Gases lacrimógenos, balas y granadas: Bolivia acusa a Macri de enviar apoyo militar para protestas de 2019 y Argentina pide disculpas

En un inusual capítulo de en sus relaciones bilaterales, el gobierno del Presidente boliviano Luis Arce y su homólogo argentino Alberto Fernández se unieron para condenar y acusar al expresidente Mauricio Macri de enviar “material bélico” para las movilizaciones que estallaron en noviembre de 2019 en La Paz y que resultaron en la renuncia de Evo Morales luego de 13 años en el poder. La cancillería boliviana apunta como evidencia clave una nota de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) agradeciendo a la Casa Rosada por los gases lacrimógenos, cartuchos de balas y granadas recibidas.

“Hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos: primero, que el gobierno de Macri de Argentina, en 2019, también aportó con equipamiento y material para que se pueda reprimir la protesta social para poder consolidar el gobierno que irrumpía el orden constitucional”, señaló ayer el canciller boliviano Rogelio Mayta.

De acuerdo con las autoridades bolivianas, el excomandante general de la FAB, Jorge Terceros Lara, envió una carta con fecha 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, en el que celebró la “colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.

A las pocas horas de conocidos estos antecedentes, el Presidente Fernández envió una carta dirigida al Palacio Quemado y al pueblo boliviano en la que pidió “disculpas” por el actuar de su antecesor, ya que “se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas de sediciosas contra la población boliviana en esos días”.

Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento (...) de la colaboración del gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetuaron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del Presidente Evo Morales.

Alberto Fernández, Presidente de Argentina

Fernández señaló que se abrió una investigación por parte de un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, el Ejecutivo argentino ordenó a los jefes de las Fuerzas Federales informar en un plazo máximo de 72 horas sobre su responsabilidad en el envío de material policial al Estado Plurinacional de Bolivia.

Hasta el momento, Macri no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones. Sin embargo, la exministra de Seguridad argentina durante su mandato, Patricia Bullrich, acusó que en noviembre de 2019 “se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el Presidente Fernández”.

De acuerdo con Bullrich, Macri “ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la embajada argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes”. Además, la política opositora argentina puntualizó que enviaron policías a La Paz y que Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos y a funcionarios bolivianos, y fueron llevados hasta la frontera para ingresar por Salta a suelo argentino.

El expresidente boliviano, Evo Morales, señaló a través de su cuenta de Twitter que “no imaginamos que (Macri) fuese capaz de cometer un delito de lesa humanidad tan abominable como el enviar material bélico a los golpistas para matar al pueblo boliviano indefenso” y catalogó el episodio como una “reedición del Plan Cóndor”.

Sin embargo, esta no es la primera acusación de envío de equipamiento militar en respaldo a la administración interina de Jeanine Áñez. Hace un mes, Bolivia señaló que el gobierno de Ecuador liderado por Lenín Moreno despachó una serie de gases lacrimógenos y municiones, por lo que hay una investigación parlamentaria en curso.

Según el diario boliviano Página Siete, hace una semana fue detenido el excomandante general de la FAB junto a otros altos cargos de la cúpula militar en el marco de la investigación por el denominado golpe de Estado. No obstante, Terceros Lara acusa que la carta es falsa y que a ningún miembro de las FF.AA. le corresponde agradecer a un gobierno.

En medio de la tensión electoral, los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre de 2019. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, buscaba un cuarto mandato consecutivo desafiando el veredicto de un referéndum en 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reforma que le permitía volver a postularse.

La paralización por unas horas del sistema online de escrutinio de votos desató acusaciones de “fraude electoral” y la oposición salió a las calles para protestar contra de Morales, que había ratificado su victoria con un 47% de los votos. Días después, una auditoría de la OEA emitió un comunicado concluyendo una “manipulación dolosa” en el sufragio.

Las marchas se extendieron por todo el país y tras 20 días de presión en las calles, incluido el llamado de las Fuerzas Armadas donde “sugieren” la renuncia del binomio del MAS, el 10 de noviembre el mandatario boliviano dejó el poder y se exilió en México para luego trasladarse en diciembre a Buenos Aires después de la asunción de Alberto Fernández.

Ante el vacío de poder debido a las múltiples renuncias oficialistas, la senadora Jeanine Áñez asumió un mandato interino respaldada por el Ejército y la oposición, y entre sus primeras órdenes desplegó a las FF.AA. en el país. Para el 15 de noviembre los choques entre policías y manifestantes resultaron en la “masacre de Sacaba”, donde más de 10 personas fallecieron y 120 resultaron heridas. Días después ocurrió un enfrentamiento en Senkata, que dejó una decena de muertos y casi 100 heridos. La CIDH señala que desde el estallido de las movilizaciones y hasta el 6 de diciembre hubo al menos 35 decesos de civiles y más de 800 heridos.

Justamente, Áñez, que esta en prisión preventiva desde el 13 de marzo, debía declarar hoy por el caso de Sacaba y Senkata. Sin embargo, la expresidenta se acogió a su derecho a no declarar, según informó el fiscal Gonzalo Aparicio.

La audiencia se celebró en la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde Áñez está en prisión preventiva, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en la crisis postelectoral tras las elecciones de 2019.