Las piezas secretas del sumario que podría remover al abogado y fiscal que almorzaron con el secretario del Senado en cuarentena

“No es posible aceptar su invitación a declarar”. A través de un correo electrónico fechado el 5 de agosto del año pasado, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, decidió guardar silencio en el sumario contra el fiscal de drogas, Patricio Rosas, y el abogado de la Fiscalía Sur, Roberto Contreras, con quienes se reunió el 25 de junio a almorzar en el restaurante “Loyola”, ubicado en la comuna de San Miguel, en plena cuarentena y cuando reuniones de este tipo estaban prohibidas por la autoridad sanitaria debido a la pandemia del Covid-19. El hecho lo reveló la radio Bío Bío y hace algunos días concluyó el sumario en contra de los integrantes del Ministerio Público en el que el fiscal regional Héctor Barros determinó aplicar la medida disciplinaria más drástica: la remoción.

A diferencia del fiscal Rosas y el abogado Contreras, al secretario del Senado -y exfiscal regional Metropolitano Sur- la ida al restaurante le salió barata. La Cámara Alta había decidido suspenderlo de sus funciones una vez fuera formalizado, sin embargo, Guzmán se refugió en el Tribunal Constitucional (TC) y logró evitar que el Ministerio Público lo imputara por poner en riesgo la salud pública, argumentando que ya había sido sancionado por la autoridad sanitaria.

La indagatoria administrativa está ahora en manos del fiscal nacional, Jorge Abbott, que tiene dos caminos: ratificar la expulsión de ambos de la institución o darles una segunda oportunidad rebajando entonces la medida disciplinaria aplicada. Ya el fiscal Rosas por estos días saca cuentas alegres, luego de que la Corte Suprema le diera la razón y ordenara que se le debía pagar el sueldo que recibía como jefe de la unidad de análisis criminal que dirigía, y declaró irregular que se le revocara su jefatura en medio del sumario. Por eso, al interior del Ministerio Público los ojos están puestos en lo que hará la máxima autoridad en un caso que es considerado al interior de la institución como “un escándalo”.

Las piezas del sumario, hasta ahora secretas, dan cuenta de que el propio fiscal Rosas era quien en la Fiscalía Sur -cuando comienza la pandemia- es quien informaba sobre las medidas que se debían aplicar para evitar los contagios por Covid en la institución, lo que si se compara con los cargos que se le levantaron es una paradoja: se reunió en un restaurante con Contreras y Guzmán, sin mascarilla (según se ve en la fotografía publicada por radio Bío Bío), sin mantener distancia social y por más de una hora en un recinto cerrado, además de estar esa comuna y la Región Metropolitana en cuarentena total.

El instructor de la indagatoria administrativa, el fiscal jefe Christian Toledo, acreditó en el sumario que “tanto el fiscal Rosas Ortiz como el abogado Contreras Puelles contaban el día 25 de junio de 2020 solamente con el Permiso Único Colectivo, otorgado y obtenido por el Ministerio Público y vigente al día de los hechos, el cual, sin embargo, tal como se consigna en los procesos sobre la utilización de dicho permiso, ‘tiene por objeto servir para el ejercicio de sus cargos y trasladarse en el cumplimiento de sus funciones’”. Entonces, “ninguno de los investigados mantenía el día de los hechos un permiso individual de traslado para la obtención de alimentos, medicamentos o de los que a dicha fecha estaban dentro de los instructivos y disponibles para ser obtenidos en la página de la Comisaría Virtual”.

Toledo reflexiona que la medida impuesta a los ciudadanos por la autoridad sanitaria tenía por objeto disminuir y bajar el flujo de personas transitando por la ciudad y con ello evitar una propagación descontrolada de Covid-19, y que por esos días existía una necesaria obligatoriedad de permanecer en los domicilios, salvo que se obtuvieran permisos individuales para procurarse de determinados servicios (alimentación, medicamentos, atención de personas mayores, etc.), los cuales tenían un tiempo acotado de duración. De hecho, agrega que “los Permisos Únicos Colectivos no eran útiles para el toque de queda o traspasar en su caso cordones sanitarios, sino que sólo tenían por objeto que, en relación a determinados servicios, las personas que las cumplían pudieran desplazarse por la ciudad, ya que su trabajo era considerado esencial para el funcionamiento mínimo de ésta (servicios domiciliarios, de alimentación, salud, o de administración de justicia en caso del Ministerio Público)”.

Lo que cuestiona entonces el investigador a sus compañeros de labores es que ese día ni siquiera fueron a la Fiscalía Sur, sino que directo a reunirse en el mencionado restaurante con su exjefe y actual secretario del Senado. “Este tipo de permisos debían y deben utilizarse de forma restringida, no pudiendo servir para cualquier actividad que quiera realizar quien lo detenta, no siendo posible, por ejemplo, utilizarlo para ir a comprar a un supermercado o farmacia, o para traspasar un cordón sanitario”, apunta.

