Historia de una batalla en el SII: El debate sobre querellarse o no contra políticos que reaparece con Longueira

La advertencia la realizaron a fines de 2014 los UDI Ernesto Silva Méndez y Javier Macaya Danús a quien dirigía la cartera de Interior, Rodrigo Peñailillo Briceño, en una reunión reservada: la investigación a las empresas Penta por financiamiento ilegal de la política abriría una indagatoria en Soquimich y eso arrastraría a todos los sectores, no sólo al gremialismo. Era un "Winter is coming" que requería, se transmitió, una estrategia oportuna y efectiva.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) en ese momento ya estaba citando a boleteros para dar explicaciones y, en rigor, no había mucho que explicar: los políticos habrían pedido a gente de su círculo entregar boletas por servicios no prestados a empresas, con el objetivo de obtener recursos para financiar campañas. Ese era un ilícito o anomalía -dependiendo del abogado que fuera consultado-, generalizado que hasta ese minuto no tenía consecuencias. De hecho, los fiscales de la época, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, habían llegado a esta hebra persiguiendo otro delito, el fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) encabezado por un funcionario del SII, Iván Álvarez, que había descubierto una triquiñuela para engañar el sistema operativo y sacar recursos para su bolsillo. Dentro de sus múltiples aliados en este delito estaba el fallecido gerente de Penta, Hugo Bravo, quien contó todo lo que sabía de eso y de otras irregularidades más sabrosas: quiénes pasaban el sombrero en Penta y cómo se burlaba la ley de aportes electorales.

Lo que significó aquel hallazgo está relatado en múltiples reportajes: un escándalo que le costó el puesto a quien debía manejar la crisis, Peñailillo Briceño; la prisión preventiva Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por múltiples delitos que ahora los tienen en clases de ética; la apertura de una investigación a SQM, que mantuvo tiritones a los parlamentarios y que alcanzó a La Moneda; y hasta la ampliación del lenguaje popular, con la incorporación de dichos como "tontos hasta las 12" de Gajardo, y el célebre "raspado de la olla" del senador Iván Moreira.

En esta historia sobran los rostros y el proceder de un organismo clave, el SII, que tiene la exclusividad de iniciar una acción penal, no siempre ha sido el mismo. Por el senador DC Jorge Pizarro y el exparlamentario PS, Fulvio Rossi, la entidad presentó en 2017 querella por el caso SQM. El exministro Pablo Longueira, en cambio, ayer fue sobreseído por delitos tributarios en la misma causa, porque el organismo no se querelló en su contra.

Para entender qué ocurrió con el Servicio y cómo opera hoy, hay que remitirse a dos corrientes que se enfrentaron en 2015. La del exsubdirector jurídico Cristián Vargas Méndez (es ex porque no resultó ganador en esta batalla), que apostaba por la vía de las querellas; y la del otrora director de la entidad en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Ricardo Escobar Calderón, quien consideraba, según el mismo explicó en una entrevista en 2015 en La Tercera, que no había delitos ni electorales ni tributarios en el financiamiento de la actividad política. Este planteamiento quedó plasmado en una minuta que circuló en el Parlamento y que se transformó en doctrina: el SII optó, en la mayoría de los casos, porque las empresas involucradas realizaran una rectificación de sus declaraciones y pagaran una multa sin escalar el asunto al Ministerio Público.

Si el triunfo de esta última mirada se debió sólo a su solidez jurídica, es algo complejo de asegurar. En aquella época hubo presiones conocidas. El otrora director, Michel Jorrat, ha relatado una reunión con el senador Juan Antonio Coloma en que éste le aseguró que era una mala estrategia querellarse contra el senador Jovino Novoa; y hay una cita el 9 de enero de 2015 en el ministerio de Hacienda entre Jorrat, Vargas Méndez, Peñailillo Briceño y el abogado Samuel Donoso -abogado del exgerente de SQM, Patricio Contesse González- en que se instó al SII a no perseguir penalmente a esta compañía. Luego vendría la orden del exministro de Interior de incautar aunque fuera "con camiones" la contabilidad de Soquimich para que no llegara a Fiscalía.

"En mi rol de subdirector jurídico, fui partidario de un actuar coherente con la doctrina histórica del Servicio respecto del ejercicio de las facultades legales, en relación a la forma en que se había actuado en distintos casos en delitos tributarios en que había facilitación de boletas y facturas falsas. Un actuar diferente en el financiamiento irregular de la política vulneraba el principio de igualdad ante la ley de que en Chile no hay personas y grupos privilegiados y vulneraba la norma que impide actuaciones arbitrarias del Estado", explica Vargas Méndez sobre los días más complejos de su carrera en el fisco.

