La réplica de abogados a idea de la UAF para que reporten operaciones sospechosas: “afecta el secreto profesional”

Es algo que se está conversando en cafés, bares y a través de WhasApp en donde los últimos días se multiplican los mensajes en que se comparte la idea lanzada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, quien en entrevista con diario El Financiero dijo que abogados y contadores deberían ser incluídos en los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. En algunos profesionales la propuesta vulneraría el secreto profesional, y por ende el derecho a defensa, resguardados en la actual y nuevo texto constitucional. En otra vereda, hay quienes están más abiertos y en el debate plantean que cualquier iniciativa de ese tipo debe ser muy bien regulada.

Las primeras reacciones vinieron del Colegio de Abogados. El presidente del gremio, Ramiro Mendoza, consultado por La Tercera PM, reconoció que “el Colegio ve con preocupación que declaraciones de este tipo, pues nos dejen con una carga personal, en circunstancias que es algo que no está afinado, ni cuenta con reglas formales y sustantivas”.

Para el dirigente, lo propuesto por el director de la UAF -quien asumió en mayo de este año- “afecta y pasa a llevar el secreto profesional. Este instructivo lo que requiere es una larga discusión legal en el Congreso para posteriormente transformarse en ley”.

Con todo, lo que propone la UAF es algo que ya funciona en otras partes del mundo, según explicó Pavez, algo en lo que también coincide el abogado Juan Carlos Manríquez. “Hace algunos años, el consejo de Europa y el parlamento europeo plantearon propuestas de directivas en el sentido de que los abogados fueran dobles sujetos de interés para la prevención del lavado, esto es, como sujetos propios de investigación criminalística si se convertían en agentes, cómplices o colaboradores del lavado de dinero”, dice.

Manríquez, sin embargo, advierte que es una discusión sensible que tiene que definirse de buena manera. Esto, pues, “el problema principal se produce porque el reporte de una operación sospechosa, conforme a la Ley 19.913, esto es aquella que carece de justificación jurídica, económica o comercial, podría llevar al abogado a tener que denunciar a su cliente, si es que decide aceptar su encargo, cuestión que lo pondría también en la tesitura de cometer el perjurio o bien la violación de secreto propia del abogado, que se conoce como prevaricación del abogado, al revelar secretos propios de su cliente”.

Y es acá, donde gran parte de los abogados coinciden, ya más allá del gremio, sino como opiniones personales. La abogada penalista Catherine Lathrop señala que “la iniciativa no me parece que vaya en una línea correcta, porque la relación abogado-cliente es una relación confidencial, sujeta al secreto profesional y ello está resguardado, además por el derecho a defensa. Desde esa perspectiva, afecta gravemente los derechos de las personas que se representan y, adicionalmente, vulnera el secreto profesional”.

Es la Ley 19.913 la que creó la UAF y la que regula el delito de lavado de activos, donde se definió que una operación sospechosa es “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”.

Por lo mismo, distintas organizaciones deben reportar obligatoriamente cuando están ante una operación sospechosa. Lo hacen, por ejemplo, los bancos, los agentes de valores, las compañías de seguros, los administradores de fondos mutuos, las sociedades administradoras, los usuarios de zonas francas, entre otros. Y es ahí donde se quiere incluir a abogados y contadores.

El abogado Ciro Colombara, por ejemplo, no es tan crítico de la medida. “En términos generales, es correcto ampliar los sujetos activos obligados a reportar operaciones sospechosas y eso incluye, en ciertos casos, a los abogados. Sin embargo, en otros países se han cometido errores graves al ampliar excesivamente esta obligación, por lo que es necesario regular esta materia cuidadosamente y de manera conjunta o con la participación del mundo legal”, asegura.

Algo similar cree la abogada Joanna Heskia. “Nos acerca a los estándares internacionales, sin embargo, se debe ser cuidadoso, limitar y precisar las operaciones que serán incorporadas, en general relativas a operaciones financieras y comerciales. Asimismo, se debe precisar de manera muy clara y no interpretable, los límites del secreto profesional. Por último, las exigencias deber ser distintas y acordes al tamaño del estudio de abogados en cuestión”, apunta.

Si bien lo expuesto por el director de la UAF es una intención que debe traducirse en materia legal, desde el gremio de los abogados estarán atentos a cómo se traduzca esta idea en el papel, donde será clave la posición que adopte el Ministerio de Hacienda. Desde los pasillos de tribunales, mirarán con interés.