En una fase clave entró el proceso de reorganización judicial de Itelecom Holding SpA. La sociedad investigada por el Ministerio Público -en un caso de presunto fraude al fisco, soborno y lavado de activos en la licitación de luminarias LED en diversos municipios del país- busca evitar su quiebra y puso en marcha un plan que permitiría pagar cuantiosas deudas.

El pasado jueves 11 de febrero, Jorge Lembeye -representante de Itelecom- solicitó al 26° Juzgado Civil de Santiago una prórroga en el plazo de protección financiera concursal y la fijación de un nuevo día y hora para la junta de acreedores que deben aprobar o rechazar el plan de reorganización. La compañía mantiene deudas por $18.072 millones y sus principales acreedores son la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A (CIFI) (50,9%); Banco ITAU Corpbanca (12,9%) y Trilinc Global Impact Fund Cayman, LTD. (6,92%).

Si bien la junta de acreedores estaba fijada para hoy, a las 10:00, en la petición el abogado explicó que el aplazamiento cuenta con el respaldo de dos acreedores que representan más del 30% del pasivo (Itaú y CIFI).

Ante la gestión de la empresa, la magistrada Carolina Canales accedió y ordenó reprogramar la Junta de Acreedores para el 22 de marzo de 2021, a las 10:00, fecha en la que terminará la Protección Financiera Concursal, que podría continuar en caso de aprobarse el plan de reorganización. Según la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley Nº 20.720) en caso de dar el visto bueno los acreedores, a Itelecom no podrá solicitársele la quiebra ni tampoco procederán juicios ejecutivos ni de arrendamientos. A ello se suma que: “Todos los contratos suscritos por el Deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago”, según consigna la letra C del artículo 57 del citado cuerpo legal.

Por su parte, el veedor de la reorganización Nicolás Mena, un día antes presentó un informe en el que entrega su visión sobre la propuesta de reorganización que efectuó el conglomerado controlado por el empresario León Marcelo Lefort Hernández (54), quien permanece detenido hace nueve meses en el penal Capitán Yáber, luego de ser filmado por la policía entregando un sobre con una coima de $ 37 millones en efectivo a un asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán.

En su escrito, el veedor explicó que “la propuesta tiene por objeto permitir la operación de la Empresa y sus filiales con el propósito que ésta pueda cumplir con sus obligaciones para con sus trabajadores clientes y Acreedores, pero ningún caso limita la responsabilidad penal o civil tanto de la Empresa o sus filiales, así como de cualquier persona ligada a la Empresa en relación con las Investigaciones Penales y/o cualquier otra investigación relacionada y posterior sanción”.

En la presentación que cuenta con 75 páginas, Mena detalló un millonario préstamo que efectuó la Corporación Interamericana de Inversiones en representación del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), que administra el Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas y el Fondo de Tecnología Limpia.

El acuerdo que se protocolizó el 4 de mayo de 2017, ante la Notaría de Santiago de Roberto Cifuentes Allel, consistía en la entrega de financiamiento a una de las filiales de Itelecom, denominada: Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática SpA (TEI). La transacción supone el apoyo en fondos a Itelecom por hasta US$18.500.000.

La operación cobra especial relevancia, puesto que el plan de reorganización establece una serie de condiciones para su viabilidad. Entre ellas está -según la presentación del veedor- que el BID no haya dado instrucciones al banco agente del crédito de liberar a la empresa la totalidad de las sumas adeudadas y que BID autorice al TEI realizar los pagos mensuales por la prestación de sus servicios bajo el contrato de mantención y operación de las luminarias.

Otra de las condiciones es que “no se hayan acordado con el BID nuevos términos y condiciones del Crédito BID que hagan viable la operación de la empresa en términos satisfactorios para el BID y la Comisión de Acreedores, lo que deberá ser aprobado por ésta”. Por último: “que la empresa abra una cuenta corriente en uno o más bancos chilenos, que sea suficiente para efectos de permitirle operar y cumplir con sus obligaciones de pago bajo este acuerdo”.

Por otro lado, el veedor también detalló cuáles serían las consecuencias en caso de no ser aprobado el plan de reorganización y que Itelecom sea declarada en quiebra. Sobre este punto, explicó que las recuperación de las garantías de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A (CIFI) y Trilinc Global Impact Fund Cayman Ltda (TGIF) “es incierta ante una eventual liquidación de la empresa deudora”.

El informe del veedor acotó que “se estima que el total de los créditos preferentes recuperan solo un 5% de sus acreencias”. “Ahora bien, desagregados los créditos según sus garantías reales, solo el Banco de Chile obtiene recuperación de parte de su crédito, que se estima en un 46%”, añadió.

En efecto, Itelecom mantiene deudas con el Banco de Chile por $1.114.894.505 y en caso de que sea rechazado el plan de reorganización y se declare la liquidación de la sociedad, el banco sólo podría recuperar $512.669.916.

Asimismo, consignó que “se estima que los créditos valistas no tienen recuperación de sus acreencias”.

“En razón del análisis efectuado a la recuperación que cabría a los acreedores en caso de liquidación y a la evaluación comercial y financiera realizada a la empresa durante el presente Periodo de Protección Financiera Concursal, este veedor estima que, de cumplirse con todas las condiciones y supuestos tanto contractuales como judiciales necesarios para la viabilidad de este Acuerdo, la empresa Itelecom Holding Chile SpA. se encuentra en condiciones de iniciar el pago a sus acreedores en base a los períodos establecidos”, concluyó Mena.