“#QuePasaconelSenado”, se denominaba la campaña en redes sociales -desplegada el 1 de julio de 2021, a tres días del inicio de la Convención Constitucional- por las diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo (actual ministra vocera de La Moneda) para criticar la demora de la Cámara Alta en la tramitación de varias iniciativas emblemáticas.

“Oye Cami, ¿qué pasa con las 40 horas?”, le decía Cariola a Vallejo en un video en las que ambas parlamentarias actuaban en una suerte de escena humorística, mientras se escuchaba de fondo la canción “Spanish Flea”, creada en los 60, que suele usarse en skechts televisivos y en dibujos animados.

“Está en el Senado”, le respondía la actual ministra.

Tras enumerar otras iniciativas entrampadas en la Cámara Alta, como el “impuesto a los súper-ricos” o el royalty minero, la escena finalizaba con ambas legisladoras levantando las manos, en señal de incredulidad, y diciendo al unísono: “¿Qué pasa con el Senado?”.

El video, viralizado por ellas y el PC, le propinó un golpe mediático al Senado, a pesar de que la entonces presidenta de corporación, Yasna Provoste, había cerrado recién un trabajoso acuerdo con el gobierno para mejorar el Ingreso Familiar de Emergencia.

A siete meses del inicio de esa anticampaña -que tuvo otro momento álgido cuando el senador electo del PC, Daniel Núñez llamó a “clausurar” el Senado, luego de que se rechazara la acusación constitucional contra Sebastián Piñera en noviembre del año pasado-, el fin de la institución y su reemplazo por una nueva entidad, que podría llamarse Consejo Territorial, aparentemente tomó vuelo en Convención, donde es apoyado por la mayoría de los constituyentes. El gran debate que viene ahora es cuánto tiempo de gracia se les dará a los actuales senadores antes de que se extinga su mandato.

Sin embargo, la discusión por el rol de la Cámara Alta no es nueva. De hecho, es una idea que evaluó proponer el Presidente Salvador Allende en 1971 y tiene raíces también en los gobiernos de la Concertación y en la propuesta programática del Frente Amplio.

En años recientes se presentaron al menos cinco mociones parlamentarias proponiendo el fin del Senado, una de ellas, incluso fue patrocinada por el actual Presidente Gabriel Boric en 2019, junto a un grupo de diputados del Frente Amplio y el PC.

Esa iniciativa, redactada por las diputadas de Comunes, Claudia Mix y Camila Rojas, era suscrita por Maite Orsini (RD), Patricio Rosas (ex-PS), Gonzalo Winter (CS), Boris Barrera (PC), Marisela Santibáñez (PC), Esteban Velásquez (FREVS), además del entonces legislador DC Raúl Soto (hoy presidente de la Cámara y militante PPD).

Aunque el Presidente no ha hablado muchas veces del tema, él siempre ha admitido que es partidario de un solo cuerpo legislativo. El 7 de marzo de 2020, en una discusión de redes sociales sobre dietas y el número de diputados, Boric escribió: “sobre disminución de parlamentarios, estamos por parlamento unicameral, que los disminuiría significativamente”.

El fin de semana, consultada por este debate, la ministra Vallejo llamó a la clase política a estar abierta a estos temas.

Al menos hace un par de años, las fuerzas que integraron la Concertación no solo estuvieron disponibles, también promovieron sistemáticamente iniciativas para poner fin al Senado.

El 11 de junio de 2015, por ejemplo, los socialistas Marcelo Schilling y Osvaldo Andrade (quien fue presidente de la Cámara y el PS) y el PPD Guillermo Ceroni presentaron una reforma de nueva Constitución que proponía un Congreso unicameral.

Meses antes, el 2 de octubre de 2014, el entonces presidente de la Cámara Aldo Cornejo (DC) había presentado otra moción en la que también planteaba una “Cámara única”. Su proyecto fue firmado por Yasna Provoste (DC), cuando aún no era elegida senadora. También suscribían la iniciativa los PPD Daniel Farcas y Ramón Farías, el PC Guillermo Teillier, el mismo PS Marcelo Schilling y otros falangistas como Juan Morano, Gabriel Silber y Ricardo Rincón, hermano de la expresidenta del Senado, Ximena Rincón.

Estas mociones recogían una crítica soterrada de diputados de la Concertación al Senado, con el que existía una rivalidad corporativa. De hecho, el diagnóstico viralizado por Vallejo y Cariola, de que los senadores dilataban discusiones, también era compartido en esos años.

