Juzgado de Arica envía a residencia de Mejor Niñez a venezolano amenazado de muerte por homicidio y mantiene tensionado al servicio

Las alarmas en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) se vuelven a encender. Esta vez la preocupación surge tras la decisión del Primer Juzgado de Garantía de Arica adoptada el 24 de agosto de derivar a un menor de edad de nacionalidad venezolana, implicado en un homicidio, a una residencia del servicio ariqueño donde conviven niños, niñas y adolescentes (NNA) cuyos derechos han sido vulnerados, dando cuenta de que se mantiene más vivo que nunca el problema originado a raíz de que menores infractores convivan con población vulnerada que a inicios de julio dio cuenta La Tercera.

El problema en este caso particular es preocupante: según fuentes del servicio, el joven de 15 años está amenazado de muerte, lo que ha llevado a intentar gestionar de manera urgente su traslado a una residencia en otra región. Se piensa en alguna del sur.

Aunque la determinación no recae directamente en Mejor Niñez, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), Blanca Berrocal, expresa su “máxima preocupación” por lo que podría ser una complicación para la convivencia interna de la residencia, el inminente riesgo vital del NNA y los que ahí vivan. Berrocal solicita la “revaluación” de esta derivación dictaminada por la jueza Carmen Calas Guerra.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la decisión judicial que ha derivado a M.A.M.B., un joven implicado en un homicidio simple calificado, a una residencia masculina del Servicio de Protección en la ciudad de Arica. El joven, quien ha quedado en libertad bajo medidas de sujeción a un programa del Servicio de Reinserción Juvenil (SRJ) y arraigo nacional, representa un grave riesgo para la seguridad de los adolescentes que residen en dicha institución, así como para los funcionarios que allí trabajan”, señala Berrocal.

Esta situación, como se ha dicho, vuelve a poner en el centro del debate una de las críticas más severas hacia Mejor Niñez: la convivencia de menores infractores con población vulnerada. La falta de alternativas adecuadas en las residencias ha llevado a los Tribunales de Familia a enviar a estos espacios a menores infractores, lo que ha provocado sobrecupo, episodios de violencia tanto entre los propios niños como hacia los funcionarios, y el constante riesgo de enfrentarse a “ajustes de cuentas”.

Según informó La Tercera el 5 de julio, al menos 606 menores de edad infractores de ley están siendo atendidos por Mejor Niñez, de los cuales 102 viven en residencias.

Actualmente la cifra de adolescentes mayores de 14 años que están en simultaneidad (en Mejor Niñez y Servicio de Reinserción Juvenil) equivale a un 1,5% de las atenciones de todas las líneas programáticas de Mejor Niñez (ambulatorias y residenciales), y 4,3% del universo de adolescentes en residencia.

Los hechos que involucraron al joven venezolano M.A.M.B. ocurrieron el 24 de diciembre de 2023, a las afueras de un terminal de buses en Arica. En ese lugar, un sujeto de 20 años murió tras recibir una serie de disparos, en lo que la Fiscalía calificó como un “ajuste de cuentas”. M.A.M.B. fue implicado en el homicidio y tras el proceso judicial quedó en libertad bajo medidas de sujeción a un programa del Servicio de Reinserción Juvenil, arraigo nacional y bajo el cuidado de Mejor Niñez.

La decisión de la jueza significó que el joven fuera derivado a la residencia masculina de Arica, donde viven 10 NNA bajo la tutela del Estado. Esta situación ha generado preocupación entre las dirigentes del servicio nortino debido a las amenazas de muerte que enfrenta el joven, lo que, aseguran, pone en riesgo tanto su estadía como la seguridad de los demás niños y funcionarios a cargo.

Berrocal insiste: “Lo que pedimos es que se revise la medida tomada por la jueza y que explique su resolución con todos los antecedentes a la vista, ya que las represalias pueden afectar no solo al NNA implicado en los hechos, sino también a los otros 10 que viven en la residencia en Arica. Por lo tanto, también solicitamos que exista protección policial en ese lugar”.

En ese sentido, se ha comenzado a gestionar el traslado del joven a una residencia en otra región, quien actualmente se encuentra en un proceso de desintoxicación por problemas graves con el consumo de drogas.

Sin embargo, el problema de base en el servicio persiste. Un dilema que tendrá que afrontar el nuevo director de Mejor Niñez, Claudio Castillo, quien hace pocos días atrás fue designado por el Presidente Gabriel Boric.

Desde Mejor Niñez explican que el Servicio de Protección Especializada en Arica “ha tomado una serie de medidas de resguardo y protección, tanto para el adolescente mencionado como para los pares y funcionarios de la residencia familiar. Es importante señalar que hoy día el joven se encuentra siendo atendido por los distintos circuitos de salud mental y de las duplas psicosociales de los programas intervinientes, incluyendo el Servicio de Reinserción Social Juvenil que hoy opera en la región. Es importante recalcar que niños, niñas y adolescentes que son infractores de ley pueden ser también sujetos de protección del Estado, porque han sido víctimas de vulneraciones, y por eso el Estado puede actuar en ambas situaciones de forma complementaria para resguardar el bienestar de ellos y ellas“.

Esto, aclaran, tiene que ver con una resolución judicial “en base a los antecedentes y trayectoria de vida del adolescente. Mientras él esté bajo medidas de protección del servicio, corresponde continuar con esa intervención, independiente que se encuentre sujeto a programas de Reinserción Social Juvenil, ya que nuestro objetivo no es sacarlos del sistema proteccional. Por lo tanto, no corresponde efectuar ninguna revaluación, sino más bien garantizar su protección y la del resto de los adolescentes que conviven con él”.