Juez que desestimó prisión preventiva para banda narco había dejado libre a sujeto que quemó un peaje en el estallido social

“Atendida la alta pena que tiene el delito de tráfico se puede decretar la prisión preventiva, se va a decretar esta medida cautelar, pero con la posibilidad de caucionar la comparecencia. Para todos los imputados, con una fianza de dos millones de pesos”.

Esa fue la parte final de la resolución del juez Luis Alberto Muñoz Caamaño, quien el 29 de agosto dejó en libertad, tras pago de una fianza, a una banda de 23 imputados en Ovalle, a quienes la Fiscalía imputa los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas y el lavado de activos.

El juez rechazó la apelación verbal del fiscal Nicolás Nicoreau, por lo que ese día la Fiscalía de esa región presentó dos recursos escritos en la Corte de Apelaciones de La Serena: uno de apelación y otro de hecho. Así las cosas, el martes pasado la corte acogió uno de los recursos, dictando orden de no innovar e instruyendo al Juzgado de Garantía de Ovalle a despachar las órdenes de detención de los 23 sujetos. Los ilícitos, indicó esa vez el fiscal, ocurrieron en 2019.

De hecho, ayer Carabineros detuvo a Javiera Alfaro Andrade, quien sería parte de la banda y, hasta ahora, la única persona detenida de dicha agrupación. Los otros 22 siguen prófugos.

Pero no es la única decisión del magistrado que ha causado polémica.

En los días de estallido social, un sujeto identificado como Matías Andrade, por ese entonces de 22 años, debió enfrentar a la justicia por ser sindicado como el autor del incendio en una de las casetas del peaje de la ruta D-43, en La Serena.

De acuerdo a la Fiscalía, a las 10.00 del martes 17 de diciembre de 2019, en medio de una manifestación de unas 40 personas, el imputado armó una barricada con neumáticos encendidos en la vía pública y arrojó un líquido acelerante a la caseta de cobro, provocando daños avaluados en la suma de $10.000.000.

Andrade, oriundo de Ovalle, estuvo 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de esa ciudad, a la espera de su juicio. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2020 el juez Muñoz cambió la medida cautelar por la de arresto domiciliario total.

Esa vez el juez argumentó su decisión de esta forma: “Hay antecedentes que permiten suponer que el imputado, de ser condenado, lo que es muy probable porque ha confesado el delito y ha declarado profusamente en la investigación, va a ser objeto de una sanción ya morigerada, y podría ser perfectamente sujeto de una medida alternativa de cumplimiento de la pena”.

En esa línea, continuó: “Resulta gravoso en este caso, que lleva más de diez meses privado de libertad, mantener la prisión preventiva a la espera de un juicio que no sabemos en qué momento se va a realizar por motivos de la pandemia, y esto significaría alargar la prisión preventiva en circunstancias que podría, el imputado, ser beneficiado con una medida de cumplimiento alternativo en caso de condena”.

La decisión del magistrado generó críticas en el Poder Ejecutivo. “Debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio, por eso valoramos que la Corte de Apelaciones haya acogido un recurso de nulidad y haya repuesto la medida de prisión preventiva”, dijo ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien afirmó que el gobierno presentaría una querella contra los sujetos.

Más dura fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que los equipos jurídicos del gobierno evaluarán solicitar la inhabilidad del juez en esa causa.

El senador Matías Walker, quien representa a la Quinta Circunscripción, en la Región de Coquimbo, señala a La Tercera que es “absolutamente inexplicable que no se haya cumplido con lo dispuesto en el Código Procesal Penal en cuanto a mantener en prisión preventiva a estos imputados por la Ley 20.000 de Drogas, mientras no se resolvía la apelación que dedujo el fiscal”.

“Esto nos parece absolutamente insólito”, agregó. Walker recordó que junto a la senadora Ximena Rincón solicitó al gobierno que se otorgue suma urgencia a una moción que presentaron en junio que “hace improcedente el otorgamiento de la libertad bajo fianza cuando existan antecedentes que los imputados pertenecen a una organización criminal”.

Por su parte, el diputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida, también representante de la zona, recordó otra situación similar en la Región de Coquimbo, específicamente en Los Vilos. Ese hecho ocurrió en junio de 2024, cuando la jueza del Juzgado de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, dejó en libertad a cinco miembros del Tren de Aragua tras el pago de una fianza de $5 millones.

El parlamentario afirmó: “Nuevamente la Región de Coquimbo hace noticia por estos jueces, donde no se entiende por qué son tan garantistas con los delincuentes del crimen organizado, porque ya ocurrió en Los Vilos y ahora en Ovalle. Un juez que es demasiado garantista, independientemente de todos los proyectos de ley que endurecen las penas, que mejoran los procedimientos y las técnicas investigativas”.

“Es de extrema necesidad que la Corte Suprema revise estos temas y vea los jueces que están siendo extremadamente garantistas con estas organizaciones criminales. Acá la Corte Suprema tiene que tomar medidas, porque si no, no sacamos nada con legislar, con que el gobierno aplique las medidas, haga las gestiones si en definitiva después de operativos como el que ocurrió en Ovalle, de más de 12 meses, por la falta de criterio inentendible de un juez, se eche todo abajo”, agregó Fuenzalida.

Luis Muñoz asumió como juez del Juzgado de Garantía de Ovalle en 2011, luego de ejercer ese mismo rol en Angol.