Gastón Gómez, abogado constitucionalista: “Es inviable realizar la campaña del plebiscito bajo un Estado de Excepción”

Anteayer el Presidente Piñera se reunió con cinco abogados constitucionalistas a los que propuso integrar el comité con el que busca zanjar el asunto de la admisibilidad de proyectos presentados en el Congreso, que ha activado un nuevo conflicto con la oposición -con la que acababa de cerrar el acuerdo para financiar medidas sociales- y que se ha propagado hasta el fracturado Tribunal Constitucional. Gastón Gómez Bernales fue uno de ellos (lo propuso su ex partido, RN), junto con Sebastián Soto y José Francisco García, nominados por la UDI y Evópoli, además de los ex presidentes de la Cámara de Diputados Rodrigo Álvarez y Edmundo Eluchans, también gremialistas. No había nadie de la vereda opuesta en la cita virtual; también estaban los ministros Claudio Alvarado (Segpres), Gonzalo Blumel (Interor) y el jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet.

Nuestro entrevistado declinó sumarse a la idea. ¿Por qué?

“No puedo vaticinar qué va a hacer el Presidente con esto. Como es público, las más altas autoridades del Ejecutivo invitaron a un grupo de expertos y ex presidentes de la Cámara a conversar sobre cómo enfrentar los procesos legislativos y las eventuales inconstitucionalidades. Jamás dejo de ir a una reunión, lo hice con el gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Como se sabe públicamente, no estuve de acuerdo con la proposición que se planteó allí; hicimos una propuesta alternativa, más prudente y respetuosa institucionalmente. El debate giró sobre eso, y yo decliné sumarme a esa posición. Me excusarás que comente la proposición del gobierno, él verá si la hace pública o no”, aclara ante la consulta.

-¿Qué plantearon ustedes?

-Varios de los que estábamos ahí planteamos que en estas circunstancias lo que cabe es tal vez mejorar los niveles de conciencia de los procesos legislativos, y que los parlamentarios tengan una asesoría y un aporte intelectual que les permita saber si lo que están haciendo es constitucional o no. Dentro de la esfera del Parlamento. Como lo hace hoy la Comisión de Constitución del Senado y de la Cámara: invitando constitucionalistas cada vez que tienen un problema constitucional. Institucionalizar eso, más allá de las cuestiones momentáneas de hoy.

-El gobierno está en minoría y ya no sirve la táctica del “pirquineo” de votos. ¿Cómo resuelve esto?

-No hay soluciones de maravilla en un régimen presidencial. Éste descansa en la tensión y separación entre el Congreso y el Presidente.

-Cuando hay pugnas entre esos dos poderes del Estado, ¿no está el Tribunal Constitucional para esto? ¿Qué gravedad le asigna a esto, cuando la oposición tilda esto de “una intromisión” presidencial?

-La pregunta es si el Tribunal Constitucional es o no un buen mecanismo para resolver esas disputas. El que surgió en la década del ’60 se hizo específicamente para eso. Y ha habido una larga disputa sobre sus atribuciones, su legitimidad, su comportamiento, pero es circunstancial y pienso que en el futuro eso se va a ordenar.

-¿Se ha excedido o no el Parlamento en materias de ley por su constitucionalidad?

-Efectivamente, el Parlamento se ha excedido en algunas. Pero el Presidente también, en algunas ocasiones, no ha utilizado los mecanismos constitucionales que corresponden: podría perfectamente recurrir al TC. Si es así, ¿qué se puede esperar? El problema de fondo es que el TC ha sido muy cuestionado y eso mina la posibilidad de recurrir a él. Pero esta contingencia no me preocupa demasiado: igual que la espuma , este problema va a bajar. Hay espacio para la política, y un espacio para el derecho.

A Gómez, ex integrante de la mesa técnica que colaboró en la previa del acuerdo que inició el proceso constituyente, le alarma más el destino del plebiscito fijado para el 25 de octubre y cree que la discusión urgente es esa y no la otra: “De esto sí debiéramos estar conversando. Es un tema sobre el cual debieran estar dialogando ya el Congreso y el Presidente. La definición de las futuras bases de nuestra convivencia política, social económica es fundamental. Urge que el Congreso, el Presidente, los partidos se sienten a conversar cómo enfrentamos lo que viene. Se nos viene un gran problema”.

