Juan Pablo Hermosilla, por autodenuncia en la Fiscalía de Felipe Berríos: “Las víctimas tienen temor y desconfianza en la justicia civil”

Esta semana se conoció, de boca del propio sacerdote Felipe Berríos del Solar (65), que junto a su defensa decidió “autodenunciarse” ante la Fiscalía, para que sea la justicia penal -y no tan sólo la canónica- la que indague las denuncias que pesan en su contra por presuntos hechos de connotación sexual, y que fueron entregadas al Arzobispado de Santiago -y luego a su congregación, la Compañía de Jesús- por el abogado de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla.

Como ha explicado el penalista de la Pontificia Universidad Católica, junto a las cuatro víctimas que se han acercado a él y a la fundación, habían optado por mantener toda indagación en la arena eclesiástica. Esto, según manifestó el abogado en conversación con La Tercera PM, porque las denunciantes querían evitar exponerse demasiado y ser desacreditadas públicamente.

Por eso, sostuvo Hermosilla, tras conocer la arremetida judicial de la defensa del jesuita, las denunciantes se habrían sentido pasadas a llevar. “Les da rabia. Hay como es lo habitual en estos casos, una descalificación a denunciantes. Lo ven como un acto más de agresión”, sostuvo el abogado que también representó a denunciantes del excapellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete, y a las víctimas del expárroco de la Iglesia El Bosque, Fernando Karadima.

“Estamos evaluando junto con ellas si nos haremos parte en investigación ante el Ministerio Público. Hay temor y desconfianza en la justicia civil, por su comportamiento en otros casos similares”, indicó Hermosilla, haciendo referencia al supuesto “encubrimiento” que habría en este tipo de causas y que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la Fiscalía esclarecer.

A diferencia de los planteado por Berríos, que dijo que recurrió a la Fiscalía para evitar más rumores y enfrentar el caso sin privilegios, para el representante de las denunciantes “la justicia penal chilena es vista como un espacio de impunidad para abusadores eclesiásticos”, y por lo mismo explicó que la decisión de declarar o no, no es algo que tomarán a la ligera. Por lo demás, consideran que como en toda causa que revisa la justicia civil, está el principio de publicidad y saben que estarían muchísimo más expuestas.

En ese sentido, Hermosilla insistió en que si deciden no sumarse al proceso penal no sería por falta de mérito en los hechos que hoy indaga la abogada María Elena Santibáñez -a quien el 3 de mayo pasado la Compañía de Jesús encargó la investigación previa canónica en contra del religioso-, sino que por los temores antes descritos: “Los hechos que conocemos hasta ahora son actos graves de agresiones a jóvenes en contexto religioso de relaciones agudamente asimétricas”.

De todas maneras, como publicó ayer La Tercera PM, la defensa de Berríos no ha querido entregar detalles de las diligencias que podría solicitar, aunque desde ya en el Ministerio Público creen que este rol activo que ha tomado debería reflejarse en la colaboración con pesquisas, y de plano renunciar a su derecho a guardar silencio para entregar su versión de los hechos que se le acusen.

De acuerdo con lo expuesto por María Elena Santibánez en entrevista con ADN Radio, el que Berríos se haya autodenunciado “no tiene ningún efecto” para la investigación canónica que lleva. Salvo, indicó, que la Fiscalía comience a indagar nuevos ilícitos diferentes al caso de la denuncia que ella recibió de parte de la Compañía de Jesús. Si eso ocurre, remarcó, tendría que incorporar antecedentes a la causa.

Eso sí, puso énfasis en que los datos que ella tiene hasta ahora no dan cuenta de “hechos actuales o hechos posteriores al año 2004″. “No hay antecedentes que actualmente le den competencia al Ministerio Público para efectos de conocer un ilícito ni respecto de mayores de edad ni de menores de edad”, sostuvo. Aclaró, además, que ella no ha recibido denuncias de otras mujeres que se hayan acercado a la Fundación para la Confianza, sólo la de la mujer que se habría visto afectada hace 18 años o más, cuando la Fiscalía no era competente de conocer esa causa, ya que ese año en la Región Metropolitana aún no entraba en vigencia la Reforma Procesal Penal y este tipo de hechos eran investigados por los juzgados del crimen, es decir la justicia penal antigua.

Comentó, asimismo, que en el marco de las diligencias que ha realizado, ha tomado declaración a “bastantes personas en distintas calidades y que tienen que ver con testimonios para hablar de lo que ha hecho el sacerdote Berríos y con la denuncia que se recibió (...) Yo no he buscado absolutamente nada, sí puedo decretar diligencias investigativas, pero varias personas han concurrido para hablar de diferentes aspectos de la vida de Berríos”. Ellos se habrían acercado vía el mail que comunicó y el que dispusieron desde la congregación jesuita.

En la Compañía de Jesús han optado por el silencio. No han emitido declaraciones, pues como recalcaron están a la espera de que las investigaciones arrojen un resultado. De hecho, consultados por este medio respecto de los nuevos antecedentes, desde la oficina de comunicaciones de la congregación manifestaron que confían “plenamente en la investigación previa canónica, proceso que sigue vigente, y que está realizando María Elena Santibáñez, abogada laica y con gran experiencia”.

Ahí es donde han puesto mayor atención, pues será ese proceso el que determinará si “en el ejercicio del ministerio sacerdotal y el cumplimiento de los votos religiosos” Felipe Berríos tendría o no alguna responsabilidad. “Esto implica que no todo delito canónico necesariamente constituye un delito penal en la justicia ordinaria”, complementaron.

En esa línea, agregaron que el mencionado proceso “no impide llevar adelante procesos ante la justicia ordinaria, y como cualquier ciudadano, Felipe Berríos tiene el derecho de acudir a ella para que se aclaren los hechos que se le imputan”. De todas formas, para ellos, dado que la denunciante hoy es mayor de edad y que no tienen antecedentes de denuncias que involucren a actuales menores de edad, insistieron en que “el proceso penal sólo se puede iniciar si la denunciante así lo decide, ya que estamos ante un supuesto delito de previa instancia particular”.