INDH pide a Carabineros que informe “la concentración de sustancias lacrimógenas en vehículos lanza aguas”

Hace algunos días se conoció la denuncia del fotógrafo José Tomás Donoso quien resultó con quemaduras en su cuello luego de recibir el chorro de un carro lanza aguas de Carabineros en medio de la cobertura que el profesional hacía a las manifestaciones en el eje Alameda. La situación sobre el uso de químicos en el denominado “guanaco” es parte de las preocupaciones que expresa el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el Informe de Función Policial y de Orden que el director Sergio Micco entregó este jueves al general director Ricardo Yáñez quien visitó la sede ubicada en Providencia.

En el informe se entregan una serie de recomendaciones en base a las exigencia que ha realizado el organismo a diversas autoridades y las respuestas que dichas reparticiones han dado tras los informes anuales de la institución.

En uno de los acápites, el INDH advierte que no han recibido respuestas o ha sido insatisfactoria respecto a la composición de las lacrimógenas y qué es lo que está lanzando el agua de los carros que participan en la contención del orden público en medio de las protestas que surgieron tras el estallido social. “Las respuestas institucionales fueron insuficientes al no considerar la naturaleza indiscriminada en el uso de estas sustancias y el riesgo de afectar al resto de participantes de la manifestación o avance en la necesidad de informar los detalles de la concentración de las sustancias lacrimógenas en el agua empleada en los vehículos lanza aguas”, se lee en el documento.

El organismo le recuerda a Carabineros que tiene el deber de revisar los procedimientos sobre el uso de gases lacrimógenos, ajustándolos los estándares internacionales, aplicándolos en situaciones excepcionales y “dando avisos formales antes de su utilización, dejando vías de escape, prohibiendo de forma explícita su uso en lugares cerrados y teniendo especial precaución con las personas vulnerables como niños, niñas, adultos/as mayores y personas con algún tipo de discapacidad”.

Junto con esto, el INDH le recordó a la institución policial que debe permitir el acceso a la información y que existe una “necesidad de informar los detalles sobre la concentración de las sustancias lacrimógenas en el agua empleada en los vehículos lanza aguas, para así evitar afectaciones a la salud de manifestantes, civiles y del propio personal de Carabineros, además de insistir en la aplicación de protocolos”, ya que enfatizó que el uso incorrecto de este material disuasivo “pudieran tener, incluso, consecuencias penales”.

Como una buena señal fue leída ayer la visita del general Yáñez al INDH. Con Micco tuvieron una breve reunión que duró poco más de 20 minutos en la que habrían acordado colaboración mutua, sobre todo cuando el organismo debe salir a las calles con sus observadores de Derechos Humanos. El general director, quien asumió hace un par de semanas tras la salida del general Mario Rozas, se llevó el documento con la promesa de estudiarlo y poder acoger las recomendaciones del organismo.

En otros aspectos, el informe aborda recomendaciones para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En ese sentido, el INDH cuestiona que no han existido respuestas satisfactorias por parte de esa repartición respecto a cómo está garantizando el derecho a reunión y libertad de reunión.

“El INDH insiste en el deber de incorporar dentro del informe semestral establecido en el artículo 5 de la Ley 20.502, información sobre las medidas que ha adoptado para ejercer el control sobre las policías cuando le son comunicados hechos imputables a estas y constitutivos de abusos a derechos humanos”, se lee en el texto. Además, se le insta a la autoridad política “que asuma enérgicamente su rol de superior jerárquico y de control, sobre esta fuerza de orden y seguridad a fin de garantizar el encargo constitucional de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”.

El INDH insistió que se instruya a Carabineros el respeto por la manifestación pacífica y que enfoque sus estrategias de control del orden público no contra quienes protestan, si no contra quienes cometen delitos. Para garantizar todo esto, analiza el organismo, Carabineros debe “aplicar las sanciones correspondientes a los abusos y la vulneración de derechos en los que pueden incurrir los efectivos policiales en el marco de su labor en el contexto de manifestaciones públicas. Cuando se trate de hechos constitutivos de delitos, se reitera la solicitud para que las instituciones correspondientes, tanto civiles como policiales, dispongan de los antecedentes necesarios para llevar los casos ante la justicia penal”.

En cuanto a lo que atañe al Ministerio Público, el informe apunta a agilizar las investigaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con torturas. “Se insta a velar por que se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas a delitos de tortura o al uso excesivo de la fuerza por agentes estatales, asegurarse de que se enjuicie a los/as presuntos/as autores/as, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y se indemnice adecuadamente a las víctimas, evitando el archivo de causas y las salidas alternativas del proceso penal.

Finalmente el INDH reiteró a la policía uniformada la necesidad de que garantice el trabajo de defensores de Derechos Humanos y la prensa durante las protestas. “Sobre la colaboración de Carabineros de Chile con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y reporteros/as gráficos/as, el INDH refuerza la necesidad de conceder mayor importancia en sus protocolos a la labor esencial de las organizaciones independientes de la sociedad civil que participan en actividades de observación, abstenerse de dificultar el trabajo a los/as periodistas, reporteros/as gráficos/as o participantes de la sociedad civil que registren el actuar policial durante las manifestaciones sociales”.