“Partiendo de la base que ninguno de los investigados el día de los hechos, durante la mañana, prestó servicios de manera presencial en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, conforme a las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio institucional, el haberse trasladado de forma conjunta desde sus domicilios hasta el citado restaurante, local que en dicha fecha solo podía comercializar alimentos en formato de delivery o retiro, sin haber obtenido su permiso individual al efecto, implica, en consecuencia, que se incumplió la cuarentena decretada y que regía para todos los habitantes de la Región Metropolitana, sin excepciones, no siendo factible reconducir para tales efectos el porte del Permiso Único Colectivo, ya que como se señaló, aquello tiene un uso o finalidad distinta, que no permitía realizar dicha actividad; e incluso más, a la luz de los antecedentes recopilados, lo mencionado por los investigados escapa a las máximas de la experiencia, debido al tiempo que permanecieron en su interior, en compañía de un tercero, da cuenta que la acción desplegada en caso alguno tenía la finalidad indicada de retiro de productos, desde el mencionado local, sino que derechamente realizar un almuerzo-reunión”, concluyó Toledo en el sumario.

En el expediente se consignan las alegaciones de Rosas y Contreras, quienes aseguran que el sumariante no acreditó que ese día hayan almorzado en el lugar. “(Los sumariados) afirman que de la lectura del expediente no existe prueba o antecedente en relación a la existencia de una reunión-almuerzo que se les ha imputado en el presente cargo, indicando cuestionamientos y falta de prueba para poder fundar el citado cargo, debiendo indicarse cómo fue ese almuerzo, qué se comió, qué bebida se consumió en esa reunión, cuáles fueron los tópicos tratados o cómo se pagó la cuenta, sosteniendo que no consta elemento alguno para acreditarlo, que no se cuenta con declaración de testigos, no hay fotografías en que se muestre a los presuntos infractores comiendo, no hay servicios puestos en la mesa”.

Al respecto, el fiscal Toledo reflexiona que “si lo que en definitiva pretendían en sus alegaciones los investigados era que habrían concurrido a un ‘delivery’ a retirar algún tipo de alimento, ello tampoco puede establecerse ni de sus presentaciones, ni tampoco aportaron antecedente alguno a su respecto, toda vez que en su oportunidad tampoco facilitaron el esclarecimiento de los hechos, al no querer prestar declaración. Lo anterior no se condice con lo establecido en las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa que llegan tanto el fiscal Rosas Ortiz y el abogado Contreras Puelles al lugar, y posteriormente el secretario del Senado, Raúl Guzmán, se mantienen en dicho lugar una hora y 20 minutos, son fotografiados sentados juntos alrededor de una mesa dispuesta para almorzar (conforme a lo evidenciado en la fotografía publicada), donde fácilmente puede desprenderse que no esperaban un producto, sino que compartían una reunión-almuerzo, y que, a mayor abundamiento, al retirarse los tres comensales de forma conjunta, ninguno de ellos porta nada en sus manos que permitiera presumir el presunto ‘delivery’”.

El instructor del sumario realiza una reflexión respecto de lo que se sancionó en este caso. “Cuál habría sido la “relevancia” e “importancia” para que tres personas de altos cargos públicos, dos de ellas integrantes del Ministerio Público, se reunieran en plena cuarentena, infringiendo todas las normas dictadas por la autoridad sanitaria, reunión que no pudo ser realizada a través de los medios tecnológicos de los cuales han sido dotados por la institución al fiscal Rosas Ortiz y al abogado Contreras Puelles, mediante teléfono, Teams, Zoom o por cualquier otra forma de comunicación que no implicara una reunión física, punto que lamentablemente quedará en la nebulosa, ya que ninguno de los investigados, a pesar de lo mencionado en el reglamento, quiso prestar su colaboración para el esclarecimiento de los mismos”.

Finaliza la resolución en contra de ambos integrantes de la fiscalía sosteniendo que “los investigados coronan su actuar dirigiéndose (ese día) al edificio de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, ingresando a sus dependencias por la escalera lateral que da al segundo piso, evadiendo dolosamente pasar por el control obligatorio que todo y toda fiscal y funcionario y funcionaria de la Fiscalía Sur debe cumplir, demostrando un incontrovertible y profundo desdén por la normativa interna y, en definitiva, por la salud de sus compañeros de trabajo. El hecho de mantener termómetro propio y de utilizar mascarilla no exime a los investigados de su obligación de someterse al control de ingreso al edificio”.

El trabajo del fiscal Toledo fue respaldado por su superior, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, que envió el expediente a la Fiscaía Nacional. Se espera que en los próximos días el propio Jorge Abbott cierre este capítulo abierto hace casi un año, cuando la pandemia estaba en sus máximos números de contagios y tres abogados se reunieron a almorzar infringiendo las medidas Covid impuestas en Chile y en el mundo entero. La duda es si el episodio tendrá algún costo o se cerrará como en el Senado, sin sanción ni reproche alguno.