Inteligencia y pinchazos telefónicos: Cómo funciona la comisión más secreta de la Cámara de Diputados

Son un grupo aparte de sus pares. Son los únicos que prestan juramento dos veces. Una, como parlamentarios, y otra, como integrantes de la Comisión del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados, uno de los tres organismos que pueden fiscalizar lo que parece imposible o poco probable de fiscalizar: que las labores de espionaje militar, sobre todo las intercepciones telefónicas, se ajusten a las labores de inteligencia y contrainteligencia que establece la ley, y que no sean meros abusos arbitrarios. Las otras dos entidades que vigilan esto son la Contraloría General de la República y los tribunales (solo jueces de Corte de Apelaciones pueden autorizar "pimchazos").

Esta semana, la polémica derivada de los "pinchazos" y grabaciones hechas por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) -las operaciones "Topógrafo", contra cuatro uniformados, y "W" contra el periodista Mauricio Weibel- le agitó la agenda a los siete diputados que la integran: Osvaldo Urrutia (UDI), presidente; Gabriel Silber (DC), José Pérez (PR), Diego Paulsen (RN), Hugo Gutiérrez (PC, le toca presidir en marzo del 2020), Mario Desbordes (RN) y Raúl Leiva (PS). Lo de "la agenda" es un decir: por norma, no dejan registro prácticamente de nada. Casi todo es secreto, porque su razón de ser es recibir a directores de servicios de espionaje militar y también al mando de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Si entre éstos con suerte se comparten información con algún grado de generosidad, más improbable es que lo hagan con espontaneidad ante civiles. Por lo mismo, las leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de esta comisión imponen una estrictísima reserva. Es casi como Fight Club, literalmente: la primera regla es que no pueden hablar de lo que hablan ahí dentro. Al menos delante de una cámara o micrófono.

Duran cuatro años; en todas las otras comisiones sus miembros duran uno, o dos. "Y no podrán ser sustituidos, a menos que renuncien a su calidad de integrantes o que incurran en inhabilidades, incompatibilidades o causales de cesación en sus cargos, o por acuerdo unánime de los Comités Parlamentarios del que se dará cuenta a la Sala", reza el artículo 321 del Reglamento de la Cámara, que junto con la Ley de Inteligencia norma sus funciones. Ahí mismo "antes de incorporarse como titulares, prestarán un juramento o promesa especial de guardar secreto respecto de todas las informaciones y documentos de que tomen conocimiento o que reciban en su calidad de tales".

El cerco es tan draconiano, que ni siquiera se toma acta ni se anota nada de lo que ahí se trata. Con suerte se registra a los asistentes: el director de la ANI debe ir por ley ir a presentar "un informe secreto sobre la labor realizada por la Agencia y respecto del funcionamiento del Sistema".

Por muy diputados que sean, tampoco pueden entrar con sus celulares a cada sesión. Tienen que apagarlos y entregárselos a una secretaria, quien los deja bajo custodia en una caja sellada, fuera de la sala. ¿Cuál sala? Prefieren usar una ubicada en las inmediaciones del hemiciclo, que tampoco es cualquiera. No tiene ventanas, y antes de que los parlamentarios ingresen, efectivos uniformados practican un barrido electrónico para prevenir la presencia de micrófonos u otros dispositivos de espionaje (también se han usado tecnologías similares en algunas oficinas de La Moneda).

Tampoco puede entrar cualquier diputado, como ocurre en otras comisiones a las que algunos asisten "de oyentes", con pleno derecho. Acá, no. Solo pueden entrar funcionarios del Congreso previamente juramentados, y hasta el mozo que los atiende debe jurar. También deben hacerlo el secretario de la comisión y sus funcionarios, pero no puede ingresar un asesor de uno los parlamentarios integrantes. Se reúnen regularmente; en agosto lo han hecho ya tres veces.

En ese grupo comentan que, con todas esas mordazas, si uno de ellos viola el secreto, divulga información, documentos o llega al punto de grabar y compartir el contenido, "podría llegar a perder el cargo de parlamentario". Sus dos horas de sesión de ayer, en la que recibieron al ministro de Defensa, Alberto Espina, y del general de Brigada Guillermo Paiva Hernández, jefe del DINE desde diciembre del 2017 y antes agregado militar nada menos que en la embajada de Chile en Perú (y previo a eso, jefe del Departamento III de Contrainteligencia del DINE).

"Solicitar a los directores o jefes de los servicios u organismos de inteligencia del Sistema, informes o antecedentes concernientes a las actividades de inteligencia y contrainteligencia" es una de las funciones que le asigna el reglamento a esta comisión.

Otras veces les han tocado casos de colección, como cuando el 2004 las autoridades de Río Gallegos, Argentina, detuvieron a dos uniformados chilenos por fotografiar instalaciones militares trasandinas: la pista fue el carné de identidad que inexplicablemente portaba uno de ellos, y que olvidó en el lugar, recuerdan expertos.

Pero aunque no sea excepcional reunirse con uniformados de este calibre, en la Cámara confiesan que este caso es algo especial: de partida, no todos los días se filtra un documento de inteligencia del DINE que trate sobre intercepciones telefónicas.

Paiva dijo ayer en los pasillos del Congreso que "los antecedentes fueron  entregados en su totalidad y en detalle a los honorables diputados presentes en la sala". Suena como una frase solo para las cámaras, pero en el Congreso dicen que la sesión no fue precisamente muda y que se abordaron las operaciones practicadas desde enero de 2018 en adelante. Ante la prensa, el  general reconoció los "pinchazos" a los cuatro militares, pero negó que se hubiese intervenido el teléfono de Weibel.

Eso último es lo que esperan aclarar algunos de los siete ultrasecretos diputados el lunes, cuando sesionen -por primera vez, al menos con esta formación- en las mismas dependencias del DINE, en el Paseo Bulnes. Así lo pidieron porque, dicen, quieren ejercer realmente las atribuciones fiscalizadoras que les da la Ley de 19.974, sobre el sistema de inteligencia del Estado, y pedirán los antecedentes sobre las escuchas practicadas antes de 2018, que es cuando "pincharon" al  periodista.

Los siete diputados podrían pedir a la Corte Suprema que investigue si el espionaje telefónico fue legal o no, es decir, si fue por actividades destinadas a "resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y a su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico", como dice el artículo 23 de esa norma.

Uno de los aspectos que esperan aclarar es la trazabilidad de los "pinchazos", si acaso se pueden rastrear. Pero también saben que ir a los cuarteles del DINE -brazo militar que cuenta en su historial casos como el "Piñeragate"- para eso es en sí mismo una ironía: probablemente les muestren solo lo que los uniformados quieran.