Una dura mañana tuvieron los diputados y miembros de la mesa nacional del Frente Amplio. En la habitual cita de los lunes, los presidentes de las colectividades analizaron la situación interna del bloque, luego de que no pasaran más de dos días para que el conglomerado retrocediera en la definición de llevar un candidato propio a la primera vuelta presidencial.

La decisión se había tomado el viernes en una reunión que se celebró en el Congreso Nacional y que duró cerca de ocho horas. En ese sentido, tras en la cita - en la que participaron los presidentes, parlamentarios y la excandidata presidencial del bloque, Beatriz Sánchez- los dirigentes redactaron un documento en el que plasmaron algunas de las definiciones del encuentro. “En relación a la campaña presidencial, el FA definió llegar con candidato propio a la primera vuelta de noviembre de 2021, abriendo la posibilidad de realizar una primaria presidencial dentro de la coalición”, sostenían en el texto.

Sin embargo, ante las críticas del resto de los partidos de la oposición y la presión interna de sus bases -las que no habrían sido consultadas-, los representantes de las colectividades del FA decidieron salir a matizar sus decisión, señalando que aún no estaban descartadas las primarias con el resto de la oposición. Ese mensaje, de hecho, fue la orden comunicacional que entregaron desde la mesa nacional del bloque.

Así, esta mañana, los dirigentes del FA sostuvieron una dura reunión en esa instancia, marcada por recriminaciones y críticas cruzadas. “Nos sacamos los ojos”, decían desde la mesa tras la cita.

Según algunos de los presentes, en la reunión, los frenteamplistas señalaron que había sido un “error” que quedara la definición presidencial plasmada en el texto. Sin embargo, otros dirigentes le “recordaron” a sus pares que sus propios jefes de bancada habían dado el visto bueno al escrito, luego de la cita donde habían estado todos presentes.

En ese sentido, desde algunos sectores, como el PL y Comunes, criticaron la estrategia que se había tomado al “matizar” las definición del viernes, pero desde distintas perspectivas. Por un lado, los liberales habrían sostenido que ante la situación deberían haber matizado aún más, dando un giro total desde la definición original. Mientras que desde Comunes habrían señalado que el bloque no debió optar por esa línea.

Asimismo, la situación también se conversó al inicio de la reunión de bancada de RD, donde, según presentes, si bien no hubo recriminaciones entre los parlamentarios, sí lamentaron que el bloque se viera inmiscuido en una situación de desorden.

Cuando asumió su segunda administración Michelle Bachelet, militantes de la entonces naciente Revolución Democrática se incorporaron a trabajar en el Ministerio de Educación y otras reparticiones de ese gobierno.

En ese entonces, RD postulaba la “colaboración crítica” con las reformas estructurales de Bachelet. Así militantes como Gonzalo Muñoz y Miguel Crispi, se integraron al equipo de Nicolás Eyzaguirre, pese a cuestionamientos internos y de algunos partidos que formaban parte de la Nueva Mayoría y que los acusaban de “oportunistas”.

Efectivamente la colaboración de los militantes de RD se extendió por un periodo importante e incluso muchos apuntan a su gran influencia en la construcción de proyectos e iniciativas legales. No obstante, finalmente estos renunciaron a su puestos en el gobierno en momentos en que el gobierno ya no contaba con el respaldo ciudadano del inicio de la gestión.

Un arduo debate interno se generó a fines de 2017 en el Frente Amplio ante la decisión de apoyar o no la candidatura de Alejandro Guillier (Nueva Mayoría) para la segunda vuelta presidencial.

¿La salida? Una conferencia de prensa con una decisión a la que muchos cuestionaron su falta de claridad. ¿El resumen? No entregaron un apoyo explícito a Guillier, pero lo emplazaron a acoger las demandas de su programa y convocaron a la gente a votar en contra de Sebastián Piñera.

“No nos da lo mismo quien gobierne”, dijo entonces la derrotada candidata presidencial Beatriz Sánchez pero sin mencionar un respaldo al independiente.

De ahí en más, a cuenta gotas se fueron sumando respaldos individuales desde el Frente Amplio a la candidatura de Guillier. Sin embargo, en la ex Nueva Mayoría aún resienten la falta de un apoyo explícito y responsabilizan que esto haya permitido la victoria amplia de Sebastián Piñera en el balotaje.

Una crisis al interior del Frente Amplio provocó la reservada reunión que, a mediados de septiembre de 2018, había sostenido los diputados Gabriel Boric (Convergencia Social) y Maite Orsini (RD) con Ricardo Palma Salamanca, el condenado por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán en 1991.

Por esos días, Palma -prófugo de la justicia desde 1996- tramitaba una solicitud de asilo ante la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra), beneficio que finalmente obtuvo el 31 de octubre de ese año.

“A través de la representante de la familia Palma-Brzovic, María Paz Santibáñez, surgió la posibilidad de, en el intertanto de una escala en París en el regreso de un viaje oficial a Palestina, poder reunirse con Ricardo Palma para escuchar su historia”, sostuvo, en ese entonces, Boric a este medio.

