Las astillas de los líos de platas: ministro Montes enfrenta revuelta interna que llegó a oídos de Boric

El 11 de julio de 2024 una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric ingresó a la Oficina de Partes de La Moneda. El escrito, compuesto por siete puntos, fue elaborado por personas que integran los equipos regionales del Programa de Asentamientos Precarios, quienes exponían en el escrito una crisis interna que atraviesa el programa debido al escándalo originado por los líos de platas por los convenios entre instituciones del Estado y diversas fundaciones. Hay, en buenas cuentas, un reclamo general que se expresa en dicho texto.

La misiva, a la que tuvo acceso La Tercera, detallaba una serie de problemas que han afectado la operatividad del programa, entre ellos la “falta de apoyo y contención hacia los equipos de trabajo”, así como los crecientes “problemas presupuestarios que han debilitado su capacidad” para llevar adelante proyectos clave. Esta situación ha generado profunda preocupación en organizaciones como Techo Chile, que han alzado la voz ante la posibilidad de que los campamentos sigan expandiéndose, particularmente en la zona norte del país, si no se toman medidas urgentes.

En medio de esta crisis, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, anunció la designación de Andrés Palma, un ingeniero comercial con una extensa trayectoria en la ex-Concertación, como nuevo jefe del Departamento de Asentamientos Precarios. El profesional asumió el cargo en un momento crítico, reemplazando a Ricardo Trincado, quien fue removido de su puesto nueve meses antes tras verse involucrado en la controversia por respaldar los convenios alcanzados con la Fundación Democracia Viva.

Dentro del ministerio se reconoce que la crisis en el programa dependiente de la División Habitacional es consecuencia de la pérdida de confianza con las fundaciones, lo que ha llevado a una drástica reducción en los convenios destinados a enfrentar el déficit habitacional y el aumento exponencial de los campamentos en el país. A esto se suma la preocupación entre los trabajadores por la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el programa.

Esta crisis, que podría profundizarse según se vislumbra puertas adentro, amenaza con afectar directamente el avance del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), restando menos de 19 meses para el término del gobierno del Presidente Boric y donde, según la última actualización del propio Minvu, hasta junio de 2024 el plan muestra un avance general del 48,8%.

“Los equipos de todas las regiones están preocupados por el futuro del Programa Asentamientos Precarios, que es fundamental como parte de la política pública. Desde la autoridad ministerial se plantea una reformulación, rediseño y reestructuración del programa, un proceso que está llevando a cabo una consultora internacional sin considerar la experiencia de los equipos regionales”, señala la carta enviada al Mandatario.

Ocurre que desde el estallido del caso de los líos de platas el Minvu ha promovido cambios generales en el programa, lo que llevó, justamente, a pedir la asesoría del BID, tema que ha generado cierta resistencia en los funcionarios. Algunos, incluso, han llegado a temer por sus puestos de trabajo.

Incluso, lejos de calmar las aguas esta situación en la política de campamentos solo ha incrementado la preocupación de las organizaciones sociales, como Techo Chile, donde aseguran que en reuniones con el ministro Montes han expresado su preocupación por el impacto negativo en los funcionarios, algo que podría agravar la crisis de los campamentos en el país.

“Esto ha sido públicamente reconocido por los funcionarios del programa, y hay razones prácticas para ello: los equipos de este programa ministerial han tenido que dedicar una parte importante de su tiempo a responder oficios y dar declaraciones sobre los convenios involucrados, que aún están siendo investigados. Además, se han visto afectados moral y psicológicamente, lo que es urgente atender”, señala a La Tercera, el capellán de Techo Chile, Benjamín Donoso S.J.

Además, añadieron que “desde lo estructural, es vital que se pueda transmitir claridad sobre un nuevo modelo de trabajo público-privado con las ONG, que tenga como características principales ser transparente e imparcial, pero que también responda al sentido de urgencia de las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Un paso en esa dirección han sido las recientes licitaciones de planes maestros para campamentos en regiones como Tarapacá y Antofagasta; sin embargo, es necesario dar continuidad a muchos más procesos que estaban planificados, para no seguir afectando a las familias de campamentos”.

Esa reformulación, lanzada el 2 de agosto del año pasado por el ministro Montes, tiene como objetivo rediseñar el Programa de Asentamientos Precarios y su relación con las instituciones sin fines de lucro, además de transparentar y modernizar la gestión del ministerio, en un esfuerzo que cuenta con la asesoría del BID. Desde la cartera de Vivienda aseguran que este proceso alcanza un 68% de avance a junio de este año.

Soluciones que también se explicitan en la misiva de los funcionarios al Presidente, donde solicitan, entre otras cosas, que “las causas de investigación de los líos de platas se consoliden en una sola carpeta investigativa, que el ministro reconozca que la forma de ejecutar inversiones obedecía a instrucciones emanadas por las jefaturas de turno, que no fue un acto discrecional de los equipos regionales, y que la inversión en el programa tenga un procedimiento transparente y adecuado al contexto de la intervención”.

Pero los problemas con el Programa de Asentamientos Precarios no son lo único que preocupa al ministro Montes en su lucha por terminar a tiempo con el PEH.

Una movilización interna ha comenzado a gestarse en los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), a raíz del mejoramiento de grados para los funcionarios, lo que obligó al secretario de Estado a involucrarse en las negociaciones, que inicialmente estaba llevando la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta.

Aunque fuentes dentro del ministerio aseguran que su intervención es algo habitual desde que llegó al cargo, esta vez el problema se ha vuelto mayor debido a que, tras solicitar un aumento de grado para 517 funcionarios en todo el país, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, habría denegado adelantar la fecha de implementación de estos grados.

Fuentes del ministerio informan que la Dipres accedió a hacerlo, pero con una estrategia en particular: a contar del 1 de diciembre de 2024 se autoriza el incremento de grado para 53 funcionarios de los estamentos auxiliares, administrativos y técnicos, mientras que a contar del 1 de enero de 2025 los 88 funcionarios restantes recibirán el aumento requerido.

La razón de esto, dicen desde el ministerio, es que el Presupuesto 2025 será más acotado que en otros años, por lo que la Dipres ha tomado estas decisiones y además afirman que pese a que “el ministro personalmente hizo gestiones para conseguir este objetivo, finalmente esa es una decisión que no está en manos del Minvu”.

Pero a los funcionarios no les gustó esa respuesta y el descontento persiste entre los funcionarios movilizados, quienes ya han comenzado a amenazar con paros indefinidos, como en los Serviu de Los Lagos y de Valparaíso. Estas movilizaciones han levantado las alertas, especialmente en Viña del Mar, donde la reconstrucción tras los incendios aún se mantiene pendiente, y donde conocedores del proceso señalan que ha habido un “desorden” en la actuación del Estado.

Requeridos por una versión, hasta el cierre de esta nota desde el Minvu no se habían pronunciado sobre la situación del Programa de Asentamientos Precarios.