La última movida de Peñaloza en Las Condes: no renueva a 26 funcionarios de confianza de jefaturas investigadas

Este viernes la gestión de Daniela Peñaloza (UDI) como alcaldesa de Las Condes llega a su fin, y terminando la semana pasada la municipalidad, al igual que otras reparticiones públicas, anunció la no renovación de varias personas bajo contrata. En este caso fueron 26.

Esta profunda reestructuración marca un cierre no menor del mandato de Peñaloza (UDI). Y es que los 26 funcionarios a contrata que no seguirán en sus cargos en direcciones clave -Control, Compras y Tránsito mayoritariamente- tienen un factor en común: todas esas jefaturas están bajo la lupa por investigaciones de irregularidades.

Según el entorno de la aún edil, este ajuste no solo busca cerrar el periodo con una señal de transparencia, sino también adelantarse a los planes de reorganización que la futura edil, Catalina San Martín (ind.), ya había contemplado.

A solo cuatro días de que los nuevos alcaldes tomen las riendas en diversas comunas del país, el escenario de despidos y no renovaciones a contrata en la administración pública se desarrolló este año bajo el polémico dictamen de la contralora Dorothy Pérez. Esta nueva resolución establece que los funcionarios a contrata ya no podrán alegar confianza legítima ante despidos en la Contraloría General de la República, dejando como única vía el recurso de protección ante las cortes de apelaciones.

En Las Condes las conversaciones entre los equipos de San Martín y Peñaloza no han cesado. El último diálogo, dicen en el entorno de la actual alcaldesa, fue una suerte de definición apuntando a “limpiar la casa” en razón de las múltiples irregularidades detectadas en su administración y de la cual San Martín quería hacerse cargo el día que entrase a ser alcaldesa.

La lista de funcionarios, que fue confeccionada en el equipo de confianza de Peñaloza, tenía un grupo objetivo particular: el grueso de ellos está mal evaluado, parte importante por denuncias en tribunales, investigaciones en Contraloría o que son del círculo de confianza de aquellas personas -gran parte directores suspendidos- que están siendo indagadas.

A la par, San Martín ya tenía una cantidad de funcionarios que observaba con desconfianza durante su cargo como concejala, que en más de una ocasión incomodó a la administración, apuntándolos en los concejos municipales, donde solicitaba revisar a quienes iban a renovar en el municipio y que avizoraba sus futuras intenciones.

Con eso como contexto, el equipo de San Martín le preguntó al de Peñaloza los nombres de aquellos personeros que no seguirían en el municipio. Y así, el jefe de gabinete de la futura edil, Ignacio Gil, fue informado al respecto. Conocedores de estas tratativas señalan que los listados no eran exactamente iguales, pero sí coincidentes en su mayoría, lo que deja abiertos otros posibles cambios en los equipos municipales.

En la Dirección de Tránsito de Las Condes, que enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la mantención de semáforos en la comuna llevadas a cabo por la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público, que derivaron en la suspensión de cuatro funcionarios municipales, incluido el director, Óscar Arévalo, y el subdirector de Tránsito, Javier Sandoval, se apuntó a la gente que trabajaba por extensos años con Arévalo.

Otro caso es la Dirección de Compras, actualmente bajo investigación por presuntos conflictos de interés y otras irregularidades, donde el ente fiscalizador inició un sumario que derivó en cuestionamientos a su director, Pedro Carrasco, y donde posteriormente estuvo Liliana Rojas, quien fue despedida también del cargo de la dirección y fue señalada como la persona que recibió al menos 642 prendas de vestir que no ingresaron a las bodegas.

El último es la Dirección de Control, donde las investigaciones por irregularidades han señalado a su director, Eduardo López, quien fue suspendido junto a otros dos funcionarios tras detectarse la omisión de información pública solicitada a través de la Ley de Transparencia. Este caso, que derivó en un sumario administrativo, apunta también a colaboradores de larga data en la dirección, cuya gestión ha quedado bajo cuestionamiento por decisiones que afectan la probidad en el manejo de información clave del municipio.