En esa época, la Cámara Alta había frenado la tramitación de la reforma que ponía límite a la reelección, que había sido aprobada por los diputados en octubre de 2012 y cuyo objetivo principal era provocar un recambio político. Sin embargo, esa modificación solo fue posible tras el estallido social y gracias a una confusión interpretativa que llevó a varios senadores a votar a favor por error.

No obstante, el mayor esfuerzo para poner fin al Senado se dio en 2008. En lo que fue un tema rezagado de las reformas constitucionales de 2005, un grupo transversal de diputados de la Concertación y de la derecha promovió un debate jurídico con académicos y políticos para buscar alternativas frente al galopante descrédito del Congreso.

Así, el 3 de abril de 2008, la Cámara creó la Comisión Especial de Estudio del Sistema Político Chileno, que surgió a partir de un proyecto de acuerdo aprobado unánimemente en la Sala, donde uno de los temas fue la disyuntiva entre un Congreso unicameral o bicameral.

Ante esa comisión especial, expusieron intelectuales, docentes y figuras públicas como los expresidentes Eduardo Frei y Patricio Aylwin, quien en todo caso se declaró contrario a la idea de una sola cámara.

Pese a ello, según quedó claro en las exposiciones, que especialmente en la DC había un amplio apoyo a la idea del Congreso unicameral. Según informó en esa oportunidad el constitucionalista falangista, Patricio Zapata, en el Quinto Congreso Nacional DC (2006-2007), el partido se inclinó por ese modelo, junto a un régimen semipresidencial.

Después de esa comisión, el 30 de septiembre de 2008, un reconocido referente DC, el entonces diputado Jorge Burgos, en una alianza pocas veces vista con Marco Enríquez-Ominami (legislador PS en esos años), hicieron suya esa idea y presentaron una reforma para instalar un Congreso de una sola Cámara. “Vivimos en un mundo ágil y dinámico, en que la prontitud y oportunidad en la toma de decisiones es un factor fundamental de su eficacia”, argumentaba la iniciativa que también fue suscrita por los socialistas Sergio Aguiló, Marcelo Díaz, Marcelo Schilling y Carlos Montes (actual ministro de Vivienda), por los PPD Adriana Muñoz y Patricio Hales, el radical Fernando Meza y el DC Eduardo Saffirio.

Ese proyecto de 2008 desempolvaba, además, un dato histórico. En 1971, el entonces Presidente Salvador Allende también evaluó la posibilidad de eliminar el Senado.

“El sistema bicameral no responde a ninguna necesidad real y en la actualidad contribuye a dilatar la adopción de decisiones políticas oportunas, a dificultarlas artificialmente y a crear en la opinión pública una suerte de desconfianza y recelo frente al proceso de formación de la ley que se estima costoso, lento e ineficaz”, decía parte de la propuesta de Allende, que no solo fue citada por la moción de Burgos, ME-O y otros, también fue recordada en las iniciativas que impulsó Aldo Cornejo y en la que firmó Gabriel Boric en 2019.

Si bien todas esas mociones señalaban que Allende había enviado un proyecto de ley al Congreso, el constitucionalista PS, Francisco Zúñiga, aclara que en realidad esa propuesta, que llegó a la fase de anteproyecto, “nunca salió salió de La Moneda”.

Se trataba, explica, de un informe que elaboraron un grupo de juristas, la mayoría hoy fallecidos, encabezados por Eduardo Novoa Monreal, quien luego en un libro posterior sacó a la luz ese documento.

“Efectivamente la propuesta del Presidente Allende establecía un Congreso unicameral porque existía en aquella época una crítica al bicameralismo... Nuestro bicameralismo en sus inicios fue reflejo de una sociedad oligárquica. Este lastre se prolonga durante el Siglo XX y para la izquierda de los años 70, el Senado era una cámara oligárquica y superflua”, relata Zúñiga, quien precisa que la crítica histórica debe ser tomada de otra forma en la discusión que se está dando en la Convención Constitucional.

Según Zúñiga dada la conformación de un Estado regional, se requerirá la presencia de una Cámara que represente a las regiones, si no, en caso contrario, Santiago y Valparaíso arrasarán electoralmente y tendrán una mayor influencia en el Congreso debido a su mayor población.

Esa postura hoy es defendida institucionalmente por el PS, cuyo principal poder electoral radica en las regiones y actualmente se resiste a poner término a la Cámara Alta. Prueba del peso de los socialistas en regiones es que eligieron siete senadores y son la principal bancada de la izquierda en el Senado.

A diferencia, el Frente Amplio y el PC han ido consolidándose en Santiago y Valparaíso, por lo que el fin del Senado no solo es un objetivo estratégico para dinamizar reformas legales, también podría ser favorable para sus intereses electorales.