Las compraban y se "perdían": El sistema que usaron cinco cabos del Ejército para vender armas que habrían caído en redes delictuales

"Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compran armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando". Eso fue lo que dijo el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, frente a 900 oficiales, en el aula magna de la Escuela Militar, el 20 de noviembre pasado. El audio fue revelado dos días después por The Clinic.

La máxima autoridad castrense hacía referencia a una investigación interna de la propia institución, que derivó en que la fiscal militar Paola Jofré iniciara una indagatoria que cuenta con cinco procesados desde el 7 de diciembre pasado.

La Tercera accedió al auto de procesamiento dictado por Jofré. En la resolución, se revela el modus operandi de los cinco cabos que estuvieron destinados a la Escuela Militar para obtener armas en su calidad de uniformados y luego venderlas.

"Entre junio de 2017 a mayo del presente año (2018), un cabo del Ejército de dotación de la Escuela Militar, quien se desempeña en la Comisión Alimenticia de dicho instituto, ofreció una compensación económica a cuatro funcionarios del Ejército de los grados de cabo 1°, cabo 2° y cabo, todos de dotación Escuela Militar, a cambio de que éstos compraran armas de fuego, para lo cual debían dar cumplimiento a todas las normas contempladas en la Ley de Control de Armas, facilitándoles el dinero para dichas compras", aseguró la fiscal en el auto de procesamiento.

Luego, relató que "una vez adquiridas las armas legalmente", los militares daban cuenta a Carabineros que le habían robado las pistolas y se las entregaban al cabo del Ejército que les había entregado el dinero.

Jofré detalló que "la entrega de las armas en cuestión, cinco en total, luego de la cuenta falsa de hurto o robo, se realizó en diversas dependencias dentro de la Escuela Militar". Dijo que dos de ellos entregaron el armamento en el estacionamiento ubicado frente a la capilla de la escuela. Se trató de una pistola marca Taurus PT809 E, calibre 9x19, y otra marca Glock 17, calibre 9x19.

Otro, dijo Jofré, adquirió dos pistolas marca Glock 17, calibre 9x19, y luego entregó un arma en su propia pieza y la otra en la pieza del pabellón de solteros. Y un quinto funcionario del Ejército, otorgó en el mismo pabellón una pistola marca Taurus, calibre 9x19.

"Todos los hechos relatados tuvieron su comienzo de ejecución en el interior del citado instituto matriz, mientras los inculpados realizaban sus funciones militares habituales", dijo Jofré.

Así, la fiscal procesó al cabo Carlos Avendaño Quiroz, cabo 1° Eduardo González Elos, cabo 2° Nicolás Inostroza Olivares, cabo 2° Alexis Murga González y el cabo Cristhopher Belmar Navarro, por el delito de convención ilícita de arma de fuego, y ordenó su prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago.

Además de los procesados, hay al menos cinco militares más que declararon que el cabo Avendaño también les pidió armas. Uno de ellos es Richard Mena (27), cabo 2° que trabaja en la Escuela Militar como operador de la cancha de reacción y del polígono de tiro virtual.

"Recuerdo que el cabo Avendaño llegó destinado en 2016 (...) En una campaña que realizamos en el predio militar Pichicuy mantuve un diálogo con el cabo Avendaño sobre la nueva Tarjeta de Identidad Militar (Tim), ya que en la parte trasera aparece la frase 'autorizado para portar armas'. En ese instante me preguntó si yo estaba interesado en comprar un arma (...) pero le respondí que no", declaró.

El cabo 2° Nelson Saldías (25), también destinado en la Escuela Militar, relató que "el cabo Avendaño quien venía conversando por teléfono, al llegar a mi lado cortó y señaló textualmente 'pucha, ando buscando a un weón que me saque una pistola'". Sin embargo, señaló que nunca le pidió directamente el favor.

La Fiscalía Sur se encuentra investigando la arista penal del caso. El Ministerio Público investiga un presunto tráfico de armas por parte de personal militar a organizaciones criminales. Incluso, el ente persecutor tomó declaración en calidad de testigo al general Martínez, el 4 de diciembre pasado, para que aportara información del caso.

Desde el Ejército, señalaron que "la situación dice relación con que determinadas personas de dotación de la Escuela Militar adquirían armas en el comercio establecido, cumpliendo el procedimiento legal para ello, para posteriormente dejar constancia de su extravío o robo en Carabineros y de esta forma venderlas en el mercado ilegal".

Agregaron que "se encuentra una causa abierta en la Fiscalía Militar, bajo el rol 730-2018, donde los cinco funcionarios involucrados se encuentran procesados por la ley de control de armas. Paralelamente a lo anterior, existe una investigación sumaria administrativa, la cual se encuentra en etapa de desarrollo".