La fuerte denuncia de The New York Times tras protestas en Perú: Ejército y policía habrían usado municiones letales contra manifestantes

Poco más de tres meses han pasado desde que Dina Boluarte, la actual Presidenta de Perú, asumiera el poder. El fallido intento por disolver el Congreso y gobernar por decreto de parte del entonces mandatario Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, inició la caída de piezas de dominó que llevó a la muerte de al menos 48 civiles -en el marco exclusivo de las manifestaciones y protestas-, número que crece a 59 si se suman los 11 decesos producto de cortes de carretera y la imposibilidad de trasladar pacientes entre recintos de salud-, y dejó a 970 civiles heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

Una investigación del periódico estadounidense The New York Times asegura que la mayoría de esas muertes de civiles fueron causadas por armas de fuego, afirmando que militares y policías no respetaron sus propios protocolos relativos al uso de fuerza razonable y proporcionalidad ante los disturbios y enfrentamientos ocurridos en diciembre y enero.

El reportaje mezcló el peritaje de videos y audios recopilados desde cámaras de seguridad y registros subidos a redes sociales, los que fueron analizados por expertos en armamentos de instituciones como el FBI. En él, comprobaron el uso de escopetas con munición letal y rifles de asalto contra civiles que huían, o personas desarmadas que se encontraban a cientos de metros de distancia.

Durante las manifestaciones, 363 agentes de las fuerzas de seguridad fueron heridos, según datos del Ministerio de Salud, mientras que un policía murió quemado en su vehículo al ser atacado por una turba de manifestantes.

La crisis política y de seguridad desatada en Perú luego de la llegada al poder de la exvicepresidenta y ahora mandataria, Dina Boluarte, se dio inicialmente y con mayor fuerza en el sur de la nación vecina, sector indicado como uno de los bastiones de Pedro Castillo. Allí ocurrieron los momentos más sangrientos del conflicto, por lo que la Fiscalía se encuentra investigando a la Presidenta por posibles delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” en el marco de las protestas. Hasta la fecha, no se ha acusado ni detenido a ningún militar o agente policial por las muertes ocurridas desde el inicio de las manifestaciones.

Fue precisamente en las manifestaciones ocurridas en tres ciudades del sur de Perú -Ayacucho, Juliaca y Macusani- donde el periódico neoyorquino se centró para su análisis. En la primera locación, el medio logró acreditar que 10 personas murieron o fueron heridas por armas de fuego durante el 15 de diciembre, un día después de que Boluarte decretara estado de emergencia nacional para contener las manifestaciones. La medida entregó a las policías mayores atribuciones, como lo son el poder detener a personas e ingresar a propiedades privadas sin la necesidad de órdenes judiciales previas, además de permitir la intervención del Ejército para el control de disturbios civiles.

La fecha también marcó el inicio de una tónica que se repetiría en los próximos días: la toma (o el intento de ocupación) de aeropuertos.

El escenario del primer análisis del Times ocurrió en dicho espacio. Cerca de las 14:00 horas, la policía y el Ejército se concentraban en el aeropuerto de Ayacucho para dispersar a los cerca de 150 manifestantes utilizando bombas lacrimógenas, mientras algunos en la turba lanzaban piedras como respuesta. Minutos después, se observa en un registro visual a una fila de soldados del Ejército avanzar con fusiles de asalto Galil en mano. Dicha arma fue por años destacada como el principal fusil de infantería utilizado por el Ejército de Israel y el de Colombia. El medio estadounidense tuvo acceso a un registro militar donde se confirma que más de 80 efectivos recibieron dicha arma ese mismo día.

Sin embargo, no fue en el aeropuerto donde se dieron los incidentes más graves, sino en las calles aledañas al lugar. Tras hacer retroceder a los manifestantes, los soldados los persiguieron disparando proyectiles letales “de manera indiscriminada”, aseguró el medio. Un video grabado a las 18:30 muestra a numerosos miembros del Ejército en la esquina suroeste del aeropuerto, lugar desde el que dispararon al menos 20 tiros contra gente que se escondía en un parque, tras árboles y muros de hormigón de baja estatura. Explosivos improvisados lanzados por los manifestantes caían a varios metros de distancia del grupo.

Cinco minutos después, a las 18:35, Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, recibe el impacto de una bala en su espalda mientras cruzaba la calle, hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad que apuntaba hacia el parque municipal.

Los soldados se encontraban a unos 90 metros de distancia, lo que está dentro del rango de 396 metros que posee el arma, y disparaban proyectiles de 5,56 milímetros, lo que también coincide con el diámetro de la bala que mató a Ramos, según un informe de balística realizado por la policía peruana al que el Times tuvo acceso, además de la revisión de un experto forense que pidió resguardar su identidad al no tener permitido hablar del caso.

Minutos más tarde, y a una cuadra de distancia, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, cayó muerto producto de un disparo en la cabeza. El proyectil también coincidía con uno de 5 milímetros, tal como el que utilizan los fusiles de asalto militar Galil.

Un comunicado emitido por las autoridades el 16 de diciembre aseguraba que las fuerzas de orden habían sido atacados con “objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales”, presencia de armas que no pudo ser corroborada por The New York Times en los videos a los que accedió. Por otro lado, las dos víctimas estudiadas por el periódico estaban desarmadas, lo que contraviene el protocolo de que tenían que presentar “un peligro inminente de muerte o lesiones graves” para los soldados.

En Macusani, por otro lado, videos y grabaciones de audio permitieron al medio triangular a través del análisis de expertos en balística el uso de determinadas armas y la muerte de dos manifestantes, Sonia Aguilar Quispe y Salomón Valenzuela Chua, quienes se encontraban junto a un grupo de manifestantes en los cerros aledaños a una comisaría de la Policía Nacional.

En un registro tomado desde lo que parece ser el interior de la comisaría, se observa un agente disparando con un fusil de asalto Kalashnikov hacia el cerro, lo que fue cotejado junto a una transmisión en directo desde el lugar donde se captan seis disparos, coincidentes con el video.

La tanda ocurrió a las 17:50, y otro archivo muestra al grupo corriendo desesperado tras el sonido. Aguilar había recibido un disparo en la cabeza.

Robert C. Maher, experto en acústica de disparos de la Universidad Estatal de Montana en Bozeman, dijo al Times que “el sonido de los disparos era coherente con disparos de rifle dirigidos en la dirección general de los manifestantes”, mientras que Steven Beck, exasesor de acústica del FBI, confirmó al mismo medio que “la distancia del tirador coincidía con la ubicación de la comisaría”.

Dina Boluarte ha asegurado múltiples veces que la reacción de la policía y el Ejército han estado acordes a la Constitución, a las leyes y a los protocolos, culpando a delincuentes violentos y armados por las muertes. “Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, dijo el 24 de enero, luego de la muerte de 18 civiles en Juliaca. Según la mandataria, dichas personas estaban ligadas ideológica y económicamente al “narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”. Un mes después, Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores de Perú, dijo a The New York Times que el gobierno no contaba con pruebas de que las protestas estuvieran impulsadas por grupos criminales.

“No tenemos ninguna evidencia”, señaló Gervasi, aunque remarcó, como para suavizar sus dichos, que se hallarían las pruebas. “Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, acotó.