La negativa del Vaticano a entregar información que motivó la inédita incautación de la Fiscalía

Tal como informó La Tercera PM durante esta jornada, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, encabezó una histórica incautación de archivos eclesiásticos de religiosos acusados de abusos sexuales contra menores, tanto en Santiago como en Rancagua. La decisión fue coordinada con la Fiscalía Nacional y se tomó luego de que la Iglesia se negara a entregar la información originalmente requerida respecto de personas investigadas en la diócesis de Rancagua, argumentando que existía secreto pontificio.

A fines de mayo, el fiscal adjunto Sergio Pérez Nova, requirió al obispo de Rancagua, Alejandro Goic, que remitiera el total de las investigaciones realizadas en esa diócesis desde el año 2003 a la fecha que se hubiesen iniciado por la vulneración a la integridad e indemnidad sexual de menores de edad. En lo específico, se requirió la entrega de las llamadas investigaciones de carácter previo, que son las denuncias que tras una indagatoria preliminar son desestimadas, y también aquellas que llegaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que hubiesen terminado o no con sanciones canónicas.

El requerimiento del fiscal Pérez se sustentaba en que, tal como señala la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011, el abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil, concepto que ha sido reforzado en distintas intervenciones y que de hecho hoy el enviado papal y arzobispo de Malta, Charles Scicluna, relevó al asegurar que "debemos como Iglesia colaborar con la justicia civil. El abuso de menores no es solo un delito canónico, sino un delito civil. El bien común de la Iglesia y de la sociedad convergen en la tutela del menor".

Pues bien, en la petición de información a la Iglesia se hacía hincapié en que para el desarrollo de la acción penal era indispensable la entrega de la información solicitada.

En este escenario, el obispo Goic remitió la solicitud a Roma, específicamente a monseñor Luis Ladaria, Arzobispo Titular de Thibica y Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. El prelado le explicó la "dolorosa situación" por la que atravesaba su diócesis "después de la difusión de un programa de televisión -de Canal 13- acusando a un grupo de nuestros sacerdotes y exhibiendo imágenes grotescas de uno de ellos", y le señaló que existía un proceso judicial en curso, en el que había declarado como testigo. Por lo mismo, arguyó, era relevante la colaboración con las autoridades que estaban haciendo una solicitud general de datos.

Goic, sin embargo, pidió levantar el secreto sólo respecto de dos casos. El del presbítero Carlos Manríquez Rebolledo, quien en 2016 había sido condenado por un caso de abuso sexual infantil, y el diácono de Las Cabras, Luis Rubio González.

El nuncio Ivo Scapolo fue el encargado de entregar la respuesta enviada desde la Santa Sede a Goic. El 5 de junio pasado, mediante un correo electrónico, Scapolo le adjunta la respuesta, en la que señala que "no es la práctica habitual de esta congregación (la) de autorizar a los Ordenados a hacer excepciones con respecto a las causas sujetas al secreto papal. Por lo tanto si la fiscalía regional considera necesario avanzar, podrá enviar la carta de solicitud internacional y este ministerio responderá".

Tras ello, se activó el procedimiento que fue coordinado con la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar , y dada su relevancia, fue puesto en conocimiento del Fiscal Nacional Jorge Abbott. De hecho, Abbott tienen agendada para hoy una reunión con el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote Jordi Bertomeu, los enviados especiales del Papa Francisco, quienes ya anunciaron la creación de una oficina del Vaticano en Providencia, destinada a recibir denuncias de casos de abusos.

Lo que buscaba la Fiscalía con la operación de esta mañana, en ambas reparticiones, eran todas las investigaciones realizadas desde el año 2007 hasta hoy por parte de la Iglesia en que hubieran víctimas menores de edad de abusos sexuales u otros ilícitos por parte de los sacerdotes de las diócesis de Rancagua. También se incluyó a religiosos que no son parte de esta repartición, pero que habrían cometido ilícitos en la zona.

La orden aprobada por tribunales y ejecutada con personal del OS9 de Carabineros, incluyó tanto las acusaciones que llegaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que recibieron sanciones canónicas, como aquellas que constan en los archivos de la curia de la diócesis de Rancagua o que están en poder del promotor de justicia asignado a cada investigación o del actual promotor de justicia de la diócesis de Rancagua, Marcelo Antonio Lorca Rodriguez. También las que pudieren estar en manos del canciller y notario de esta diócesis, Héctor Pulgar Quintanilla, o del Vicario Judicial de Rancagua, don Juan Luis Ysern de Arce. En Santiago, en tanto, se buscaba la misma información respecto del imputado Óscar Muñoz Toledo. En todos los casos, se dio cuenta de que no se daría lugar a las 48 horas que beneficia, entre otros, a recintos uniformados y a la Iglesia frente al requerimiento de información de la Fiscalía.

Cabe consignar que Arias había iniciado por oficio una investigación en contra de Muñoz Toledo, quien se desempeñó como canciller del Arzobispado de Santiago y párroco de la Iglesia Jesús de Nazareth en Estación Central, luego de que se conocieran acusaciones de abuso sexual contra cuatro jóvenes de Rancagua. En la zona existen 14 religiosos suspendidos por eventual comportamiento impropio y, en algunos casos, abusos de menores. Por esta última causa, el obispo de la Región, Alejandro Goic, renunció a la presidencia de la Comisión para la Prevención de Abusos Sexuales.

En Chile no se había producido una incautación como la que encabeza Arias. En Boston, en 2002, la arquidiócesis se rehusó a revelar las carpetas de sacerdotes investigados por abusos sexuales y el Boston Globe los llevó a la corte civil, que obligó a la entrega de los papeles. Así fue como quedó en evidencia que por décadas los obispos habían protegidos a los abusadores sexuales dentro de la curia.