Las nuevas víctimas de la batalla por controlar la zona roja del conflicto mapuche

Las luces de alerta se encendieron el 9 de diciembre de 2020. Eran cerca de las 17.20 cuando en un estrecho tramo de la Ruta P-72S, que une las comunas de Cañete con Tirúa, en la Región del Biobío, el paso estaba interrumpido por una turba de encapuchados. Según la víctima, no eran 10 ni 20 desconocidos armados: era “un grupo de aproximadamente 60 personas a rostro cubierto y portando armas de fuego largas”, detalla.

Luego de amenazarlo, uno de los encapuchados se acercó al conductor, lo obligó a abrir las puertas del vehículo y se apropió de la camioneta marca Toyota que conducía. Tras escapar del lugar, el afectado se enteró a las pocas horas de que no había sido la única víctima de la jornada. Apenas 15 minutos después de su emboscada, en la misma ruta, y en el mismo punto, un conductor de un camión de gas -cargado con 7.000 litros del elemento altamente inflamable- también correría una suerte similar. La llegada de la policía evitó que intentaran quemar la máquina, pero dio paso a una intensa balacera que solo terminó cerca de las 19.30 de ese día.

De acuerdo con los registros policiales, este hecho se transformó en uno de los primeros ataques simultáneos que afectan a civiles y conductores que no tienen relación directa con el rubro forestal en la provincia de Arauco. El antecedente, además, era una de las primeras alertas antes de la seguidilla de hechos de violencia que han puesto el foco en las comunas de Cañete y Tirúa tras el ataque armado contra un equipo de prensa de TVN, ocurrido el 27 de marzo, y que dejó gravemente herido al camarógrafo Esteban Sánchez, quien perdió la visión de un ojo en medio de la balacera contra el vehículo en que viajaba.

Fernando Fuentealba es habitante de la región y candidato independiente para el cargo de concejal por Tirúa. El 24 de marzo, apenas tres días antes del episodio vivido por el equipo de prensa, su vehículo se transformó en el blanco de un ataque por parte de uno de los grupos armados más radicales de la zona.

El postulante lo relata así: “Íbamos en mi auto saliendo de la parte norte de Quidico, rumbo a Cañete, cuando empezó este ataque coordinado. Ocurrió en dos puntos distintos, separados por 25 kilómetros uno de otro, pero era claro que nos quisieron rematar. Nos atacaron con armamento de guerra, los vidrios del copiloto se reventaron y mi acompañante quedó con su rostro ensangrentado”.

Pocos kilómetros más adelante, dice, vendría el segundo ataque. “Me llama mi esposa para preguntarme si estaba bien. En eso nos empiezan a disparar nuevamente por el lado izquierdo del auto, por el lado del conductor. Esto estaba absolutamente coordinado”, aseguró.

Agrega que “está claro que aquí hay un control territorial que tienen en el sector Huentelolén, que corresponde a la Municipalidad de Cañete. Ellos tienen cortada la ruta, dejan solo una vía y ellos, incluso, deciden quién pasa y quién no (…). Antes creíamos que esto era una lucha de reivindicación de una etnia específica hacia una empresa que se relacionaba con el ámbito forestal, pero a medida que ha ido avanzando el tiempo, empezamos a ver que esto se transformó en actos terroristas. No son hechos aislados”.

Además del caso de Fuentealba, el gobierno se ha hecho parte a través de querellas en otros cuatro ataques contra civiles. Uno de ellos ocurrió el 10 de febrero pasado, en la misma Ruta P-72S. Esta vez unos conductores lograron evadir a un grupo que, a cara descubierta, “portaban armamento de distinto calibre, mantenían la ruta cortada en dicho lugar, efectuando disparos en diversas direcciones”, detalla la acción legal presentada por la Intendencia del Biobío.

La presencia de Carabineros, lejos de disuadir a los desconocidos, generó un enfrentamiento en plena ruta. Un grupo armado que se movilizaba en una camioneta, “al percatarse de la presencia policial, descendió del vehículo huyendo hacia el cerro, comenzando a disparar en contra de los funcionarios de Carabineros”.

Según destacan desde el gobierno, el problema ya no solo se reduce a los verdaderos “peajes” o “controles” en las rutas, donde encapuchados aprovechan su poder de fuego y los caminos solitarios para disparar o robar vehículos de civiles. También, dicen, han detectado ataques sorpresa y organizados para amedrentar a personas en sus casas.

Así ocurrió el mismo 10 de febrero, exactamente en la misma zona y en la misma ruta. Ese día, en una parcela del sector Tranaquepe Alto, en Tirúa, mientras un hombre de iniciales N.E.A.M. se encontraba en su casa, “individuos encapuchados, los cuales vestían ropas tipo militar, descienden del móvil y proceden a destrozar el candado del ingreso a la propiedad, ingresando al patio, rodeando el inmueble para posteriormente efectuar disparos a la totalidad de las ventanas; acto seguido, uno de los individuos procede a rociar con líquido acelerante el interior del inmueble para luego iniciar la incineración, haciendo su huida en dicha camioneta en dirección desconocida”.

Las autoridades y gremios de la zona creen que la violencia en el sector y los nuevos blancos no han incidido en una reducción en los ataques a empresas forestales. De acuerdo a un catastro realizado por la Asociación de Contratistas Forestales, entre diciembre de 2020 y lo que va de este año, solo en la Región del Biobío han ocurrido 18 atentados y quemas contra maquinarias de estas empresas. Una parte importante de estos ataques ocurrió en las comunas de Cañete y Tirúa.

Mientras los grupos radicales continúan su lucha por controlar parte del territorio en la provincia de Arauco, que supuestamente mantiene enfrentada a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) con grupos como el Weichan Auka Mapu (WAM), Resistencia Lafkenche y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), lo cierto es que las verdaderas víctimas de esta disputa seguirán siendo los habitantes pacíficos de un sector que lucha por no ser estigmatizado a causa de la violencia.