La ruta con que los Tralcal lograron su libertad dominical y el rol clave de una sicóloga que habla mapudungún

Luis Tralcal y José Talcal

Los primos José y Luis Tralcal -condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay- lograron que el consejo técnico del centro penitenciario especial en el que se encuentran privados de libertad en Victoria les concediera el beneficio de salida dominical y, además, cada tres meses poder contar con hasta siete días para salir del recinto. Pese a que la solicitud había sido rechazada previamente, una jugada de sus defensores en el Tribunal de Garantía de Temuco consiguió que el informe sicológico que exige dicha instancia fuera realizado por una profesional con "competencia multicultural". Con ese documento a su favor, ambos consiguieron la luz verde para volver a las calles, aunque sea solo cada siete días.


El camino para que los comuneros mapuches José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel lograran que el consejo técnico del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria les concediera el beneficio de salida dominical trimestral tuvo su origen en una serie de recursos de amparo que los primos Tralcal presentaron en la Corte de Apelaciones de Temuco.

Ambos están cumpliendo una pena de 18 años, luego de que fueran condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco por el delito de incendio con resultado de muerte, en la causa que investigó el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013.

En esa serie de acciones judiciales hubo una que pese a ser rechazada finalmente por la Corte Suprema, la sentencia estableció que el beneficio que estaban pidiendo los Tralcal, y que había sido rechazado por Gendarmería, necesitaba de un informe sicológico que no había sido realizado.

Con ese pronunciamiento, los defensores Sebastián Saavedra y Karina Riquelme solicitaron al Juzgado de Garantía de Temuco la realización de una audiencia de cautela de garantías. Esa citación ocurrió el 13 de diciembre de 2021. El objetivo de esa audiencia era forzar a que Gendarmería realizara ese informe para así poder solicitar otra vez el beneficio.

El acta de esa audiencia, realizada por la jueza Viviana García, parte aclarando lo siguiente: “Evidentemente, estamos acá en una situación que es totalmente distinta al resto de aquellas personas que cumplen sanciones en el CET de Victoria, se trata de personas de origen indígena y que claramente requieren un trato distinto basado en su calidad de mapuches”.

Luego, la magistrada les concedió el punto a los defensores y resolvió que era deber de Gendarmería que el informe sicológico fuera realizado por una profesional que tuviera “pertinencia cultural”. Hasta antes de esa audiencia, Gendarmería le había encargado esta función a la asistente social Belén Contreras, quien tenía un diplomado en materias indígenas.

Sin embargo, Contreras no hablaba mapudungún y el tribunal consideró que era derecho de los Tralcal poder ser entrevistados en su idioma. “Se oficiará al director regional de Gendarmería para que tomen todas las medidas necesarias para que la intervención que debe realizar o la entrevista que se va a realizar a los condenados José y Luis Tralcal, sea realizada por una sicóloga que cuente con competencia intercultural y de preferencia maneje el mapudungún para poder presentar un grado más de confianza con los condenados y así poder obtener una entrevista mucho más fluida”, se lee en el acta. La jueza, además, dio un plazo de 15 días para que esta instrucción fuera ejecutada.

Conseguir a alguien para que se hiciera cargo de la redacción de estos informes no había sido fácil. De hecho, previamente la gestora del caso en el CET de Victoria, Ángela Bascur, fue acusada y denostada como “discriminadora y racista” en redes sociales por personas que serían cercanas a los Tralcal, según fuentes conocedoras de todo el proceso.

Bascur previamente hizo informes que no eran favorables para los permisos de salidas esporádicas. Las mismas fuentes comentan que, además, recibió mensajes en su correo electrónico en los que se le presionaba para modificarlos. Por eso el 21 de septiembre de 2021 el director regional de Gendarmería de la época, Leonardo Barrientos, denunció estos hechos a la fiscalía y solicitó resguardo policial a la profesional. Por lo mismo, Bascur quedó inhabilitada de seguir viendo el caso.

La demora de Gendarmería y la presión del tribunal

Esa resolución fue la clave para que los Tralcal pudieran solicitar el beneficio. Los problemas vinieron después. Gendarmería casi no cuenta con profesionales con esas características, por lo que tardaron en encontrarla. Por eso, los defensores oficiaron a la institución en enero y febrero de este año pidiendo explicaciones por la tardanza.

En un oficio enviado por Gendarmería al tribunal, explicaron que la sicóloga Jenifer Garrido Caniulaf realizó su primera visita al CET de Victoria. Luego de eso, estableció que necesitaba hacer al menos cuatro visitas más al centro penitenciario para poder emitir el informe. Sin embargo, después Garrido se tomó vacaciones y retomó sus funciones el 23 de febrero. Además, le dio Covid-19, por lo tanto todo se atrasó aún más.

Por esta razón los primos Tralcal comenzaron a hacer presión y así fue como el 2 de marzo empezaron una huelga líquida. Conocedores del proceso comentan que al día siguiente, la sicóloga apareció para continuar haciendo su informe. Así fue como finalmente las entrevistas se terminaron de realizar durante las primeras semanas de marzo. De hecho, este tema alcanzó a ser monitoreado por el exsubsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, pero todo siempre estuvo en manos de Gendarmería.

Cuando se despachó el informe, todo quedó en manos del Consejo Técnico del CET de Victoria. Esta instancia es integrada por el alcaide, “el jefe operativo, los oficiales penitenciarios, personal de vigilancia, profesionales y funcionarios a cargo de áreas y programas de rehabilitación y del normal desarrollo del régimen interno”.

El consejo analizó los antecedentes y dio luz verde a la solicitud debido a que los Tralcal cumplían con todos los requisitos que establece la ley. “Esta es una petición que realizaron los comuneros mapuches hace medio año y por una decisión política del gobierno anterior Gendarmería nunca contestó con lo que el tribunal le ordenó hacer. Por lo tanto, lo que ocurrió ahora es que Gendarmería le dio curso a lo ordenado por el tribunal, realizó el informe y en virtud de esos antecedentes la comisión técnica entregó el beneficio cumpliendo lo exigido por ley, algo que debió haber llegado al menos desde agosto de 2021″, afirma a La Tercera PM uno de los defensores de los Tralcal, el abogado Sebastián Saavedra.

Así, ambos condenados, a partir de la próxima semana, podrán salir todos los domingos en libertad, sin custodia ni resguardo de Gendarmería hasta por 15 horas. Además, cada tres meses podrán tener “hasta siete días” de libertad, en esas mismas condiciones, lo cual se podrá hacer como días corridos o de forma parcelada.

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