De esta manera, en el bloque -quienes se enteraron “por la prensa” de la reunión- criticaron que no hayan comunicado del hecho a la interna e, incluso, desde el partido de Orsini señalaron que la decisión de asistir a la cita había sido “a título personal” y la calificaron como una “imprudencia”.

“Fue una decisión individual cuando debió haber sido colectiva”, manifestó la diputada luego de la polémica.

El 15 de noviembre de 2019, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) terminó firmando “a título personal " el acuerdo que permitió viabilizar el plebiscito constitucional. La decisión del parlamentario generó una fuerte controversia interna y terminó con la salida de centenares de militantes de esa colectividad, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Entonces, se le cuestionó al dirigente haber contravenido una decisión partido al firmar el pacto con el oficialismo, esto a pesar de que los principales dirigentes participaron de las negociaciones que se desarrollaron en la sede de Santiago del Congreso.

Pero no solo las complicaciones escalaron a nivel interno en Convergencia Social. La situación generó una crisis del bloque y terminó desencadenando la salida de colectividades y movimientos del Frente Amplio.

Por ejemplo, el Partido Ecologista Verde realizó un plebiscito interno donde, por amplia mayoría, decidió salirse del bloque por la decisión tomada por Boric y Revolución Democrática. También el Partido Humanista dejó el Frente Amplio cuestionando en duros términos a los sectores que respaldaron el acuerdo constitucional.

4 de diciembre de 2019. A dos meses del estallido social, parte del Frente Amplio aprobaba en general el proyecto impulsado por el gobierno en la Cámara de Diputados denominado “ley antisaqueos”. La normativa buscaba modificar el Código Penal tipificando nuevos delitos como la alteración de la paz pública y aumentaba las penas en el caso de los saqueos y fue ratificada por 127 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. La normativa había sido cuestionada por sectores de la izquierda por buscar “criminalizar la protesta social”. Y pese a que el sector rechazó varias disposiciones en particular, sí dio sus votos para legislar en la materia, lo que le valió duras críticas en redes sociales.

Tras la polémica que se armó en torno a la supuesta “complicidad” del bloque con La Moneda, finalmente tanto Gabriel Boric como Giorgio Jackson salieron a admitir que se habían equivocado al votar como lo hicieron.

”Hemos estado siempre y desde el día uno con la protesta social”, dijo en esa oportunidad el diputado Boric y agregó que “viéndolo en perspectiva, se podría haber hecho de otra manera porque lo que nosotros pretendíamos era dar una señal clara en contra de los saqueos, que se han producido por ejemplo, en La Cisterna (...) en donde tenemos a trabajadores y trabajadoras que son del pueblo que apoyan la movilización, tremendamente angustiados por lo que ha sucedido frente a bandas organizadas”.El legislador por Magallanes subrayó que, “sin embargo, comunicacionalmente esto no se logró y me parece importante hacer una autocrítica al respecto y decir de que debiéramos no haber aprobado en general ese proyecto”.

Jackson, en tanto, advirtió que “hemos llegado a la conclusión de que nos equivocamos, porque con la excusa de los saqueos, el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de formas de protestas”. El hito le valió críticas de parte de la propia oposición, desde donde se le acusó al Frente Amplio de legislar con el termómetro de Twitter.

La mañana del sábado 25 de julio, los diputados del Frente Amplio y Renovación Nacional, se reunieron con el Alejandro Barra, el padre de Antonia, la joven cuyo caso había impactado al país luego de que se suicidara tras denunciar una violación.

En el lugar, los parlamentarios -entre quienes estaban los frenteamplistas Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (Convergencia Social) y Marcelo Díaz (Unir), además de los RN, Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat y Paulina Núñez- anunciaron que ingresarían un proyecto denominado “ley Antonia” y entregaron las primeras luces de una propuesta que, minutos más tarde, encendería las alarmas de su coalición.

Así, algunas diputadas y otras dirigentas de los frentes feministas de las colectividades salieron en redes sociales a cuestionar duramente la iniciativa, la que calificaron como “populismo penal”. Esto, debido a que el proyecto apuntaba a aumentar las penas y, según ellas, tendría algunas disposiciones que irían en contra de los estándares fijados por el sistema interamericano de DD.HH.

Además, el texto original proponía excluir a los imputados por violación o abuso sexual del beneficio de sustitución de la pena, además de modifcar el decreto sobre libertad condicional para incluir dichas conductas en las que se requieren haber cumplido ⅔ del tiempo para acceder al beneficio.

Así, ante la presión interna, los parlamentarios se vieron obligados a modificar drásticamente su propuesta inicial e ingresar un texto completamente distinto. En ese sentido, los diputados solo mantuvieron aquellas disposiciones que elevaban el plazo de prescripción de delitos de abuso secual de 5 a 10 años y la tipificación de la incitación al suicidio, además de algunas medidas para prevenir la revictimización durante el proceso judicial.