Jean Pierre Matus, el asesor a cargo del reservado modelo de prevención de fraudes en el Ejército

Es un plan ambicioso y que reformará totalmente la forma en que se custodian las arcas fiscales que maneja el Ejército chileno. Ese es el principal objetivo por el cual el comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, fichó al reconocido penalista Jean Pierre Matus quien actualmente desarrolla un reservado modelo de prevención de delitos al interior de la institución castrense.

Ya desde el 2014 cuando estalló el caso por fraude en el Ejército se venían planeando diversas estrategias para fortalecer ítemes tales como transparencia, probidad y control interno, trabajo que se ha desarrollado en conjunto con el Ministerio de Defensa. Este plan se ha hecho en paralelo a las causas penales cuyas diligencias han sido dirigidas a personal activo y también a generales (R) del Ejército, tanto por el Ministerio Público como por la justicia militar, como es el caso más reciente del procesamiento por malversación de $3.500 millones al ex comandante en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba decretado por la jueza Romy Rutherford.

Para el actual jefe de la institución castrense, el general Martínez, el tema de poder bajar los riesgos a través de un moderno modelo de prevención de delitos ha sido un incansable objetivo, según señalan fuentes de la institución. Es por esto que se entregó la asesoría de esta sensible materia a Matus quien lleva varios meses trabajando en estricta reserva sobre cuáles son las mejores fórmulas para prevenir ilícitos, además de poder descubrirlos y tener un protocolo claro al momento de poner a disposición de la justicia ordinaria y de la apertura de sumarios cuando se esté frente a conductas de uniformados que tengan sospechas de estar reñidas con la ley.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile y abogado integrante de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, está elaborando un modelo similar al que ocupan las empresas para afrontar la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que hace responsable a las compañías cuando sus funcionarios incurren en algún ilícito tipificado en esa normativa. El docente cuenta con una vasta experiencia y publicaciones en esta materia, además de haber sido requerido en diversas comisiones del Congreso cuando se discutió la Ley 20.393.

Sobre este ambicioso plan en el Ejército, Matus confirmó a La Tercera PM sobre esta asesoría y adelantó que la implementación de este modelo va a requerir "una detallada revisión y análisis de los reglamentos e instrucciones internas de los procesos de compra, pagos y uso y destino de los bienes y recursos de la institución, seguida de una capacitación del personal en las nuevas prácticas y un control de su efectiva implementación". Esto, según el abogado, irías  más allá del diagnóstico acerca del origen de los problemas actualmente en la discusión pública, como la errada forma en que una sección administrativa ordenaba el pago de los pasajes de oficiales al extranjero y que ha dado origen al los últimos procesamientos de la llamada "arista pasajes" que hoy investiga la ministra Rutherford.

Matus espera que durante este año se puedan "realizar propuestas de modernización de los procesos actuales, organización interna y nuevos reglamentos e instructivos que permitan al Ejército no sólo determinar cuál es su matriz de riesgos en materia de delitos que puedan afectarle y las medidas que puedan adoptarse para prevenirlos, particularmente en su relación con proveedores externos y en el manejo internos de sus recursos, sino también, una oportuna labor de control interno, con medidas y sanciones eficaces de carácter administrativo, en uso de las facultades disciplinarias del mando". La idea, dice el académico, es que el Ejército cuente con procedimientos y herramientas de análisis que le permitan "reducir al máximo el riesgo de que funcionarios propios o terceros puedan incurrir en el futuro en irregularidades que perjudiquen a la Institución, sancionando oportunamente a quienes incurran en ellas".

Consultado si su asesoría incluye analizar estrategias de defensa ya sea de generales activos o retirados que estén vinculados a los casos judiciales, el abogado lo descartó de plano y aseguró que su trabajo es "del tipo de asesorías que se presta a las empresas que instalan modelos de prevención de delitos, con las particularidades que tiene su adaptación a una organización estatal de las dimensiones y con las funciones exclusivas de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía y la integridad territorial, que impone exigencias de transparencia que no tienen las empresas privadas y, al mismo tiempo, una mayor reserva y discreción en áreas sensibles de la defensa nacional".