Katy Winter: Familia ficha a abogado de víctimas de Colonia Dignidad y pide cambio de fiscal

Dos escritos en que se requiere que se cambie al fiscal Álvaro Pérez Galleguillos, quien investiga la muerte de la adolescente Katherine Winter Zamorano el 22 de mayo de 2018, presentó el viernes el abogado Hernán Fernández Rojas, quien asumió la representación de la causa.

En los documentos, a los que tuvo acceso La Tercera PM, se solicita primero al fiscal regional de la zona Oriente Manuel Guerra Fuenzalida que, en su calidad de superior jerárquico de Pérez Galleguillos, proceda a designar un reemplazo, ya que se acusa que éste no ha realizado una serie de diligencias solicitadas por la familia, entre otras, las planteadas en una querella presentada en febrero que fue declarada admisible y que fue remitida al persecutor.

"No obstante haber tenido una reunión personal posterior con el Fiscal Sr. Álvaro Pérez, y haberle entregado materialmente la querella, hasta la fecha de hoy no ha emitido pronunciamiento respecto de las diligencias solicitadas en la querella, solicitud reiterada la última vez con fecha 12 de abril de 2019, tal como consta en registro de página en sistema SIAU que se adjunta", consigna el texto.

En paralelo, en otro escrito se plantea al Fiscal Nacional Jorge Abbott Charme que en virtud de los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, traslade la investigación desde la Oriente a otra fiscalía regional dada las declaraciones que realizó Guerra Fuenzalida a pocos días del suicidio de Katy.

"Consta en las investigaciones señaladas que la víctima Katherine Winter Zamorano fue golpeada el día 19 de mayo de 2018 en un local denominado Mokai ubicado en la Plaza San Enrique de la Comuna de Lo Barnechea. Después de tales hechos comenzó a ser víctima además de un trato degradante por alumnos y alumnas del Colegio Nido de Águilas, que se organizaron sin duda en un espacio real y desde distintas ubicaciones físicas que deben establecerse, procedieron a enviar mensajes a través de un sitio web denominado Millard Forso, acciones y mensajes con los cuales agredían gravemente a la víctima en su dignidad personal, haciendo intolerable dicha situación para ella", detalla la presentación que agrega que en estas circunstancias el 22 de mayo la víctima es encontrada muerta en un local de StarBucks de Providencia.

Recalca Fernández Rojas que "apenas 9 día después" de este hecho, el fiscal regional manifestó en la prensa que "la única posibilidad que nosotros como fiscalía tenemos para intervenir en casos de bullyng es cuando hay golpes y lesiones o una amenaza entre los victimarios y la víctima, pero por si mismas estas conductas no están tipificadas como delito".

Según el abogado, tal afirmación constituye un hecho "particularmente serio y grave, pues a partir del 6 de junio de 2017 se promulga y publica la Ley 21.013, que tipifica los delitos de maltrato corporal relevante y trato degradante, incorporando a la legislación penal los artículos 403 bis y 403 ter respectivamente. Si bien el bullying en sí como concepto, no es un delito, sí lo son las acciones que lo constituyen, entre las cuales no sólo están las amenazas y las que causan lesiones corporales, pues a partir de la ley 21.013 ya citada, también constituyen delito el maltrato corporal relevante (sin que el tipo penal exija lesiones, o afectación orgánica-corporal) y el trato degradante que afecte gravemente la dignidad personal de la víctima".

Se acusa, por lo tanto un "prejuzgamiento penal" que además "confunden a la opinión pública respecto a la legislación vigente en el país, y afectan de manera particular las expectativas de justicia para la familia de la víctima y para toda la sociedad chilena".

Fernández Rojas, quien desde este año trabaja ad honorem con la familia de Katy, es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y fue uno de los primeros profesionales en Chile en enfrentar al fallecido líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer en representación de las víctimas del líder del enclave alemán.

Consultado por los requerimientos realizados, afirma que se está ante una "inexcusable omisión y retardo en diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos, pero fundamentalmente frente a un riesgo de que estas conductas se vuelvan a producir. Una investigación penal acuciosa permite prevenir y proteger frente a la existencia de sitios que denigren a menores de edad".