-¿Cuánto tiempo más resiste el tabú de no sincerar si se posterga o no de nuevo?

-Antes de eso hay un problema. Para el 25 de octubre está convocado el plebiscito. Pero esto no se trata que el 25 de octubre estén dadas las condiciones para. Conforme a nuestras leyes, 60 días antes que aquello tiene que haber plena libertad política. Plena. Íntegra: derecho a circulación, a reunión, plena libertad de expresión, plena libertad política de todos y cada uno de los ciudadanos. Por consiguiente, no puede estar vigente ningún Estado de Excepción Constitucional que amenace esas libertades políticas. Punto.

-¿Entonces?

-La pregunta es si al 25 de agosto van a estar dadas esas circunstancias, no el 25 de octubre.

-La prórroga del Estado decretado por el Presidente expira a mediados de septiembre. Pero la campaña inicia el 25 de agosto. Se superponen las fechas. La semana antepasada consultamos a abogados: nos decían que es un debate artificial y que esto no impide por sí mismo la campaña del plebiscito. Sí las razones sanitarias.

-No comparto para nada ese punto de vista. La conciencia democrática del país no admite que tengamos Estados de Excepción ante un proceso así, mucho menos las medidas de restricción a las libertades. De ninguna manera. Que esté vigente un Estado de Excepción Constitucional, que haya un estado potencial de amenaza, con un jefe de plaza militar, es inaceptable democráticamente. El Presidente tendrá que tomar una decisión. Es un aspecto que podrían conversar el Congreso y el Presidente.

-¿Por qué legalmente no se puede hacer campaña? ¿Hay un obstáculo jurídico que tiene que despejarse, además de la arista sanitaria?

-Por cierto que tiene que despejarse. Imagínate que los procesos electorales fueran impulsados en medio de estados de excepción constitucional, en que el Ejecutivo puede limitar las libertades ciudadanas. En ninguna parte del mundo, seria, se consideraría eso como una democracia genuina. Si tú prohibes la libertad de reunión, de circulación, en el fondo estás restringiendo otras libertades también. Cuidado.

-Vamos a lo que dice el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, según la Constitución.

-Limita la libertad de movimiento, circulación, reunión. Limita. No prohíbe.

-¿En los hechos acá se está prohibiendo?

-Esa es una dificultad constitucional no menor: qué se puede llamar limitación, y qué prohibición. Esto es parte central del debate constitucional. Hasta ahora hemos considerado que todas estas medidas que se han decretado son limitaciones, pero algunas de ellas revisten características bien especiales, que hacen bien discutible que sean puramente limitación.

-¿Cuáles?

-La idea de que tienes libertad de circulación, pero que tienes que pedir permiso a la autoridad para salir de tu casa, es discutible. A eso me refiero. Son cuestiones discutibles constitucionalmente. En algunas cortes se han presentado estos debates, aunque no se ha profundizado mucho. Y no se ha profundizado mucho por una razón de fondo: la pandemia nos tiene muy asustados a todos.

-Me llama la atención que este asunto no haya despertado un debate que venga desde la oposición.

-Es una de las preguntas que yo me hago. No me imagino seriamente que un plebiscito pueda llevarse a cabo con la gente encerrada en sus casas y solo pidiéndole autorización al Ejecutivo o al Presidente, o a la autoridad militar, o Carabineros, a través de la comisaría virtual, para salir a hacer campaña política. Que ni siquiera está prevista ahí.

-Habría que agregarle un permiso a la comisaría virtual. Si es que ese fuera el punto, que no lo es.

-Pero es que la libertad política no consiste en que la autoridad te autorice a ejercerla. Ese es el punto.

-Entonces, ¿bajo el Estado de Excepción Constitucional no es viable la campaña por el plebiscito?

-A mi juicio, no. Bajo el Estado de Excepción Constitucional no es viable la campaña por el plebiscito.

-¿Cómo se resuelve ese asunto, más allá de la condición sanitaria? ¿Qué hace el Presidente con el decreto? ¿Retirarlo, anularlo, dictar otro, de otro tipo?

-Esa es una cuestión formal. Eso se verá cuando se haya acordado una cuestión de fondo acerca del plebiscito. Resolver el tema del plebiscito es la clave.

