La labor de los activistas de derechos humanos galardonados con el Nobel de la Paz 2022 que le aguaron el cumpleaños 70 a Putin

El activista bielorruso Ales Bialiatski, la ONG rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania fueron reconocidos hoy con el Premio Nobel de la Paz 2022, en un galardón con el que el Comité Noruego quiso reconocer la labor de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos en esos tres países, en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania que también ha involucrado a Bielorrusia.

“Los galardonados con el Premio de la Paz representan a la sociedad civil en sus países de origen”, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel. “Durante muchos años han promovido el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Después del anuncio del Nobel varios observadores rusos señalaron que el premio se recibe justo para el 70º cumpleaños del Presidente Valdimir Putin y el 16º aniversario del asesinato de Anna Politkovskaya, una periodista rusa que relató los crímenes adjudicados al gobierno del líder del Kremlin.

En el caso de Bielorrusia, el jurado reconoció el trabajo de Bialiatski, un activista y uno de los principales nombres de la oposición al actual Presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, aliado de Putin.

El abogado, que se ha dedicado a promover la democracia y el desarrollo pacífico en Bielorrusia, fue uno de los fundadores del movimiento democrático que surgió en el país a mediados de la década de 1980. En 1996 fundó la organización Viasna en respuesta a las polémicas enmiendas constitucionales que dieron los poderes dictatoriales de Lukashenko y que desencadenaron manifestaciones generalizadas.

Viasna brindó apoyo a los manifestantes encarcelados y sus familias, y en los años siguientes evolucionó hasta convertirse en una amplia organización de derechos humanos que luchó contra la tortura de los presos políticos. Las actividades de Bialiatski no pasaron desapercibidas para el régimen, por lo que el abogado estuvo detenido de 2011 a 2014. En 2020, tras las manifestaciones contra el régimen, fue arrestado nuevamente y permanece detenido sin juicio.

El Centro para las Libertades Civiles en Ucrania, por su parte, fue fundado en Kiev, en 2007, y dirigido por la activista por los derechos humanos Oleksandra Matviichuk, con el objetivo de promover los derechos humanos y la democracia en el país. Se dio a conocer después de la anexión de 2014 de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia, a la que siguió un conflicto armado con separatistas apoyados por Moscú en el este del país. La ONG lanzó una campaña internacional para reclamar la liberación de presos ucranianos víctimas de detenciones arbitrarias por rusos y separatistas prorrusos.

El centro tomó una posición para fortalecer la sociedad civil ucraniana y presionó a las autoridades para hacer de Ucrania una democracia de pleno derecho. Para transformarla en una nación gobernada por el Estado de derecho, el Centro para las Libertades Civiles ha abogado activamente para que el país se una a la Corte Penal Internacional. El grupo se encuentra “desempeñando un papel pionero con miras a que los culpables rindan cuentas por sus crímenes”, dijo Reiss-Andersen.

Después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, la entidad trabaja para identificar y documentar los crímenes de guerra rusos contra la población civil ucraniana, en colaboración con socios internacionales. El personal principal del Centro para las Libertades Civiles está compuesto casi en su totalidad por mujeres.

Mientras, Memorial es una organización de derechos humanos proscrita por el Kremlin el año pasado, que ha pasado décadas tratando de obligar a Rusia a aceptar su pasado totalitario y, en el proceso, iluminó los crímenes de su presente cada vez más represivo.

Cofundado por Andrei D. Sakharov, físico y Premio Nobel de la Paz en 1975, Memorial surgió de un movimiento popular en los últimos años de la Unión Soviética para conmemorar a las víctimas del terror de Stalin. Documentó el Gulag y las cámaras de tortura de la KGB mediante la publicación de libros de historia, la educación de escolares, la organización de exhibiciones e incluso ofreciendo recorridos históricos a pie por el centro de Moscú para revelar los horrores del pasado de Rusia que, de otro modo, estaban ocultos detrás de las fachadas remilgadas de la ciudad.

Pero con el ascenso de Putin, decir la verdad sobre la historia de Rusia se convirtió en un negocio peligroso, y revelar los crímenes históricos del Kremlin puede bordear la traición.

El presidente de la sucursal de Memorial en la república rusa de Karelia descubrió un campo de exterminio donde miles habían perecido a manos de la policía secreta de Stalin. En 2020, ese historiador, Yuri Dmitriev, fue declarado culpable de cargos de abuso sexual que se consideraron ampliamente como una represalia por su trabajo; ahora cumple una condena de 15 años de prisión.

A fines del año pasado, el Kremlin cerró Memorial. Su Centro de Derechos Humanos, una rama que se centró en los crímenes actuales, “justifica las actividades terroristas”, dijeron los fiscales de Moscú. Si bien algunos miembros del personal de Memorial han abandonado el país, otros permanecen en Rusia y luchan en los tribunales para evitar que el gobierno se apodere de sus oficinas en el centro de la capital. Justo hoy se llevó a cabo una audiencia en ese caso. “En el mismo momento en que el mundo entero nos felicita por el Premio Nobel, se celebra un juicio en el tribunal Tverskoi (de Moscú) para apoderarse de los locales de Memorial”, denunció el centro de derechos humanos de esta organización.