Las denuncias que arrecian sobre Mejor Niñez: acusan al servicio de no haber licitado programas para egresados de hogares

“Si los jóvenes egresan a los 18 tienen dos posibilidades: volver al lugar donde los explotaron, los agredieron, los hicieron traficar, o simplemente terminar en la calle. ¿Y cómo sobreviven en la calle? Por los narcos. Entonces, si efectivamente no tienen dónde ir, ¿qué hacen?”, dice la directora de la Fundación Sentido, Margarita Guzmán, sobre una situación que hoy tiene bajo la lupa -otra vez- al Servicio de Protección Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Mejor Niñez).

Las ONG que colaboran con el servicio en residencias y familias de acogida denuncian que desde la promulgación de la ley que crea el servicio no se han licitado programas de preparación para la vida independiente. Según las fundaciones, esta ausencia ha llevado a que muchos jóvenes egresados enfrenten situaciones de extrema vulnerabilidad, como vivir en la calle o adhiriéndose a bandas de crimen organizado. Desde el servicio argumentan que las prioridades se han centrado en la licitación de cuidados alternativos hasta los 18 años y en la planificación de programas específicos para la transición hacia la adultez.

Más de 400 adolescentes cumplen 18 cada año en Chile bajo la tutela del Estado y, según relatan las ONG, un porcentaje significativo de ellos debe abandonar los cuidados alternativos sin un plan de transición claro. Esta situación podría abrir un flanco al recién nombrado director de Mejor Niñez, Claudio Castillo, quien llegó para hacerse cargo de una institución que, entre sobrecupos, listas de espera y otras dificultades, no ha logrado cumplir con las expectativas. Durante estos meses, Castillo, exasesor de la ministra del Interior, Carolina Tohá, se ha dedicado a recorrer el país visitando cada una de las residencias a cargo del servicio para evaluar la situación y definir los pasos a seguir.

Como sea, esta denuncia, según explican, apunta al incumplimiento de la Ley 21.302, específicamente en su artículo 3, que establece que los adolescentes que se encuentren estudiando tienen derecho a permanecer bajo protección hasta los 24 años. Sin embargo, según los testimonios recopilados por estas instituciones, muchos jóvenes están siendo egresados de manera forzada al cumplir los 18 años, incluso cuando continúan sus estudios, lo que va en contra de lo estipulado en la normativa.

A esto se suma la falta de implementación de los programas de preparación para la vida independiente, contemplados en el artículo 23, que obliga al servicio a proporcionar un acompañamiento adecuado durante la transición hacia la adultez. A más de tres años de promulgada la ley, estos programas aún no se han licitado ni diseñado, dejando a cientos de jóvenes sin el apoyo necesario en el momento más crítico.

“El sistema considera por regla general que los niños y adolescentes son de su cargo hasta los 18 años, salvo que estén matriculados en una institución acreditada, lo cual permite alargar la estadía hasta los 24 años. Pero hay muchos jóvenes que no están estudiando por distintas situaciones, y eso gatilla su exclusión de la residencia”, afirma el director ejecutivo de Proyecto B, Julio Cifuentes.

Cuando Mejor Niñez fue creado en 2021 para reemplazar al antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename), se prometió que esta nueva institucionalidad pondría fin a las prácticas de desprotección y abandono que durante años caracterizaron al sistema. Sin embargo, para las organizaciones firmantes, la falta de programas de transición y la desconexión entre lo que establece la ley y su implementación sugieren que la promesa de un cambio estructural no se ha cumplido.

Otra promesa que recae en el Presidente Gabriel Boric es la que dio durante la cuenta pública de 2022, en el marco de las iniciativas que componen el Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí el Mandatario afirmó que en su medida 20 se implementaría un programa de apoyo a la vida independiente para los jóvenes que egresan de Mejor Niñez y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

El programa contempla acompañamiento personalizado, acceso prioritario a prestaciones sociales, subsidios de arriendo, oportunidades de empleo y educación superior, así como capacitación en oficios y asesoría para el emprendimiento. La iniciativa busca garantizar que estos adolescentes no enfrenten su transición a la vida adulta sin apoyo estatal, y evitar así las situaciones de vulnerabilidad que hoy denuncian las ONG. Sin embargo, Cifuentes es tajante: “Hasta la fecha esta medida no se ha cumplido y a cerca de un año del fin del gobierno esto no se va a cumplir”.

Por ello, las instituciones han centrado sus esfuerzos en impulsar una resolución a esta problemática a través de la Ley de Armonización, que permita alinear las distintas normativas.

“Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es resolver esta problemática en la Ley de Armonización (...) y esta armonización trata de hacer coherente la Ley de Garantías con la Ley de Servicio de Protección, porque salieron en distintos tiempos”, explica Guzmán, aludiendo a la necesidad de coordinar ambos marcos legales para evitar vacíos normativos y asegurar una protección efectiva para los adolescentes.

Desde el servicio indican a este medio que sus esfuerzos han estado centrados en la implementación de su nueva institucionalidad y en el despliegue de su oferta programática, tanto ambulatoria como residencial, con el objetivo de garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Sin embargo, reconocen que en estos tres años han enfrentado problemas de diseño basal, además de un incremento de la demanda que ha superado la capacidad proyectada del servicio. Esta situación ha obligado a priorizar ciertas orientaciones técnicas, enfocando los recursos en la atención de urgencias y retrasando el desarrollo de los programas de transición.

En relación con la preparación para la vida independiente, el servicio afirma haber avanzado en el diseño de nuevos programas para adolescentes de 14 a 18 años que buscan fortalecer su capacidad de enfrentar la vida adulta. No obstante, para los jóvenes de entre 18 y 24 años que continúan sus estudios, el desarrollo de estos programas está aún en etapa de diseño y no se ha implementado ninguna iniciativa concreta.

Para abordar estas problemáticas y buscar espacios de mejora el director sostendrá una reunión el próximo miércoles 16 de octubre con la red de organizaciones que trabajan con jóvenes, a fin de definir estrategias de intervención más efectivas para los adolescentes mayores de 14 años.