Giovanna Herrera, la fiscal que preparó “a fuego lento” la formalización de Daniel Jadue

“Don Patricio: Falta que nos envié la utilización de la totalidad del los audífonos y glucómetros de compras de 2021 y 2022 a Achifarp. Esa información solo era hasta agosto del 2023. Necesitamos saber qué pasó con la totalidad de los productos adquiridos en las compras investigadas. Le pido pueda revisar e informarnos a la brevedad, en especial los registros de la Bodega Municipal”.

El correo electrónico enviado por la fiscal Giovanna Herrera, el 16 de enero de este año, a Patricio González, director de Control de la Municipalidad de Recoleta, resume de buena manera el perfil de la abogada. El dato objetivo que revela es que la investigación en que pide formalizar por cohecho a Daniel Jadue (PC) se preparó hasta el final, y que no se quiso dejar nada al azar, ni siquiera el registro de la bodega de la municipalidad. Herrera se demoró, pero fue por todo.

Giovanna Elisa Herrera Andreucci (53) nació en Santiago, el 11 de junio de 1970. Hija de Hugo Antonio Herrera y Giovanna Elisa Andreucci, quienes fueron fundamentales en su formación. Su madre, hija de inmigrantes italianos, y su padre, un reconocido delantero de Santiago Wanders en la década de los 70, con pasos por Trasandino y Palestino.

Es hermana del exdirector del Sename Hugo Herrera y de la mítica actriz de la noventera teleserie “Adrenalina” Alejandra Herrera. En su entorno, aseguran, es la de más bajo perfil del clan.

Giovanna Herrera se tituló en 1995 de abogada de la Universidad de Chile para luego iniciar su especialización: un magíster de Gestión Pública en la Universidad Complutense y otro en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid.

En 2004 llegó a la Fiscalía Centro Norte como fiscal adjunto, donde comenzó un camino marcado por la investigación de delitos económicos e informáticos, llevando adelante causas relacionadas a fraudes informáticos de bancos, falsificación de instrumentos públicos, estafas y delitos funcionarios en contexto de apremios ilegítimos.

En 2015, por ejemplo, comenzó la investigación que buscaba dilucidar la manipulación de datos al IPC, tras una denuncia del INE. Ese mismo año, además, logró la condena a tres años y un día de cárcel para Cristián Silva Rojas, acusado por la Fiscalía como autor del delito de uso malicioso de instrumento mercantil, ilícito que cometió al cobrar un cheque robado y falsificado.

En el plano personal, Herrera es la esposa del fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Andrés Montes, hijo del ministro Carlos Montes (PS). La investigadora es catalogada por su pares como reservada, que no da entrevistas, meticulosa y preparada.

Fue en 2021 que la fiscal Herrera abrió una investigación por cohecho, estafa, fraude al Fisco y administración desleal en el marco de una serie de convenios entre la empresa Best Quality SPA -proveedores de insumos médicos- y el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), el alcalde PC Daniel Jadue.

La causa tiene su origen en una serie de querellas entre los proveedores; sin embargo, a mediados de ese año el caso dio un giro. La fiscal Herrera obtuvo una declaración clave que terminaría sellando la suerte del comunista: César Ramírez, uno de los trabajadores de Best Quality SPA, declaró que ellos habían accedido a pagar un soborno a Achifarp, ya que el propio Jadue les habría pedido un “bono” adicional de insumos -que tuvo como destino el comunal Recoleta del Partido Comunista- a cambio de asegurarlos como “proveedores estrella” de Farmacias Populares.

La fiscal Herrera comenzó así un trabajo, primero con la PDI. Solicitó informes y una serie de diligencias para tirar de esta hebra, como también sobre la existencia del delito concursal de administración desleal. Esto último porque Jadue, a juicio de los investigadores, “no gestionó los bienes de manera fidedigna y verídica, a consecuencia de los actos señalados generaron un perjuicio que afectó al patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, impulsando a una liquidación forzosa”.

Sin embargo, en medio de la investigación Herrera cambió de equipo investigativo. El caso se lo llevó el OS-7 de Carabineros, quienes comenzaron a trabajar en las solicitudes de la fiscal, no solo en el análisis de información, sino que también para hacer seguimientos, toma de registro fotográfico y un “trabajo de campo” detallado.

Una muestra de que la fiscal Herrera buscaba todo lo relacionado a Jadue, y los proveedores con los que trabajaba, es que pidió a la policía uniformada elaborar un informe con lo que dijo el alcalde de Recoleta en el debate de primarias del pacto Apruebo Dignidad, en julio del 2021. El edil era el candidato presidencial del PC y su contrincante era el elegido del Frente Amplio, Gabriel Boric.

El OS-7 debió hacer toda la transcripción del debate, marcar las preguntas de los periodistas, e incluso individualizar a cada uno de los entrevistadores que preguntaban sobre el medicamento traído por Jadue a Chile, desde Cuba.

“Se realiza revisión del archivo multimedia que corresponde al debate presidencial de Apruebo Dignidad: Boric y Daniel Jadue, de fecha 12 de julio 2021, el cual web YouTube”, se detalle en el informe. Ese día, Daniel Jadue detalló que “nosotros hemos cumplido con absolutamente todo y te voy a decir algo más, en la asociación médica mundial en su carta de principios y valores dice que cuando una enfermedad es nueva y, por lo tanto, no se conoce medicamento, todos los medicamentos como las vacunas que están poniendo en Chile que te comento todavía no tienen certeza de última fase debido a la ciencia”.

Las pesquisas ya apuntaban -cuentan fuentes del caso- a una inminente formalización del alcalde de Recoleta, la cual se solicitaría en julio del 2023. La decisión estaba tomada entre ella y su equipo investigativo, pero la necesidad de cerrar el círculo en contra de Jadue postergó los planes.

La fiscal pidió más peritajes a Carabineros y también surgió el informe de Contraloría, el cual establecía responsabilidades de Jadue, en términos administrativos. El documento, de todas maneras, era objeto de interés para Herrera.

Además se sumó otro factor: un estrecho colaborador del alcalde no podía ser encontrado aún por el OS-7. Los policías lo buscaron por todos los domicilios que tenía registrado, pero no daban con él. El único camino fue esperarlo en las cercanías de la municipalidad para dar con él. Revisados sus pasos, estos fueron despachados de inmediato a la fiscal para comenzar a trabajar en eso.

Otro dato que marca su perfil investigativo fue un caso de venta informal de ropa en Estación Central.

La fiscal no solo fue por los artículos, ni por quienes ejercían el comercio ilegal, sino que apuntó a un delito de asociación ilícita: se allanaron 34 casas en las comunas de Recoleta, Independencia, Santiago, Estación Central, Cerrillos y San Miguel, desde donde se logró desbaratar 18 talleres clandestinos de elaboración de prendas de vestir. Ahí se logró incautar desde todos los domicilios la cantidad de 204.056 especies, desglosadas en 110.386 prendas de vestir, 92.072 etiquetas, 166 rollos de tela, 353 plantillas alusivas a marcas establecidas, 170 máquinas asociadas a la fabricación de las mismas, entre otras cosas.

El avalúo establecido para el delito investigado asciende a más de $4 mil millones, logrando recuperar -hasta ahora- poco más de mil millones.

Herrera apuntó alto en un caso que, como todos los que involucran a personajes de alto interés público, podría marcar una carrera que forjó desde la obtención del detalle y la prueba.