La hora de Poblete: Comisión de Inteligencia cita a juez que autorizó la Operación Topógrafo y pide su testimonio ante fiscal

El 23 de noviembre del año pasado, el ministro Juan Antonio Poblete, hasta entonces integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, recibió un duro golpe proveniente de sus superiores: la Corte Suprema resolvió trasladarlo a Copiapó, pues, en septiembre, había sido sancionado por el retraso en la redacción de 80 fallos.

“Se acreditó que se encuentra en la imposibilidad manifiesta de ejercer su función en esa corte, en atención a su elevada carga laboral”, sentenció el máximo tribunal. Poblete, entonces, debió salir de la capital y radicarse en Copiapó, lejos del Palacio de Tribunales, pero también de los alcances de una causa que lo persigue: la Operación Topógrafo.

El caso, revelado en agosto de 2019 por La Tercera, daba cuenta de intervenciones telefónicas, en 2017, a los exfuncionarios del Ejército Rafael Harvey, Carlos Farías, Juan Pablo y Sergio Tudesca, quienes denunciaron ante la justicia militar una serie de ilícitos vinculados al fraude en la institución. En ese mismo artículo se señaló que la Dirección de Inteligencia de la entidad castrense bautizó como “Operación W” los seguimientos a las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel.

El ministro que autorizó esas interceptaciones fue el juez Poblete, quien incluso declaró en la Comisión de Inteligencia de la Cámara para explicar por qué había dado luz verde a estos “pinchazos”, en 2019. En paralelo, el Ministerio Público ya había abierto una indagatoria, a cargo del fiscal Centro Norte, Jaime Retamal.

El 29 de marzo de este año, Ciper publicó documentos en que se detallaba que el nombre de Weibel no venía en el documento -firmado por el director de Inteligencia del Ejército en 2017, Schafik Nazal-, en que se solicitaba intervenir su teléfono. Solo estaba su número telefónico, pero no estaba identificado con nombre y apellido.

A dos años de iniciada la causa, pero ahora con la publicación de Ciper, la Comisión de Inteligencia del Estado de la Cámara decidió retomar su investigación. Aunque Poblete ya había entregado su testimonio, los diputados volvieron a citarlo para martes 20 de abril.

Misma pretensión, pero en sede penal, tiene la defensa del general (R) Nazal -pasó a retiro el año pasado, luego de dejar el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército-, representada actualmente por el abogado Mario Vargas. El profesional, consultado por La Tercera PM señaló que “esta investigación se ha dilatado de manera innecesaria por casi dos años. Al Ministerio Público le basta realizar una diligencia esencial para concluir esta causa y es tomarle declaración al ministro Juan Antonio Poblete, que es lo que hemos solicitado al fiscal. Él fue quien autorizó todas las solicitudes de intervenciones telefónicas y tiene certeza de que todas fueron apegadas a la Ley. No hubo ningún engaño”.

Vargas agrego que “Poblete entregó todos los antecedentes a la Comisión de Inteligencia de la Cámara, antecedentes que en su momento fueron analizados en dicha instancia, estableciéndose así que no existió ninguna irregularidad. Hemos solicitado a la fiscalía, además, tomarle declaración al presidente de la comisión, el diputado Osvaldo Urrutia, y que la comisión entregue los antecedentes aportados en la comisión y así poner término a esta injusta investigación seguida en contra de mi representado”.

La Tercera PM se contactó con el ministro Poblete, pero este no atendió las consultas de este medio.

El general Nazal (R), luego de ser director de Inteligencia del Ejército, asumió como jefe del Estado Mayor, puesto clave en la institución, quedando como segundo a bordo del Alto Mando, tras el comandante en jefe, Ricardo Martínez.

Desde el círculo cercano del uniformado en retiro han manifestado que las intervenciones telefónicas fueron solicitadas, pues se estaba filtrando información de la Ley Reservada del Cobre que no debía ser pública. Esa misma explicación es la que se comenta al interior del cuerpo de generales del Ejército, descartando un engaño al juez Poblete, con quien, reconocen, siempre mantuvieron una buena relación laboral.

Nazal declaró el 24 de octubre de 2019 ante el fiscal Retamal. Esa vez llegó acompañado de su abogado de entonces, Jean Pierre Matus, donde entregó su versión de lo ocurrido: “Puedo decir que niego que traté de engañar al ministro de la Corte de Apelaciones, que otorgó las autorizaciones, él estuvo de acuerdo conmigo y autorizó las interceptaciones telefónicas”, dijo ese día ante el Ministerio Público.

De ahí en más, el entonces general activo se amparó en la Ley de Inteligencia, dado que los antecedentes del caso son secretos: “En relación a todo lo que extensamente se me consulta, sobre detalles de la Operación Topógrafo, solo puedo señalar que se actuó bajo el amparo de la Ley 19.974, y estoy obligado a guardar silencio en relación a lo que se refiere la operación”, manifestó.

Sin embargo, podría haber una segunda declaración del general (R). Su defensa solicitó levantar el secreto de la Ley de Inteligencia para que declare y ahonde en los detalles de la Operación Topógrafo. Según explicó el abogado Mario Vargas, el requerimiento ya fue acogido por el fiscal.