“Dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de esta ley, las personas naturales extranjeras empadronadas biométricamente (...) podrán acreditar su identidad para solicitar la apertura y contratación de productos y servicios financieros, así como para el uso de los mismos, ante las entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero”.

Esa es una indicación que ingresó el gobierno al proyecto de Inteligencia Económica que, desde el 31 de mayo de 2023, se encuentra alojado en la comisión de Hacienda del Senado.

Aunque los integrantes aseguran que por el momento uno de los nudos más complicados que están destrabando es el levantamiento del secreto bancario, las posturas que han marcado los integrantes respecto de la indicación del Ejecutivo también avizora tensiones entre los senadores, incluso de su mismo sector.

El presidente de la comisión, Felipe Kast (Evópoli), es partidario de la norma, ya que argumentó que “tenemos miles de inmigrantes ilegales en nuestro país, y si queremos seguir la ruta del dinero para combatir el crimen organizado, necesitamos tener visibilidad de los flujos de esos dineros, que paguen sus impuestos”.

La indicación, agregó Kast, “que permite a inmigrantes ilegales acceder a cuentas bancarias, nos va a permitir identificar operaciones sospechosas y reducir el tamaño del mercado negro en el cual funcionan hoy en día”.

Sin embargo, en la derecha no hay consenso respecto del artículo introducido por el Ejecutivo. El senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien también es integrante de Hacienda, cuestionó que es una indicación “equivocada”, pues busca “naturalizar a quienes han tenido un ingreso irregular a Chile a través del acceso al sistema financiero”.

Y añadió: “La política debe ser distinta, debemos dar señales claras de que la inmigración a nuestro país debe ser regular, con visa, y cualquier forma de dar por bueno a que lo haga de una manera distinta genera un incentivo contrario. Como está la indicación, no me parece”.

Desde el oficialismo también existen divisiones respecto de la norma. El integrante de la comisión de Hacienda José Miguel Insulza (PS) aseguró que “hay que tener mucho cuidado en los servicios que se le dan, hay que estudiarla, hay que mirarla en detalle, pero en principio la regularización paso a paso no me gusta”.

El jefe de bancada de los socialistas, Gastón Saavedra, en tanto, manifestó otra mirada. “Todo lo que sea seguir la trazabilidad del dinero, saber de dónde proviene, hacia dónde va, le hace bien a la inteligencia económica, porque tenemos que detectar y sancionar todas los caminos que provengan de operaciones que son sospechosas”, aseguró.

La senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), por su parte, ve la norma como “una alternativa para registrar y tener antecedentes de esa persona que todavía no tiene la regularización como corresponde”. Junto con ello, la parlamentaria es de la postura de tener a esos inmigrantes “adentro del sistema, saber cuánto invierten, cuánto gastan y poder registrar y monitorear a esas personas”.

Una de las bancadas que se ha vuelto bisagra en la Cámara Alta es la de Demócratas (cuyo jefe es el vicepresidente del Senado, Matías Walker), por lo que la determinación que tome (junto a la presidenta del partido, Ximena Rincón) puede ser clave a la hora de aprobar o rechazar la indicación.

Aun cuando la norma se caiga en la instancia de Hacienda, el gobierno -que, según señalan en privado, defiende el artículo con el argumento de tener registro de posibles movimientos financieros ilícitos- puede reponerlo en el hemiciclo cuando la comisión lo despache a sala.

En ese contexto, Walker indicó que “todo lo que contribuya a la identificación, al enrolamiento de los extranjeros que se encuentran en Chile, es importante para los efectos de la seguridad, de la persecución penal en el caso de comisión de delitos, y para la formalización de la economía”.

En forma paralela a la discusión que tendrán los senadores -y que ya ha causado divisiones al interior de los bloques-, el anuncio del gobierno de efectuar una regularización acotada de migrantes enardeció los ánimos en el Congreso Nacional.

Las reacciones provinieron en mayor medida desde los diputados. Por un lado, el presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara, Rubén Oyarzo (ind.), resolvió citar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al subsecretario de la cartera, Luis Cordero, para que informen en dicha instancia. “Dar señales equivocadas respecto de esta materia podría incentivar que nuevamente tengamos una ola de migrantes a partir de enero del próximo año, y por la situación política de Venezuela, que puede ser incontrolable para nuestro país”, aseguró el diputado.

Por otro lado, la bancada de la UDI llegó este viernes en la mañana al Tribunal Constitucional para impugnar la medida del Ejecutivo mediante un “téngase presente”. “Tal como lo advertimos hace más de un año, el famoso empadronamiento que impulsaron las actuales autoridades no era más que el inicio de un perdonazo masivo de extranjeros que ingresaron de manera irregular a nuestro país”, sostuvo el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma.

En RN, si bien los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro se mostraron en contra de la medida, el jefe de la bancada de senadores del partido, Manuel José Ossandón, se distanció de esa mirada crítica.

“Yo, al contrario de lo que cree mi sector, no pienso que debamos expulsar a todos los migrantes”, indicó el senador, agregando que “lo que está haciendo el gobierno es correcto, pero debe complementarse con medidas para fortalecer el control de nuestras fronteras”.

En medio del debate del proyecto que modifica la ley de migración y extranjería, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que está “muy de acuerdo” en expulsar “a la mayor cantidad de personas”. En esa línea, además, pidió que el subsecretario Cordero concurra a la comisión de Gobierno del Senado para que dé cuenta de las expulsiones. “Es importante que tengamos claridad de cuál es el plan con que se está abordando el tema de las expulsiones”, añadió.

En medio de los reclamos de los parlamentarios, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, intentó poner paños fríos a la polémica.

En diálogo con radio Sonar, la portavoz de La Moneda señaló que “el empadronamiento no es un proceso de regularización, y el proceso de empadronamiento, que es este control biométrico, es básicamente para identificar a los migrantes, porque el gran problema que teníamos era que no sabíamos dónde estaban, quiénes eran, no teníamos identidad de nada”.

Y añadió: “No está sobre la mesa el regularizar esas ciento ochenta y tantas mil personas”.