Las 36 querellas que esperan al general, ahora sin uniforme

El 6 de octubre, el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, fue notificado de la querella número 36 en su contra, desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Esta vez, la acción judicial fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), quienes apuntaron al líder de la institución como presunto responsable del delito de homicidio frustrado, en calidad de cómplice y/o encubridor, por la caída de un menor de 16 año desde el Puente Pío Nono hacia el río Mapocho, el 2 de octubre.

El general (R) Rozas ha sido objeto de querellas, además de recursos de amparo y protección en su contra, desde el 18 de octubre del 2019. En su mayoría, se trata de acciones legales que apuntan a su responsabilidad, como director de la institución, por delitos asociados al control del orden público y la presunta transgresión de los Derechos Humanos (DD.HH.)

Una causa emblemática donde figura Rozas es la lesión al joven Gustavo Gatica, quien perdió la vista en medio de una protesta el 8 de noviembre. Si bien en este caso ya declaró en calidad de testigo, en la mayoría de las querellas presentadas por organizaciones de DD.HH. por heridos en el marco de tareas de control de orden público, Rozas aparece como uno de los querellados. En estas indagatorias, lo que el Ministerio Público busca establecer es el nivel de conocimiento de las actuaciones policiales que tenían los altos mantos, y si hubo acciones para exculpar de responsabilidades a sus dirigidos.

Otra investigación en la que Rozas figura como querellado está alojada en Valparaíso. Allá, la fiscal regional, Claudia Perivancic, indaga al general tras una acción judicial presentada por 16 abogados, que lo acusaban de delitos de lesa humanidad durante el estallido social. En febrero, la persecutora pidió la declaración del general director, “en razón de su cargo, se encuentran exceptuadas del deber de comparecer en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 300 del Código Procesal Penal (CPP), pudiendo ser interrogados bajo la modalidad prevista en el Art. 301 del mismo código, esto es: en ‘el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio’”, a través de un escrito al tribunal de garantía.

Hasta antes de salir de la institución, Rozas era representado en las causas originadas por las querellas en su contra, y también en la contestación de amparos en la Corte, por el abogado de la Dirección de Justicia de Carabineros, el mayor Jorge Parra.

Ahora, como general (R), su defensa cambiará, dado que deberá ser representado por un abogado particular, financiado en un ciento por ciento por él. Ahí, Rozas ya está barajando algunas opciones y conversando con algunos estudios para allanar un camino judicial favorable en el futuro.

El trato con que la justicia puede tratar a Rozas es variado. Por ejemplo, todos los generales director de Carabineros pueden fijar la residencia donde declarar ante un fiscal, es decir, pueden entregar su testimonio donde ellos lo estipulen y no están obligados a concurrir a las oficinas del Ministerio Público.

¿Qué pasa ahora? Según explican cercanos a las labores jurídicas de la institución, como general director en retiro no puede fijar domicilio para declarar, y estaría obligado a trasladarse al Ministerio Público en caso de que sea requerido por la justicia.

Fuentes policiales hacen otro alcance. Los dos generales que salieron antes de Rozas, Bruno Villalobos (2018) y Hermes Soto (diciembre de 2018), también habían estado en la órbita judicial, sin embargo, con la salida de la institución, su situación se descomprimió.

Es más, advierten, en el caso de Villalobos es indagado en la causa que la Fiscalía Centro Norte lleva por gastos reservados de Carabineros, pero no ha pasado mucho más con él. La Operación Huracán tampoco lo alcanzó, es más, el general contó con el respaldo del gobierno de Michelle Bachelet.

Cuando más complicado estuvo fue con el procesamiento del ministro Mario Carroza, quien lo procesó en 2019 por un caso de derechos humanos (Caso Manzano) en la década de los 80, quedando en prisión preventiva durante unos días.