La frustrada reunión de los jesuitas con el Fiscal Nacional antes de la incautación del informe Poblete

Hace algunas semanas, pocos días después de que los jesuitas dieran a conocer el categórico informe sobre los abusos cometidos por el sacerdote Renato Poblete Barth, el exprovincial jesuita Cristián del Campo pidió una audiencia al fiscal nacional, Jorge Abbott.

La gestión -que fue confirmada tanto por la Fiscalía como por miembros del equipo que trabajaron en el documento sobre Poblete- la realizó el abogado José Ignacio Escobar, que ha asesorado en algunos temas a la Compañía de Jesús. ¿El motivo? La preocupación que existía en la congregación por conservar la confidencialidad de los testimonios e identidades de las víctimas cuya identidad -con nombre, apellido y edad- se registran en el informe.

El Ministerio Público había puesto su atención en el escrito que acreditó los abusos de Poblete a al menos 22 mujeres. El 1 de agosto -el día después de que se dieran a conocer los principales resultados de la investigación que lideró el abogado Waldo Bown- el propio Del Campo acudió a la Fiscalía Metropolitana Sur, cuyo fiscal Héctor Barros investiga las denuncias de Marcela Aranda por los supuestos abusos de Poblete, a hacer entrega de un resumen ejecutivo del mismo. Este no traía detalles como los nombres completos de las denunciantes. Tres días después de esa gestión, se dio a conocer que Barros estudiaba solicitar su versión completa.

Ello terminó realizándose a principios de esta semana, cuando se incautó la única copia en papel del informe que se mantenía en manos de los jesuitas y que no quisieron entregar de forma voluntaria para "resguardar la identidad de las víctimas, que fue lo que ellas nos pidieron", apuntan.

La petición de los jesuitas a Abbott no resultó. Según afirman desde esa congregación, las razones que les dieron desde la Fiscalía Nacional para rechazar la reunión apuntaron a que ya habían sido recibidos previamente por otros fiscales, como cuando Del Campo se reunió con Barros para hacer entrega del resumen ejecutivo.

Desde el Ministerio Público, en tanto, apuntan a que previendo que el motivo de la cita podía ser el impedir que se incautara el informe, Abbott decidió no recibirlos. El motivo -dicen fuentes que conocieron de la decisión- es que en el tema de abusos en la Iglesia hay un "compromiso explícito" del Fiscal Nacional con las víctimas de investigar a fondo, no importando si los hechos están prescritos.

Por ello se determinó rechazar la audiencia y dejar al fiscal regional Héctor Barros que actuara en libertad, y si consideraba que era necesario hacerse del informe, lo hiciera a través de una petición de entrega voluntaria o involucrando a tribunales, como finalmente sucedió.

Desde la Compañía de Jesús afirman que la Fiscalía realizó un compromiso de reserva respecto de la identidad de las víctimas, para lo cual se tomarían diversas medidas, como que el informe incautado se guarde en una caja fuerte y la fiscal del caso trabaje con una copia en la que se tacharon todos los antecedentes que dan cuenta de las identidades de las víctimas.