La trama del salvataje de Itelecom no para. El pasado miércoles, Trilinc Global Impact Fund Cayman Ltda. solicitó declarar la quiebra de la sociedad investigada por el Ministerio Público en un presunto caso de fraude al Fisco, soborno y lavado de activos en el marco del proceso de millonarias licitaciones de luminarias led en, al menos, once municipios del país.

El fondo de Islas Caimán solicitó al 26º Juzgado Civil de Santiago declarar la liquidación de la firma que fundó Marcelo Lefort, imputado por una serie de delitos de corrupción, por el incumplimiento a una de las cláusulas que estableció el Acuerdo de Reorganización aprobado el 4 de mayo de 2021. El empresario se encuentra hoy en arresto domiciliario total, luego de pasar más de un año en prisión preventiva.

Según la compañía del protectorado británico, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desestimó liberar fondos a una de las sociedades filiales de Itelecom: Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática SpA. Por lo tanto, se incumple una de las condiciones que permitía dar viabilidad a la firma que mantiene contratos de iluminación pública con diversos municipios.

El pasado 20 de septiembre por medio de un correo electrónico, el jefe de la División de Activos Especiales del BID, Jorge Pacheco, notificó al asesor de Trilinc, Xavier Gonzalez-Sanfeliu, la negativa del banco a liberar dichos fondos que vienen a ser clave para el plan de salvataje de Itelecom. La comunicación iba con copia al al gerente general de BID Invest, James P. Scriven.

“Te confirmo que, oportunamente, comunicamos nuestra negativa a lo propuesto tanto a CIFI (en la persona de su CEO, César Cañedo) en calidad de Presidente de la Junta de Acreedores de la Reorganización Judicial de Itelecom Holding Chile SpA., como a Nicolás Mena, Veedor Judicial e Interventor de Itelecom Holding Chile SpA.”, sostuvo el ejecutivo bancario.

Al día siguiente, el asesor de Trilinc envió otro correo a los abogados del fondo de Islas Caimán en Chile: Alfredo Waugh, José Tomás Barros y María Jesús Poblete a quienes comunica la negativa del BID.

“Hablé con Jorge Pacheco en el BID. El BID le mandó carta el 23 de septiembre al veedor de que no iban a desembolsar fondos. El veedor trató de convencer de que soltasen el dinero y que iban a ser responsables por la quiebra de Itelecom. No nos pueden compartir la carta. A Cifi le avisaron antes de la carta al veedor de que no iban a desembolsar fondos. le avisaron al CEO y CFO por teléfono y cree que mandaron notificación informal por e-mail También tiene mala impresión del veedor. Tienen una oficina dentro del BID que reporta al directorio que está trabajando con la fiscalía de Chile en la investigación de Itelecom. Itelecom está en la lista de entidades sancionadas por organismos multilaterales para no recibir préstamos”, explicó Xavier Gonzalez-Sanfeliu.

Por un error, este último documento fue subido a la plataforma del Poder Judicial y posteriormente los abogados de Trilinc solicitaron que sea retirado y se considerara el primer correo.

“A mayor abundamiento, a esta fecha se encuentra cumplido el plazo de 90 días pactado en el acuerdo para el cumplimiento de las condiciones, sin que se haya instruido por el BID la liberación de las sumas retenidas a las que se refiere la cláusula”, añadió el fondo de Islas Caimán en su presentación.

“En razón de lo anterior, habiéndose cumplido al menos una de las condiciones resolutorias bajo las cuales se aprobó el Acuerdo, conforme a lo dispuesto en el numeral (ii) de la cláusula 3.9.2, el Acuerdo ha perdido su vigencia debiendo entenderse que no se ha alcanzado un acuerdo, correspondiendo en consecuencia que su señoría dicte la resolución de Liquidación a que se refiere el artículo 96 de la Ley, de oficio y sin más trámite”, remató.

En paralelo, el veedor del proceso de reorganización de Itelecom, Nicolás Mena, presentó un escrito al tribunal para solicitar una prórroga en el periodo de protección concursal. El plazo de 90 días corridos para el cumplimiento de las condiciones se cumplió el 22 de septiembre de 2021.

El día 9 de septiembre, los acreedores Banco Itaú Corpbanca y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (CIFI) decidieron prorrogar el periodo para el día 31 de enero de 2022.

En dicha reunión el interventor también detalló que el pasado 6 de septiembre se reunió con Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, y con Mauricio Fernández, director de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado (ULDDECO) a fin de informar sobre la situación de Itelecom y explicarles en qué consiste su procedimiento de reorganización concursal.

“El interventor comentó que se está comunicando con la Municipalidad de Las Condes para lograr el pago de las prestaciones adeudadas y declaradas como bien esencial para el giro de la compañía”, consignó el acta del encuentro.

La Municipalidad de Las Condes en los próximos días pagaría $1.900 millones a Itelecom. Se trata de un monto que se acordó en el contrato por la prestación de servicios. Según el acta, el veedor destacó que, gracias a gestiones realizadas por la empresa, se estaría muy próximo a materializar la apertura de la cuenta corriente con BancoEstado.

Consultado sobre la solicitud de quiebra planteada por Trilinc, declinó hacer comentarios, aunque destacó que “la Comisión de Acreedores por unanimidad de sus miembros decidió con fecha 9 de septiembre de este año, prorrogar el plazo de 90 días para el cumplimiento de las condiciones resolutorias contemplados en el Acuerdo, de modo tal que dicho plazo se vence el 31 de enero de 2022″.

Por su parte, Jorge Lembeye, de Lembeye Abogados, abogado de la reorganización de Itelecom, sostuvo que “la solicitud de Trilinc debe ser rechazada por el tribunal”.

“Las condiciones que contempla el acuerdo de reorganización de Itelecom fueron establecidas en beneficio de todos los acreedores de Itelecom comprendidos en él. En este sentido es que se estableció la facultad de la Comisión de Acreedores, en representación de dichos acreedores, de disponer de estas condiciones, ya fuese, por ejemplo, renunciándolas, acordando su cumplimiento en una forma distinta a la originalmente contemplada, suspendiendo su aplicación en forma temporal, y/o prorrogando su plazo”, recalcó.

“En el marco de lo anterior es que la Comisión de Acreedores, en tanto órgano representativo de todos los acreedores, oportunamente y en estricta sujeción a los términos establecidos en el Acuerdo de Reorganización, prorrogó el plazo establecido en éste en relación con sus condiciones hasta el 31 de enero de 2022. De esta forma, el Acuerdo de Reorganización sigue plenamente vigente y es improcedente solicitar la liquidación de Itelecom”, sostuvo.