Javiera Blanco en el limbo

Son dos meses sin goce de sueldo, pero al interior del Consejo de Defensa del Estado están conscientes de que el tiempo solicitado por la exministra de Justicia, Javiera Blanco Suárez, para solucionar sus conflictos personales podría ser más del originalmente requerido ya que los tiempos de las investigaciones judiciales en los que está involucrada, hasta ahora en calidad de testigo, y que incluye la indagatoria sobre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y los gastos reservados en Carabineros, no los maneja ella.

A eso se sumó un reportaje de CNN, que fue desmentido a través de un comunicado por Blanco, en que se le imputaba el haber manipulado las cifras de muertes en el Servicio y que, según cercanos, la tiene devastada. De hecho, sólo frente a esta información, Blanco reaccionó. Adujo que "en los últimos tiempos he sido objeto de infamias reiteradas, y hoy se me acusa nuevamente de un hecho que no cometí. Jamás he alterado un documento público, y menos de cifras de fallecidos al interior del Sename". En la ocasión, además, anunció que evaluaba acciones legales.

La personera está siendo asesorada por la empresa de lobby Imaginaccion de Enrique Correa, que hasta hace unos meses manejaba su cuenta en calidad de ad honorem. Hoy La Tercera PM intentó ratificar si tal situación había cambiado, pero desde la compañía se limitaron a detallar que "nosotros no entregamos información comercial de nuestros clientes".

Más allá de cómo Blanco Suárez enfrenta la crisis, su delicada situación ha sido tema, admiten fuentes del CDE, más de una vez en las sesiones de la entidad, siempre en medio de la incomodidad del resto de los consejeros y la sensación de que la polémica se instaló en el organismo junto con la abogada en cuanto ésta asumió, y que se mantendrá mientras ella no adopte una decisión definitiva.

"Si en dos meses, esto no se zanja, no sabemos qué más se puede hacer. En algunas de las aristas del caso Sename, el Comité Penal tiene decisiones pendientes. Puede extender el permiso, pero aún así, nada indica que su situación se pueda despejar", adelanta un integrante del Consejo, dando cuenta de la expectación que existe frente a decisiones que Blanco aún no adopta y procesos en curso que no dependen de su voluntad.

En rigor, Blanco ya pidió dos meses sin goce de sueldo. Pero en el CDE aclaran que los consejeros pueden pedir hasta seis meses en el año bajo esa modalidad. Eso quiere decir -y así se reconoce en el organismo- que Blanco podría, si quisiera, solicitar y acogerse a dicho permiso hasta junio del próximo año. Además, dispone de seis días administrativos al año, al margen de sus vacaciones. La consejera María Inés Horvitz, por ejemplo, habría hecho uso de esta facultad para perfeccionarse en el extranjero.

Estas facilidades le permitirían marginarse del Consejo sin perder su cupo en caso de ser imputada en la arista Ascar del caso Sename. La ex ministra ha seguido en contacto con algunos consejeros vía correo electrónico esta semana.

"El permiso sin goce de sueldo es una herramienta que un funcionario tiene. Me parece bien por un lado que salga, del CDE para poder defenderse. Es importante que se desvincule y que se pueda defender sin involucrar al CDE de una eventual próxima acusación", comenta el ex diputado Ramón Farías, uno de sus más críticos cuando se tramitó en la Cámara la comisión investigadora Sename II.

Pero Farías es más crítico: "no es bueno que ella siga en el CDE, ella debiese renunciar. No sólo se hace daño a ella, sino al Consejo, al ser cuestionada. Por mucho menos, el contralor sacó a la subcontralora. Debiese dar un paso al costado", adujo.

Si no lo da y no es destituida por el Presidente de la República -como ha solicitado la UDI- o por razones administrativas, puede permanecer en el cargo hasta los 75 años con un salario bruto promedio de $ 7,6 millones.

En el ministerio de Justicia existe hoy un sumario en curso por el programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo –ASCAR- luego de que se detectaran irregularidades que, según el Ministerio Público, podrían constituir fraude al fisco. Es por esta causa que podría ser imputada -junto a su antecesor en Justicia, José Antonio Gómez- como anunció en entrevista con Reportajes el fiscal Marcos Emilfork.

En paralelo, en la Contraloría General de la República también se está desarrollando un sumario sobre ASCAR que la complica, ya que será diseccionado su paso por el ministerio y lo que hizo o dejó de hacer para garantizar el correcto funcionamiento del cuestionado plan.

Para el excompañero de gabinete de Blanco, el diputado Marcelo Díaz, "se ha querido convertir a Javiera Blanco en una especie de demonio. Pero los consejeros se inhabilitan casi todos los días, porque no están impedidos de ejercer la profesión. Por lo mismo, se les presentan inhabilidades en muchas causas y casos".

El exministro Gómez -quien junto con Blanco presentó una queja al fiscal nacional, Jorge Abbott, en contra de Emilfork- aseveró que la abogada ha sido puesta en tela de juicio de forma arbitraria.

"Cuando a una persona se le acusa públicamente, sin el debido proceso, es una infracción grave al sentido de justicia y de la presunción de inocencia. Ella ha sido tratada incorrectamente desde el punto de vista legal, eso es claro. Sobre su situación en el Consejo, ese no es un tema en que yo esté vinculado, así es que prefiero no opinar", recalcó. Gómez además precisó que Abbott ya le pidió a Emilfork sus descargos respecto del reclamo presentado y que le anunció que, tras eso, revisaría la pertinencia de iniciar un proceso sumarial. En todo caso, esa es una de las batallas menos complejas para Javiera Blanco.