-No sabemos cuándo dará tregua el virus y sus consecuencias anticipan una nueva crisis social y política. ¿Aguanta otra postergación más o no? ¿O hay que ponerse creativos para poder hacerlo en octubre?

-El plebiscito definirá un proceso en el que se van a debatir nuestras reglas constitucionales como nunca antes en nuestra historia. Tiene que reunir todas las condiciones de seriedad, que garanticen plena libertad política y pleno debate público de ideas.

-Un proceso intachable.

-Correcto. Y tiene que ser, ojalá, plenamente participativo. Cerca del 40% nunca ha votado o que lo ha hecho una vez, hay un techo de participación. Si a eso agregas el temor de la gente a contagiarse, y sabemos que para octubre el virus no va haber desaparecido, tenemos un problema muy serio. Puede que ese referéndum no exprese con total claridad la voluntad ciudadana y tengamos uno con escasa participación, como en la primera vuelta de las municipales francesas. Eso no nos sirve de nada.

-¿Y posponerlo de nuevo?

-Postergarlo seis meses más tiene complejísimas consecuencias también. Si se deja para abril, el 11 de ese mes son las elecciones municipales. Luego, seis o cinco meses después, tendríamos que hacer la elección de convencionales, en octubre del 2021.

-Y apenas un mes después, el 21 de noviembre, son las presidenciales.

-Exacto. Ahí tendríamos una convención que estaría funcionando en esos días, y al mismo tiempo estaríamos eligiendo un Presidente conforme a un conjunto de reglas que estarían siendo revisadas.

-Pero con las normas de esta misma Constitución aún vigentes. Todavía quedaría el referéndum de salida. ¿Cuál el peligro de esa colisión de fechas?

-Que elijamos Presidente para algunos meses (ríe). Si la convención decide cambiar o modificar la duración del período presidencial, o el régimen político, introducir un régimen semipresidencial, como se ha discutido, o un régimen -más difícil- parlamentario, la convención decidiría la suerte de un Presidente durante su mandato. Si la convención decidiera alterar el régimen político, tendría que decidir cuál es el curso de esas autoridades. ¿Te imaginas?

-El mismo impacto sobre el Parlamento, que se elije en esa misma fecha.

-Por cierto. Por eso te decía que estamos en un verdadero problema. Te puedes imaginar cualquier escenario. ¿Que debería estar haciendo el Presidente? Dialogando sobre cómo enfrentar esto. A lo mejor habría que pensar en el 20 de noviembre, en el 30 de diciembre como nueva fecha. El nuevo Presidente tiene que ser elegido bajo las reglas nuevas.

-Pero eso iba a pasar de todos modos con el calendario actual, ¿no? El plebiscito en octubre, la convencional en abril, luego el debate y al final el referéndum de salida en medio del nuevo período presidencial.

-Está bien. Pero en ese escenario es perfectamente posible pensar que la convención actúe rápido.

-Hay otro riesgo también: que con una nueva postergación que fije el plebiscito para abrir, su resultado condicione el de la presidencial. Por ejemplo: un candidato abanderizado con el “Rechazo” entraría perdiendo si unos pocos meses antes su opción pierde por amplio margen.

-Por eso es que hay que prever el asunto con anticipación. No es nada fácil. Hay varias propuestas sobre la mesa.

-Hasta ahora circulan: hacerlo en dos días, importar el voto anticipado, por correo postal y hasta el electrónico. Esta semana varios abogados, incluyendo tres de la mesa técnica, nos advirtieron que así las cosas no se puede experimentar.

-Van a seguir surgiendo propuestas. Unas suponen modificaciones electorales importantes, como el voto electrónico, y otras buscan darle confianza a la ciudadanía para que vayan a votar con alguna tranquilidad: el distanciamiento, lugares más espaciados y otras que son fáciles de implementar. Las complejas son las primeras y bajo ningún aspecto es recomendable improvisar nuestras reglas. Tenemos un sistema electoral y de calificación extraordinario que nos da garantías, y no podemos desafiarlo sin tener una experiencia profunda y paulatina, y nada de esto ha sido profundamente estudiado por nuestros órganos; el Servicio Electoral sí lo ha hecho.

-¿Qué solución hay entonces? ¿O volver a postergar?

-Eso también es un gran problema. Suspenderlo, hacerlo es un gran problema, y retrasarlo comienza a serlo.