"El problema con que chocó la entidad en esos casos fue la posición de importantes sectores de la clase política y del gobierno para que el Servicio no ejerciera acción penal en esos casos que involucraban a personas, grupos o autoridades del mundo de la política, probablemente porque una investigación amplia de esas situaciones evidenciaría que esas prácticas eran generalizadas, entonces en vez de enfrentar la responsabilidad frente al país  y asumir las consecuencias jurídicas, optaron por 'sacar las castañas con la mano del gato', es decir, limitar las investigaciones interfiriendo con las acciones del SII, que se supone que es un organismo fiscalizador autónomo", sostiene hoy.

"Mi salida del Servicio se explica por mi oposición a que el SII fuera instrumentalizado políticamente para fines distintos a su misión institucional. Si las investigaciones por delitos tributarios generarían o no una crisis política es un ámbito que no le compete al Servicio como institución, podrían haber presentado una ley de amnistía y hacerlo frente a la ciudadanía. Pero se impuso una doctrina de intervenir en el SII y en la Fiscalía", detalla el abogado acerca de cómo se manejó en la organización la decisión de querellarse o no contra distintos actores involucrados.

Lo que se impuso finalmente, cuenta Vargas, "fue una estrategia de limitar las investigaciones, interviniendo en el SII y en la propia fiscalía, con esos fines. En el SII esa estrategia se concretó con mi salida, básicamente por oponerme a que hubiera cualquier discriminación por razones políticas, o de cualquier otra índole, para el ejercicio de la acción penal, y en la Fiscalía con el apartamiento de los casos de los fiscales que tenían la voluntad de investigar".

Según Vargas, no es claro qué tanto influyó la minuta de Escobar Calderón en el proceder del Servicio, que tras la designación de Fernando Barraza como director -nombrado por Michelle Bachelet y ratificado por Sebastián Piñera- ha limitado la acción penal. "Lo que puedo decir es que desde la política hubo un 'diseño' con el objetivo de limitar las investigaciones por delitos tributarios, de 'administrar' los casos que ya estaban iniciados , pero detener cualquier otro. Una mala señal a la sociedad y los ciudadanos de cómo opera el Estado de Derecho en el país. Por una parte, decir que las instituciones funcionan, pero interviniendo detrás de escena para que en realidad no funcionen".

Para Escobar Calderón, en tanto, lo que prima hoy es la prudencia. En 2015, asegura, "sólo di mi opinión, hubo gente a la que le gustó y otra que no".

"Para ser preciso, yo creía, y creo aún, que era difícil probar que había un delito tributario a propósito de las personas que habían facilitado boletas y facturas para el financiamiento de la política y yo lo sigo sosteniendo porque los tipos penales que tienen que ver con la imputación de facturas falsas suponen que el que las entrega lo hace para producir un delito tributario y ese no era el objetivo de esa gente, si es que era cierto, porque nadie les pidió una boleta para reducir artificialmente una declaración de impuestos. Y eso es por lo que pide el instrumento penal, si eso no es un invento mío, lo dice el Código tributario", consigna el socio del estudio Bofill, Escobar y Silva.

Escobar Calderón relata que en un inicio, cuando se hizo público el Caso Penta, "hubo querellas muy precipitadamente sin necesariamente haber sido coherentes con la prueba disponible y posteriormente creo que el SII ha sido más cauto para presentar las querellas, se ha tomado más tiempo al menos para no ceder a la presión mediática que había al inicio".

Desde su intervención en el debate manifiesta "han ocurrido dos cosas importantes".

"Se ha afirmado, para mi gusto correctamente, que es el SII el que debe decidir cuándo se inicia una acción penal contra una persona por un delito tributario. Eso es algo sano que ha ocurrido, tiene todo el sentido de gestión pública y recientemente eso se ha confirmado. Eso es un buen avance, a pesar de las dudas que se generaron. Me parece sano también que haya habido una revisión del financiamiento de la política, no comparto necesariamente la solución a la que se llegó con la comisión Engel, pero al menos se transparentó algo que era un secreto a voces respecto a cómo se financiaban las campañas", sostiene.

Para el profesional también es positivo que las empresas hayan rectificado y no hayan sido denunciadas por acción penal por financiar campañas: "La acción penal debería estar reservada para los casos donde se quiere lograr un efecto ejemplificador y donde además existan evidencias muy claras de delitos tributarios. En estos casos no existía la evidencia y el efecto ejemplificador ya se había producido a partir del caso Penta, entonces no tenía mucho sentido en la gestión del SII perseverar por la vía penal con dudoso éxito, era mucho más efectivo cobrar los impuestos, multas e intereses".

-¿Cree que a partir de su minuta se generó una doctrina en el SII?

-Cuando distintas personas me pidieron asesoría, más bien opinión, yo les di mi opinión a distintas personas de izquierda de derecha, de forma escrita. Simplemente di mi opinión públicamente sobre cómo debía analizarse jurídicamente la situación, que yo entendía la alarma pública que esto había generado, pero que de ahí que esto fuera un delito tributario, era muy difícil.