentó acusación en contra de Gabriel Urenda. En el libelo se lee que éste “se concertó con el gerente comercial de la empresa, el también acusado Sebastián González Chambers para realizar una maniobra que les permitiera sustraer los fondos de las cuentas corrientes de la sociedad, principalmente de los clientes de la corredora de bolsa, provenientes de las operaciones de la misma, con el fin de evitar que fueran embargados u objeto de alguna medida precautoria en un litigio civil”.

La acusación fiscal agrega que “en el mes de julio de 2015, instruyeron a los encargados del área de contabilidad y de tesorería de la empresa que traspasaran los saldos disponibles desde las cuentas corrientes de dicha sociedad a las de una sociedad relacionada a la misma, también de propiedad de Urenda Salamanca, de nombre Inversiones Intervalores Capital Limitada, registrando de forma indebida en la contabilidad de la corredora de bolsa tales egresos de sus saldos en cuentas como una cuenta de activo, denominada “Banco Capital”, específicamente como una cuenta de efectivo o efectivo equivalente”.

En esa misma línea, los acusados -según el Ministerio Público- habrían ordenado contabilizar como cuenta de efectivo una cuenta por cobrar a una persona jurídicamente relacionada, hecho sucedido entre los días 13 de julio de 2015 y el 1° de septiembre de 2015, lo que habría significado distorsionar las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia para tal período.

“Entre el 14 de julio y el 2 de septiembre de 2015 Urenda Salamanca y González Chambers de manera maliciosa proporcionaron antecedentes falsos a la SVS y al público en general, correspondiendo a los valores del patrimonio depurado, patrimonio líquido, índice de liquidez general, índice de liquidez por intermediación, razón de endeudamiento y razón de cobertura patrimonial del período comprendido entre el 13 de julio de 2015 y el 1° de septiembre de 2015″, consigna la acusación de la fiscalía.

Por otro lado, según el Ministerio Público, entre el 31 de octubre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 ambos acusados proporcionaron de manera maliciosa antecedentes falsos a la CMF y al público en general sobre los valores del patrimonio depurado, patrimonio líquido, índice de liquidez general, índice de liquidez por intermediación, razón de endeudamiento y razón de cobertura patrimonial del período indicado.

“Ambos imputados ordenaron incluir en la contabilidad en el período indicado, activos que no tenían sustento por la suma de $ 347.917.048.- y no consideró pasivos con clientes por moneda extranjera por $ 147.227.358.-, información que sirvió de base para la elaboración de los índices de patrimonio, liquidez y solvencia que informaron diariamente durante ese período a la SVS y luego a la CMF”, se lee en el libelo.