Lapidario informe de Contraloría a gestión de alcalde White (PS) en corporación de San Bernardo: deudas previsionales y un elevado déficit

Si a inicios de este año la Contraloría General de la República ya emitió un informe que complicaba la administración del actual alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), y que junto a otras cosas ya han levantado alertas en su partido, durante el sábado recién pasado el ente fiscalizador remitió un nuevo “informe final” al escritorio del edil, apuntando a la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna.

Justo luego del apoyo que el Partido Socialista le dio para su campaña de reelección, en el escrito de exactas 100 páginas, cuya investigación se originó por una denuncia de la concejala Mariela Araya y el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), se detallan deudas previsionales, diferencias en el saldo entre ingresos y egresos, convenios impagos o la utilización de la Subvención Escolar Preferencial para la puesta en escena de un parque jurásico gigante, y que en caso de no ser justificados sus antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la Superintendencia de Educación.

El ente fiscalizador evidencia el traspaso de fondos entre cuentas bancarias en las cartolas de la corporación dependiente del municipio durante mayo y diciembre del 2022, y dice que se comprobaron una serie de transferencias en nueve cuentas corrientes distintas que corresponden a fondos relacionados con la Subvención Escolar Preferencial, Fondo de Apoyo a la Educación Pública, Programa de Integración Escolar y Subvención General, los que aglutinan gastos no rendidos por $91.741.159.

Por esta razón, el ente instruyó a la casa edilicia a “administrar los recursos de educación en cuentas corrientes exclusivas” y además, “remitir la documentación que aclare la diferencia entre los ingresos y egresos producto de los traspasos internos, que no consta que haya sido devuelto a la cuenta de origen”.

Respecto a las diferencias de ingresos y egresos, el secretario general (s) de la corporación, Jorge Zúñiga, señala que “el informe nos permite responder en un plazo legal, por lo que estamos recabando la información”.

Un Parque Jurásico en San Bernardo en el Parque García de la Huerta. Eso era lo que publicitaba la municipalidad liderada por el alcalde White, que prometía la observación de animales prehistóricos de hasta 12 metros de largo con movimientos mecanizados.

La actividad está en la mira de la Contraloría debido a que la Corporación de Educación no logró comprobar detalladamente de dónde sacó los fondos para esto. La denuncia, en concreto, es que los $29.750.000 pagados al proveedor Vibra Marketing SpA para este servicio habrían salido de la Subvención Escolar Preferencial, algo que el municipio, luego de las solicitudes del ente fiscalizador, no logró explicar y caería en un gasto que se apartaría de los objetivos de esos dineros.

“No queda claro si el desembolso por $29.750.000 fue rendido a la Superintendencia de Educación con cargo a los recursos asociados a la Subvención General y/o a la SEP, toda vez que, por una parte, la directora de educación menciona que dicho gasto no se incorporó en la rendición de cuentas materializada a los fondos SEP, para el período 2022″, afirma el documento.

Contraloría apunta a que la corporación “no aporta antecedentes que permitan verificar con qué recursos fue solventado la factura N° 2.334, de 2022, por el evento cultural dinosaurios animatronic ante la Superintendencia de Educación”. Esa rendición deberá ser acreditada en el plazo de 60 días.

Al respecto, Zúñiga asegura que ya se aclaró esta observación, “ya que estaba completamente acreditado que los fondos utilizados para dicha actividad tenían fines educativos generales y fue desde esos fondos donde se imputó el gasto. Esta situación ya se regularizó contable y financieramente, y lo que nos pide ahora la Contraloría es que respaldemos con la rendición a la Superintendencia de Educación”.

“Se comprobó el atraso en el pago de las aludidas cotizaciones (enero a diciembre de 2022), derivando en consecuencia un pago por intereses reajustes y multas por un total de $141.187.042, compuesto por $141.098.780″, afirma el documento, que recuerda que “el alcalde siempre deberá velar por el cabal y oportuno pago de las cotizaciones previsionales y de salud de los funcionarios, y trimestralmente deberá rendir cuenta al Concejo Municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha obligación. Asimismo, se entenderá que se configura un notable abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales y de salud”.

Frente a esta situación, desde el municipio argumentaron que el alcalde White no estuvo en conocimiento del retraso en el pago de las cotizaciones al no ser informado por el personal encargado por ley. “Existió incumplimiento por parte del director de control del municipio respecto a informar sobre el estado y cumplimiento de los pagos”. Desde la Dirección de Control de la Municipalidad argumentaron que se “enviaron al alcalde y al Concejo Municipal los informes trimestrales, con el estado de cumplimiento de los pagos, los que no incluyen a la corporación por falta de entrega de información por parte de ella”. En el documento, el ente fiscalizador exigió un procedimiento disciplinario que deberá ser acreditado en un plazo de 30 días hábiles.

Respecto a las cotizaciones previsionales, el director (s) de la Corporación de Educación, Javier Zúñiga, señala que “las cotizaciones previsionales están al día, respaldado con los certificados emitidos por la Dirección del Trabajo”.

Asimismo, se realizó un análisis de la situación financiera de la corporación municipal para el año 2022, a fin de conocer la disponibilidad de recursos para solventar los gastos ocasionados por la suscripción de los convenios colectivos en dicho período con las organizaciones sindicales de $3.389.294.209, presentándose un saldo negativo en 2022 de $3.421.325.264. “Se evidenció que los recursos obtenidos por aportes fiscales, municipales e ingresos propios durante esa anualidad, fueron insuficientes para solventar los compromisos adquiridos”, afirmó el informe.

En tal sentido, ahora Zúñiga reseña que el problema se originó en que las decisiones de montos se basaron en la información recibida de los alcaldes anteriores acerca de las finanzas de la corporación, “algo que con el tiempo y las revisiones demostraron que esa información que nos entregaron estaba manipulada y resultó ser falsa. Pero es un compromiso que tomamos con los trabajadores y que, si bien ha sido con pagos incompletos y atrasados, lo que lamento profundamente, se les pagará todo lo adeudado”.