Desde que se hizo pública la molestia por la filtración de la sesión especial en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en el Congreso se desató una caza de brujas para encontrar al responsable de hacer pública la información. Esto después de que la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, denunciara que uno de los participantes de la reunión filtró “de forma inexacta” algunos de los detalles que se conversaron. El tema a tratar era la situación de Chile respecto a su estatus como miembro del Programa Visa Waiver con el país norteamericano.

Tal fue la molestia de la diplomática estadounidense que ayer durante la tarde, a través de un correo electrónico informó al diputado Johannes Kaiser (ind.-exrepublicano) que “no realizará más reuniones informativas para los miembros del Congreso”.

“Aunque los organizadores le aseguraron que el debate sería confidencial y se celebraría a puerta cerrada, los detalles de este se filtraron a la prensa de forma inexacta. Por lo tanto, la embajadora Meehan no celebrará más reuniones informativas sobre el Programa de Exención de Visado en este momento”, se lee en el correo.

Es por esto que durante las últimas horas se ha ido tensando el ambiente en el Congreso. Esto principalmente por las dudas sobre qué parlamentario habría entregado la información.

La filtración transgrede abiertamente el reglamento de la Cámara y, por lo tanto, no respetarlas podría traer sanciones administrativas y legales. Por lo mismo, la mesa de la Cámara encabezada por la diputada Karol Cariola anunció el ingreso de una denuncia en el Ministerio Público para determinar al responsable.

“La presidenta (Karol Cariola) me ordenó ayer que revisara los antecedentes y que, si había mérito, hiciera inmediatamente la denuncia a la Fiscalía de Valparaíso. Nosotros revisamos los antecedentes y efectivamente podría haber algunas circunstancias de un medio que habría publicado parte de lo que se trató ese día en la comisión de Relaciones Exteriores. frente a ello, la denuncia que se hizo por el posible incumplimiento del artículo 246 del Código Penal (...) por parte de funcionarios públicos”, señaló hoy el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, desde el Congreso.

Y agregó que “los parlamentarios, en virtud del Código Penal, tienen la calidad de funcionarios públicos (...). Como se trata de una comisión parlamentaria, donde había funcionarios de la Cámara y parlamentarios (...), lo que hicimos fue presentar la denuncia. Acá tenemos que resguardar el principio del secreto (...), tenemos que velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias”.

Específicamente, según expuso Landeros, la denuncia ingresó “contra quien resulte responsable de la filtración. Eso incluye a las 20 y tantas personas que estaban presentes”. “Si se trata de una persona afecta a fuero, sí (podría ser desaforado)”, agregó.

De acuerdo, al reglamento de la Cámara, al incorporarse a la corporación los diputados deben prestar juramento o promesa ante el Presidente donde, entre otras cosas, deben comprometerse a “guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas”. De hecho, los funcionarios que no hayan prestado juramento, no podrán participar de este tipo de instancias.

“Podrán entrar a la Sala de Sesiones los ministros. También podrá hacerlo el personal que sea llamado por la Mesa, pero sólo en forma transitoria y siempre que haya prestado juramento en conformidad a lo dispuesto el artículo 375. El personal que no haya prestado juramento no podrá ingresar a la Sala durante la celebración de una sesión secreta. Si lo hace, incurrirá en la sanción administrativa que corresponda”, se indica en el artículo 80 del reglamento.

Respecto a la filtración, el diputado integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto (PPD), aseguró que “yo espero que efectivamente se investigue. Ojalá que la o las personas que cometieron esta filtración, que puedan también decirlo públicamente, que puedan reconocer el error, que se autodenuncien y a partir de allí se genere una certeza, porque lamentablemente acá pierde credibilidad la Comisión de Relaciones Exteriores como interlocutor válido, pierde credibilidad la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo en su conjunto y eso es algo que hoy día no nos podemos permitir”.

El vicepresidente de la Cámara, en tanto, Eric Aedo (DC), señaló que “creo que lo conveniente es que se pongan estos antecedentes a disposición de la Fiscalía. No es posible que una reunión secreta sea filtrada a la prensa o a la opinión pública porque esto genera desconfianzas enormes en el trabajo que está realizando esta Cámara. Y obviamente que pone una dificultad a esta corporación, pero también del país, por ejemplo, con una embajadora de un país tan importante y estratégico en la relación internacional como es Estados Unidos”