La estrategia de defensa y los escenarios que se abren con la autodenuncia del sacerdote Felipe Berríos

Una de las cosas que más acongoja por estos días a Felipe Berríos del Solar (65), más allá de haber sido suspendido de sus funciones como sacerdote, tras una denuncia ante el Arzobispado por presuntos abusos sexuales, es estar lejos de su gente del centro de formación para adultos emplazado en el campamento Luz Divina, ubicado en el sector La Chimba, en Antofagasta, donde se había radicado desde hace ocho años. Es por eso que para tener un rol activo ante la acusación en su contra que lo tiene apartado de sus actividades decidió, junto a su abogado, el penalista Julián López, llevar el caso ante la Fiscalía y que sea el sistema penal el que decida si es responsable o no de los hechos que se le atribuyen.

La gran pregunta es cómo se decidió esta estrategia de defensa que lo expondrá públicamente a un proceso judicial que por esencia es oral y en el que rige además el principio de publicidad que no existe en causas canónicas, ni tampoco en la justicia penal antigua, en que la reserva y el secreto son la regla general. Quienes conocen del caso sostienen que una de las situaciones que se tuvo a la vista para esta arremetida del religioso es una nota periodística del diario La Segunda que exponía la aparición de nuevas víctimas, distintas a la mujer que -acompañada por el abogado de Fundación para la Confianza Juan Pablo Hermosilla- lo denunció ante el Arzobispado de Santiago, entidad que a su vez derivó los antecedentes a la Compañía de Jesús que tramita una investigación previa a manos de la abogada María Elena Santibáñez. Dicha publicación fue un detonante, dicen, pues permitió llevar los antecedentes a manos del Ministerio Público.

Como la primera denuncia hablaba de supuestos actos cometidos hace 18 años, es decir en 2004, la Fiscalía no era competente de conocer esta causa, ya que ese año en la Región Metropolitana aún no entraba en vigencia la Reforma Procesal Penal y este tipo de hechos eran investigados por los juzgados del crimen, es decir la justicia penal antigua. Sin embargo, estas nuevas denuncias -que aún no se habrían formalizado ante la Compañía de Jesús- hablaban de hechos más recientes y esto permitió al abogado López ingresar una “autodenuncia”, figura que existe además en el Código Procesal Penal y que opera como una garantía para quien está siendo acusado de un presunto delito, sin que la víctima haya acudido a esta sede como es el caso.

De hecho en su comunicado el propio Berríos apunta a que requiere un proceso transparente a manos de la justicia ordinaria. “No me parece que los sacerdotes debamos tener una justicia especial. Esto es visto, con justa razón, como un privilegio por el resto de los chilenos. No digo que el proceso canónico sea malo, sino que es insuficiente y desconocido para el común de la gente”, sostuvo a través de una comunicación escrita.

Con todo ya se designó a la fiscal experta en temas de género Yasmín Salech a cargo de las diligencias. Si bien la defensa de Berríos no ha querido entregar detalles de las diligencias que podría solicitar, desde ya se cree en el Ministerio Público es que este rol activo que ha tomado el imputado debería reflejarse en la colaboración con pesquisas, y de plano renunciar a su derecho a guardar silencio para entregar su versión de los hechos que se le acusen. Una de las principales interrogantes que existe y que aún no ha sido despejada es si las víctimas están dispuestas a entregar su testimonio ante el Ministerio Público y seguir adelante un proceso que hasta la arremetida judicial del sacerdote era completamente secreto, ya que se enmarcaba en el derecho canónico y no en el civil. De hecho, la primera denunciante tomó la vía de la Iglesia y no la justicia ordinaria para hacer la acusación que hoy mantiene alejado de sus funciones y viviendo en Santiago al religioso.

Varias son las vías que existen en una causa penal tras su apertura. En un inicio, la fiscal Salech se centrará en recopilar antecedentes, entrevistas a posibles testigos de la época de la denuncia. La denuncia habla de un supuesto acto de connotación sexual que habría ocurrido en una oficina que Berríos tenía, en 2004, en el Instituto de Formación y Capacitación Popular (Infocap) en el sector sur de la capital, específicamente en calle Departamental. De hecho, por esta dirección es que el principio de ejecución del delito estaría radicado -según la defensa- en la jurisdicción de la Fiscalía Sur. En ese sentido, se buscará a trabajadores y colaboradores del religioso que podrían dar cuenta de las conductas denunciadas o descartarlas de plano.

Se requerirá los antecedentes a la vista del Arzobispado y de la Compañía de Jesús, además de lo que pueda aportar la Fundación para La Confianza. Una vez finalizada la etapa de investigación en el Ministerio Público se podría tomar como decisión la formalización del hecho, la acusación y posterior juicio. O, por el contrario, no perseverar en la acusación. Esto último daría pie a que los abogados de Berríos pidieran su sobreseimiento definitivo que si es visado por los tribunales impediría que volviera a ser indagado por estos hechos. Todo ahora en manos ya no tan sólo de la justicia canónica, sino que en manos de la justicia civil.