Gobernadores regionales: el accidentado debut del cargo de elección popular más nuevo

Este fin de semana, la ciudadanía votará por segunda vez por gobernadores regionales. Aunque la primera votación se hizo el 15 y 16 de mayo de 2021, el cargo fue creado en 2017 a través de una reforma constitucional.

Aunque 16 personas llegaron al cargo, la destitución que cursó el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) contra la exjefa regional de Coquimbo, Krist Naranjo (ind.), en su reemplazo asumió Wladimir Pleticosic (DC), quien en julio de 2024 se convirtió en el decimoséptimo ciudadano en ejercer el cargo.

Naranjo debió salir del cargo tras la denuncia de 16 consejeros regionales, quienes la acusaron por notable abandono de deberes y faltas a la probidad.

En la primera camada de gobernadores, la derecha solo consiguió un escaño: Luciano Rivas (ind. Chile Vamos) en La Araucanía.

Del total de los primeros electos, el triunfo en primera vuelta solo lo alcanzaron Rodrigo Mundaca (ind. FA) de Valparaíso, Andrea Macías (PS) de Aysén y Jorge Flies (PR) de Magallanes.

Para estas elecciones, de los que actualmente en su cargo, solo Patricio Vallespín -de la Región de Los Lagos- y Rodrigo Díaz, del Biobío, no se repostularon. Los otros 14 (incluyendo a Pleticosic) intentarán obtener un segundo período como primera autoridad regional electa.

Entre ellos, destaca el gobernador de la RM, Claudio Orrego, quien, según transmiten en el oficialismo, de ganar en primera vuelta, queda aspectado para una precandidatura presidencial del sector.

Para Vallespín (ind.), quien fue el primer presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), se esperaba que el estreno del cargo no sería sencillo: “Un período que no iba a ser fácil, porque había que ir instalando una institucionalidad que si bien está llamada el ejercer un rol muy importante para el desarrollo de los territorios, aún hay trabas administrativas, complicaciones operacionales que deben irse mejorando”.

“Por lo tanto, yo diría, ha sido un proceso de instalación positivo, pero complejo”, reflexionó.

Uno de los compromisos de campaña del entonces candidato presidencial y diputado Gabriel Boric, era eliminar la figura del delegado presidencial, el representante del Ejecutivo a nivel regional y provincial, sin embargo, eso no se ha concretado.

En septiembre de 2021, durante una cumbre de gobernadores regionales en San Pedro de La Paz, el candidato frenteamplista aseguró que “no les quepa duda que en nuestro futuro gobierno se va a terminar la figura del delegado presidencial”.

Ya siendo gobierno, en noviembre de 2022, el compromiso, incluso, fue ratificado por la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD). “Ese compromiso que el Presidente ha tomado está vigente y se va a cumplir (...) No significa simplemente eliminar a los delegados, sino que cambiar la figura, hacer una modificación de cómo la institucionalidad, de presencia de Gobierno central en las regiones, está resuelto en la actualidad que es insatisfactorio”, enfatizó la ministra.

No obstante, según el gobernador de la Región de Los Lagos, hoy ya está claro que el compromiso no se va a cumplir, pero aún confía en que habrá un traspaso de competencias y financiamiento.

Vallespín dijo que “no pasó de ser una buena intención, yo creo que genuina del Presidente, recordemos que esto lo lanzó antes de asumir la Presidencia. Pero, después, ya no fue eliminarlo, sino que fue cambiar su denominación y sus funciones, y finalmente terminamos en nada”.

El caso Convenios, relacionado con el financiamiento irregular de fundaciones, también afectó a algunas gobernaciones regionales. Hubo cuestionamientos al traspaso de fondos a ciertas ONG de personas afines, se abrieron investigaciones penales y hasta se concretaron diligencias de la Policía de Investigaciones en las dependencias de los gobiernos regionales. Pasó, por ejemplo, en Antofagasta, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

Hubo una merma en la imagen de los gobernadores, aunque para Vallespín “esas generalizaciones simplonas no son buenas, que tienen un efecto, sin duda, pero cada caso es cada caso”.

De todas maneras reconoció que “hubo casos que no son la mayoría, para ser súper claros también, sino que se usó mucho en eso, sin duda que eso también puede haber incidido en retardar procesos o facilitó la mirada centralista del Congreso que siempre ha existido”.

En Atacama, por ejemplo, la investigación, que está a cargo de la fiscalía, se da en el marco de una denuncia presentada por la Contraloría de la región, que detectó presuntas irregularidades en convenios suscritos por el gobierno regional con distintas fundaciones de la zona.

Las pesquisas se basan en la falta de justificación en las resoluciones y carencias de fundamentos que respalden la elección de las fundaciones que fueron destinatarias de los fondos, entre las que se encuentran Cuatro Esquinas, Madero, Desierto Creativo, entre otras.

En el caso de la región de Valparaíso, la investigación se basa en la arista del caso ProCultura. Ahí, el gobierno regional suscribió un convenio por un monto de 25 millones para un proyecto de La Calera, lo que fue detectado por la Contraloría, pues las asignaciones directas realizadas por el gobierno regional ascendía a más de $ 15 mil millones.

El Gore de La Araucanía -encabezado por Luciano Rivas (ind. -Chile Vamos) también se vio involucrada. Según los antecedentes revelados por la Fiscalía en la formalización de los dos primeros imputados de la causa, Susana Alarcón -exfuncionaria del GORE- y Manuel Mora -de la fundación-, existe una declaración que sostiene que el actual presidente de la fundación, Héctor Troncoso, tenía un vínculo de amistad con el gobernador y con importante funcionario del GORE. Relación que había sido revelada por un reportaje de Ciper, pero que ahora fue confirmada por la versión del propio investigado.

Pese a que en su declaración Troncoso afirma que no tenía el tiempo para dirigir la ONG que se adjudicaría $9 mil millones -ejecutados $2 mil millones-, el funcionario del GORE le dijo que “estuviera tranquilo, porque ya estaba la gente para ejecutar todos los programas y que mi función iba a ser solo dedicarme a firmar la documentación y hacer los pagos que correspondía a cada programa”.