La noche también cae sobre la Cámara: Acuerdo en la Convención “jubilaría” a 65 actuales diputados

Sólo los 90 diputados nuevos que asumieron este año no corren peligro. Los otros 65 legisladores veteranos que integran la Cámara están en vilo y, a juicio de algunos convencionales, corren serio riesgo de verse impedidos de competir en una nueva elección parlamentaria.

Si bien el acuerdo, que se logró por un grupo de convencionales en la comisión de Sistema Político, le propinó su principal golpe al Senado (que derechamente desaparecería y sería reemplazado por una Cámara de las Regiones, entidad con menos poder político y atribuciones legislativas), a los actuales diputados y diputadas también les aplicaría una restricción.

“Los diputados y diputadas (...) podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período”, dice el artículo 12 del acuerdo suscrito por la mayoría de los colectivos de la Convención Constitucional, lo que supone que ya tendría una mayoría de 103 votos para ser aprobado en el pleno. Esta disposición reduce a dos mandatos el actual límite a la reelección de tres períodos continuos, establecido en una reforma constitucional de 2020.

Si se llega a aplicar esta norma, tal cual está redactada, incidiría en un descabezamiento masivo de la actual Cámara, ya que afectaría a sus principales liderazgos. En esa situación en suspenso está toda la mesa de la Cámara, encabezada por Raúl Soto (PPD), Alexis Sepúlveda (PR) y Claudia Mix (Comunes). También casi todos los jefes de bancada como Marcos Ilabaca (PS), Gonzalo Winter (Frente Amplio), Carolina Marzán (PPD), Karol Cariola (PC), Vlado Mirosevic (Liberal), Francisco Undurraga (Evópoli), Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI), Cristóbal Urruticoechea (Republicano), además de otras figuras como Pamela Jiles, el independiente-PPD René Alinco, los DC Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto, los RD Catalina Pérez y Jorge Brito y los socialistas Daniella Cicardini, Leonardo Soto, Raúl Leiva y Jaime Naranjo, entre otros. Los PS serían los principales afectados, al generarse una inhabilidad para siete de sus trece miembros del comité.

Algunos convencionales, en todo caso, creen que esta restricción debiera comenzar a aplicarse a partir de la próxima elección parlamentaria, ya que el “Congreso de Diputadas y Diputados” es una institución nueva y distinta a la actual “Cámara de Diputadas y Diputados”.

Sin embargo, según creen otros convencionales y actuales parlamentarios, la redacción pone un límite al “cargo” y, en este caso, los diputados tendrían continuidad entre la actual Carta Fundamental y el posible futuro texto constitucional, como los alcaldes o el mismo Presidente de la República. En ese sentido, el caso de los diputados sería distinto al de los senadores que serían reemplazados por los “representantes regionales”, si finalmente esta propuesta es aprobada en el Pleno y ratificada en el plebiscito de salida.

Este choque de interpretaciones llevaría a que una repostulación de un diputado con más de un período se judicialice en tribunales electorales, dependiendo del criterio que fije el Servicio Electoral y finalmente, como última palabra, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). No obstante, los costos y los riesgos de que el Tricel baje una candidatura son altos, ya que esa postulación fallida no puede ser reemplazada.

Para despejar este nudo, hay coincidencia, entre los convencionales que redactaron el acuerdo, que se necesitará una disposición transitoria para precisar la lectura. Ello, a su vez, requerirá de un consenso adicional, para reunir 103 votos en el pleno.

El problema, según admite un constituyente, que prefiere mantener el anonimato, es que será difícil encontrar piso entre los colectivos para aprobar una norma “pro-diputados” con el fin de concederles un período de gracia. Si 53 convencionales se oponen, sería rechazada esa disposición transitoria para permitir una reelección más a aquellos diputados. Ese hecho, marcaría un antecedente interpretativo de que no hubo voluntad del constituyente para facilitar esa repostulación. Ese rechazo expresado en una votación, incluso, puede ser decisivo para que los tribunales electorales interpreten el límite a la reelección en forma restrictiva a los actuales legisladores.

El convencional del PC, Marcos Barraza, uno de los gestores del acuerdo, cree que la restricción debiese contabilizarse a partir de la próxima elección, pero señala que si existe preocupación, propone resolverlo en una norma transitoria. “Entendiendo que es un nuevo sistema político debiese resetearse y no correrían para atrás los períodos anteriores, pero es una discusión abierta”, comenta Barraza, quien aclara que inicialmente el PC concurrió “al acuerdo con la idea de que un parlamentario pudiese tener tres períodos, pero nuestra posición fue de minoría y quedó en dos períodos”.

El convencional de RN Manuel José Ossandón expresa que una norma transitoria debiera resolver la interpretación, “pero si ello no resulta, me da la impresión de que los actuales diputados, que ya tienen más de un período, no podrían ir a la reelección”.

El constituyente independiente Renato Garín, quien no adhirió al acuerdo, dice que “la aplicación estricta” de esa norma prohibiría la repostulación en esos casos y abriría una “etapa de judicialización ante los tribunales electorales, promovida por desafiantes, que no sería raro que fueran constituyentes yendo a campañas de diputadas y diputados”. “Lo que hay detrás es un espíritu de reemplazar de cuajo a la clase política”, comenta.

El jefe de bancada de diputados de RN, Andrés Longton, lo ve como una mala señal, ya que limitar la reelección a solo dos períodos “sería desaprovechar experiencia” y podría generar “inestabilidad en el sistema”.

El diputado socialista Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución, señala que es una norma “muy sorpresiva”. “Es un traje a la medida de los constituyentes para que puedan ser candidatos al parlamento una vez que terminen su trabajo en la Convención. Puede significar un corte abrupto de las carreras de parlamentarios que tienen amplio respaldo ciudadano, como Karol Cariola”, añade.

De hecho, el actual límite a la reelección a tres períodos ya había generado un brusco recambio del Congreso. El problema es que los diputados, que se vean impedidos de postular, ya no podrían dar un salto directo al Senado, pues ya no existiría como tal y la nueva segunda cámara tendría elecciones recién tres años después.

Si el límite se mantuviera en dos reelecciones (contando los mandatos anteriores), solo 9 diputados quedarían inhabilitados de repostular (entre ellos, igualmente Cariola, Cicardini y Leonardo Soto), ya que los otros 56 legisladores recién están en su segundo período.