Las dudas sobre el rol que jugará el Consejo de la ADP en la definición de las rentas de parlamentarios y altas autoridades

Treinta días después de que se publique la ley que establece un nuevo sistema para la fijación de la dieta parlamentaria y de otras altas autoridades -la que fue despachada por el Congreso este miércoles-, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá definir una rebaja de las rentas de senadores, diputados y ministros, montos que estarán vigentes por, al menos, dos años hasta que entre en régimen el organismo permanente que crea la normativa.

Es esa definición y la que tendrá que tomar 90 días después para hacer lo mismo con las remuneraciones del resto de las autoridades contempladas en la ley, incluyendo al propio Presidente de la República, lo que ha abierto una discusión en torno a la independencia y autonomía que tendrá el organismo para asumir este nuevo rol.

Las dudas fueron expuestas durante el debate en el Congreso por parlamentarios como el diputado Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (CS), quienes fueron impulsores de la iniciativa hace seis años, pero cuya propuesta para que la rebaja de las dietas y remuneraciones en un 50% se hiciera efectiva a través de la aprobación de la propia ley terminó siendo desechada.

“Ojalá que el CADP comprenda que tiene un deber ético con Chile”, sostuvo Boric en la sala de la Cámara de Diputados la semana pasada. Y agregó a La Tercera PM: “espero que resista las presiones que van a surgir y que la rebaja sea efectivamente sustantiva”.

Mientras que Jackson subrayó que “nunca nos pareció una buena idea traspasar una decisión que es de carácter político y, por lo tanto, que debiese ser escrutable, a un consejo que aparenta ser imparcial y técnico, pero que en el fondo es igual de político”.

En esa misma línea, el diputado del PS Fidel Espinoza, sostiene que “la Alta Dirección Pública es un organismo absolutamente politizado. Que el Senado y algunos parlamentarios hayan determinado que finalmente sea la Alta Dirección Pública el que va a determinar la rebaja de la dieta parlamentaria no es más que una fórmula para evitar la rebaja del 50% que nosotros votamos favorablemente en ambas oportunidades”.

Su compañero de bancada, el diputado Juan Santana, también hace una advertencia: “Uno esperaría que a la hora de cumplir con la labor que se les encomendó, se responda a aquellos principios de austeridad relacionados con la crisis sanitaria y económica que vive Chile. Espero que ningún parlamentario ejerza alguna presión indebida para que eso no sea así”.

Pero la nueva y compleja tarea que tiene entre sus manos el organismo presidido por Alejandro Weber e integrado por Bettina Horst, Eduardo Abarzúa, Cristina Orellana y Eduardo Riquelme, no solo genera dudas en el mundo político sino que también entre sus propios miembros.

Así lo dejó en evidencia una carta, publicada por Ciper, en que Abarazúa advirtió derechamente un conflicto de interés del organismo para asumir este nuevo rol. “La propuesta soslaya el evidente conflicto de intereses derivado de que los integrantes del Consejo son nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, dos de las autoridades respecto de cuyas remuneraciones debería pronunciarse (además, su presidente es designado por el Presidente de la República)”, sostuvo el consejero.

Esa es una preocupación que es compartida en el Congreso por varios parlamentarios que, pese a haber aprobado la normativa que de todas formas reconocen como un avance, advierten que el CADP es un “organismo politizado”. De hecho, en el mismo artículo Ciper dio cuenta de que todos sus integrantes tienen vinculaciones con el mundo político.

Sobre este punto, el diputado Leonardo Soto (PS) asegura que “el CADP puede tener cuestionamientos por la distintas instituciones que participan en la designación de sus integrantes que, precisamente, están vinculadas a quienes se verán afectados por su decisión. Pero ese es un problema que ocurre en todos los órganos que tienen cierta autonomía constitucional o legal, ocurre con los miembros de la Corte Suprema, con el contralor, ocurre con un conjunto de autoridades en donde participan los distintos poderes del Estado, incluyendo al Congreso, en su designación. Y creo que esa no debiera ser por sí sola una razón para inhabilitar al CADP”.

Y agrega: “Si hay circunstancias personales de los integrantes de este consejo por sus vinculaciones familiares, afectivas, laborales, son circunstancias que cada uno de ellos tendrá que analizar y tomar una decisión que garantice que el monto que se va a fijar sea incuestionable y lo más legítima e independiente posible. Hay que esperar el resultado, ahí se evaluará”.

Desde la sociedad civil, en tanto, hay una mirada optimista respecto del rol que jugará al CADP. Para el Director Ejecutivo del Chile Transparente, Alberto Precht, “sin duda lo resuelto por el Congreso Nacional es un avance esperado hace mucho tiempo y efectivamente deja en las manos de un tercero la definición. Acerca de la independencia o no de ese tercero uno no puede partir de la base absoluta de la desconfianza”.

Y agrega: “La Alta Dirección Pública tiene determinados estándares, ha demostrado en el tiempo ser un consejo que hace bien las cosas, pero aquí más allá de la independencia o no lo importante es que cuando se actúe en la determinación de las remuneraciones esto sea en base a criterios absolutamente objetivos y transparentes que que despejen cualquier duda de discrecionalidad”.

Según Precht “si el Consejo de Alta Dirección Pública u otro incluso con una independencia total fijara estas remuneraciones de manera secreta y poco objetiva, es decir, sin ámbito de comparación, por ejemplo respecto de la Ocde, respecto de países de igual ingreso, indexándolo a sueldos mínimos o a algún otro tipo de variable, claramente dejaría mucho que desear. Aquí lo que se busca es objetividad, transparencia y que finalmente las remuneraciones de los parlamentarios y otras autoridades sean fijadas acorde a lo que dicta la realidad del país”.

En la misma línea, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, sostiene que “me parece positivo que los incumbentes no participen directamente en decisiones que determinen su propia remuneración. En ese sentido contar con un tercero imparcial que pueda realizar esa tarea desde un punto de vista técnico, sin presiones de ningún tipo, es un avance que contribuye en mejorar la percepción que tiene la ciudadanía en las instituciones. Tengo la mejor impresión del profesionalismo y autonomía del Consejo de Alta Dirección Pública”.

Con todo, desde la ADP se encuentran delineando un plan de trabajo para iniciar el estudio que deben preparar para llegar a los nuevos montos y acordaron no referirse al tema hasta que la ley se publique.