La solapada"guerra" entre LAW y la DGAC: Gobierno pidió ejecutivos con mayor nivel "cultural e intelectual"

Es prácticamente inminente. En los próximos días el 2º Juzgado Civil de Santiago declararía la quiebra de la polémica aerolínea Latin American Wings, más conocida por sus siglas LAW, ligada a José Manuel Rebolledo y Andrés Dulcinelli, que mantiene deudas por US$25 millones.

¿La razón? Un grupo de trabajadores, representados por el abogado Octavio Azócar de Demande.cl, presentó una solicitud de la liquidación forzosa, y tras la notificación la declaración de insolvencia sería sólo cuestión de días, según fuentes del proceso.

Hoy sus dueños son investigados por los delitos es estafa reiterada y apropiación indebida, pero ellos insisten en ser víctimas de un plan que buscó sacarlos del mercado, apuntando sus dardos en contra del propio regulador aéreo.

Sin embargo, en la bitácora de la debacle de LAW persisten capítulos desconocidos.

El 15 de diciembre de 2017, el gerente de Mantenimiento de LAW, Ricardo Quinteros y el Responsable de Aeronavegación Pablo Hernández se reunió con funcionarios de la DGAC, encabezados por John Teare, Inspector de Operaciones (STDP); Oscar Baeza y Esteban Vistoso, Jefes de Aeronaves y Empresas Aéreas, respectivamente.

En la cita, los ejecutivos de LAW solicitaron a la autoridad una extensión de 400 horas de vuelos exhibiendo una serie de documentos para avalar la petición. Sin embargo, el requerimiento fue rechazado, pues no se demostró un análisis sobre cómo podrían afectar la seguridad operacional.

La Tercera PM accedió al acta de dicha reunió. En el documento se detalló que Ricardo Quinteros le señaló al Jefe de STDP que "ha sido muy mal asesorado técnicamente por los dos ingenieros que lo acompañaban".

Más aún. Quinteros, -según el mismo documento- insistió durante varias veces que quede reflejado que "al inicio de la reunión el Sr. John Teare señaló que la empresa LAW fue quien inició la guerra".

"Se solicita a la empresa LAW que envíe a las reuniones a personas del mismo nivel profesional, intelectual y cultural de sus interlocutores, con el propósito de tratar los temas al nivel que corresponde para lograr consensuar las opiniones y llegar a un entendimiento que ayude a sustentar la aeronáutica nacional, evitando los descalificativos a las personas de la Dirección de Aeronáutica Civil", consignó el acta firmada por los participantes.

Desde la DGAC, respondieron  a este medio que "en relación a una de las varias reuniones sostenidas con Empresa aérea Latin American Wings distinta a la Sociedad por Acciones titular de la concesión en el aeropuerto), atendida la complejidad de los temas, el Jefe del Subdepartamento de Transporte Público solicitó que en ellas  participara personal que permitiera una interlocución válida en forma y fondo".

En el documento quedó constancia de que LAW evaluaría otros caminos a seguir.

El pasado viernes, el presidente del directorio de la aerolínea José Manuel Rebolledo resolvió nuevamente escalar el conflicto con la DGAC. El directivo que lleva adelante una batalla más bien testimonial con un recurso de protección en contra de la revocación del permiso para operar que hiciera la autoridad, como ha asegurado a cercanos, insistió nuevamente en la arena penal.

El directivo presentó una querella en contra de del Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General de Aviación Víctor Villalobos; Luis González, funcionario de Avsec, Claudio Ramírez, Nicolás Mendoza y María Olga Dublet. Todos funcionarios de la DGAC. Esto luego que hace pocos días se querellara en contra de 13 agencias de turismo por el presunto delito de tráfico de migrantes.

Esta vez acusó a la plana mayor de la autoridad aeronáutica de Usurpación de funciones y abusos luego que le suspendieran a la aerolínea el Certificado de Operador Aéreo (AOC). En la acción solicitó inhabilitar al jefe de la DGAC y una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales por aplicación del Artículo 75 del Código Penal.

Para LAW, el 12 de marzo de 2018, "sin antecedentes previos" se resolvió suspender, "hasta que demuestre el cumplimiento de los requisitos que dieron origen a su certificación como operador aéreo".

Posteriormente, el 11 de abril, la autoridad solicita a la empresa, "en otra medida de hostilidad", como señala en su querella, se le solicitó la devolución de los documentos que permiten a lo9s funcionarios de la aerolínea desempeñar sus actividades en el aeropuerto. "Ejecuta resoluciones propias sin esperar su control jurisdiccional", remata el libelo.

El 8 de mayo, LAW fue notificada de la revocación de la AOC. Ello fundado en que la concesión del hangar ha terminado, aunque aún quedan pendientes recursos administrativos y judiciales al respeto.

"Queda claro entonces que el General querellado y su personal subordinado han llevado a cabo una persecución abusiva y ha profundizado su actitud arbitraria de aniquilación a una empresa nacional de tamaño pequeño", concluyó LAW en su querella.

La DGAC agregó que dado el incumplimiento de sus obligaciones de pago de la concesión del hangar al interior del aeropuerto se le otorgó el plazo reglamentario de 10 días corridos para el retiro de sus instalaciones y equipos y la restitución del inmueble.

El procedimiento que utiliza la DGAC para la recepción de los inmuebles fiscales se realiza mediante la intervención de una comisión de funcionarios de la Institución. La restitución de las superficies no se realizó, por la negativa de la empresa LAW SpA.

Por lo anterior, este servicio requirió la intervención del Consejo de Defensa del Estado para obtener la restitución de las superficies por vía judicial.