En los estudios de La Tercera TV en una alianza de La Tercera y Radio Duna se desarrolló esta mañana el primer debate de candidatos de la Región Metropolitana al Consejo Constitucional con miras a las elecciones del 7 de mayo.

El panel contó con la participación de Rodrigo Delgado (UDI), exministro del Interior y candidato del pacto Chile Seguro; la presidenta de la Fundación Nodo XXI, Camila Miranda (Comunes), de la Lista Unidad para Chile; Natalia Piergentili, presidenta del PPD de la Lista Todo por Chile; Luis Silva, abogado (Republicanos) y la también abogada Elizabeth Rodríguez (PDG). La conversación la moderó Nicolás Vergara, conductor de Radio Duna.

La conversación partió con la polémica sobre la legitimidad del proceso: Silva fue consultado sobre la participación del Partido Republicano en las votaciones, a pesar de que se oponen a una nueva Constitución y que sostenían que el triunfo del Rechazo en el plebiscito de septiembre validaba la actual Carta Fundamental.

Silva respondió que si bien como partido “nunca hemos compartido el diagnóstico que se instaló semanas después del estallido, que es que la causa de todos los males de Chile está en la Constitución”, los políticos “se empeñaron” en abrir un segundo proceso, y creen que “el proceso va a resultar mejor con la participación de Republicanos que sin ella”.

Miranda, consultada acerca de la participación de su conglomerado -que también ha tenido dudas acerca del origen y desarrollo de un proceso 2.0- resaltó que la demanda por una nueva Constitución es una petición que la ciudadanía levanta hace años: “No hay que perder de vista que llevamos varias décadas experimentando un debate constitucional a propósito de que muchas reformas sustantivas que mejoraban la calidad de vida de las personas fueron declaradas inconstitucionales”. Vergara replicó si es que en su sector había una “convicción completa respecto a la legitimidad del proceso”. A lo que la académica respondió: “Del proceso mismo no, y me parece legítimo que distintos sectores, muchos no están en la lista en la que participamos, sino que son izquierdas, digamos, extra oficialistas, que plantean que el proceso, el diseño, no es lo suficientemente legítimo en lo que se refiere a la representación”. Aunque recalcó que tanto los partidos de Apruebo Dignidad como el Partido Socialista llevan candidatos propios, y el Partido Comunista ya tiene expertos trabajando en el proceso.

Piergentili, en tanto, reflexionó sobre las razones por las que se rechazó el texto pasado: “El texto que se rechazó tenía aspectos muy valiosos, que tenían que ver con la concreción de derechos y otros ámbitos. ¿Dónde, a mi juicio, estuvieron los problemas? En los maximalismos, en igualar aspectos de segundo orden con aspectos de primer orden. Pero hay aspectos valiosos: la descentralización y otros. (...) La gente no rechazó tener una nueva Constitución, ni tener derechos sociales. La gente rechazó una propuesta maximalista que tenía aspectos que le causaban, miedo, temor, etc.”.

Elizabeth Rodríguez respondió que no estaba de acuerdo. Que para el Partido de la Gente el proceso “no estaba legitimado”.

El debate avanzó hacia las distintas posturas sobre los derechos fundamentales que debe consagrar el proyecto de nueva Constitución.

Camila Miranda lamentó el enfoque de los detractores de un nuevo texto fundamental:

“Aquí se trata de generar un contrapunto en el sentido de que cualquier cosa que cambie la Constitución actual es un problema maximalista. Y yo creo que hay un problema de diagnóstico, porque la Constitución actual que tenemos nos ha generado muchos problemas -indicó-. Por ejemplo, en seguridad no restringe alusiones. En materia de derechos no nos reconoce derechos esenciales como la salud y nos reconoce solo derechos de acceder a la salud”.

Silva respondió que esta postura genera desencanto de los votantes hacia el tema constitucional: “Esa retórica, yo creo que es la que genera expectativas que después se ven frustradas. (...) Porque las expectativas de la gente se vieron frustradas con el proceso. Se les ilusionó con que la nueva Constitución les iba a solucionar la vida prácticamente en todos los ámbitos. Salud, educación, pensiones, etc. Se dieron cuenta, no solo por el proceso, sino por el resultado que eso no era así”.

A Piergentili se le preguntó sobre el rol del Estado ante los derechos sociales, y si este debe ser único proveedor de ellos. “En mi concepción, por lo menos, no”, respondió: “Tenemos que garantizar al menos cuatro derechos, porque una lista interminable de derechos garantizados no es factible (...): pensiones, salud, educación y vivienda”. Eso sí, la presidenta del PPD agregó que esto debe ser realizado con gradualidad, “pero, además, con la participación privada. Yo no tengo ningún problema en que exista una provisión mixta. El punto es ¿cómo regulamos la participación de los privados?”.

Ante esto, Delgado apuntó que estaba de acuerdo con que las expectativas de la gente había que administrarlas y tener en cuenta los presupuestos futuros. “Pero también agregaría que un derecho fundamental inherente es el derecho a la seguridad. Porque no sacamos nada con tener el mejor hospital y sala de espera, si en esa sala un tipo va a sacar una Glock modificada (pistola) y va a disparar a diestra y siniestra -añadió-. El derecho al orden público debe estar asegurado para el desarrollo de todos los otros derechos sociales”.

La libertad de educación fue otro de los temas abordados tras la consulta de una de las suscriptoras de La Tercera -invitados como público al debate- y a quien se le permitió preguntar a los candidatos. Florencia Ruiz-Esquide consultó ¿qué garantía pueden darles a los papás de que su derecho a educar y elegir colegio se respetará?

Camila Miranda fue la primera en responder: “Yo estoy de acuerdo con el contenido que dice que las personas, sean familias, padres, cuidadoras tienen el derecho a escoger los proyectos educativos, pero con límites legales. (...) Estoy por que la libertad de enseñanza signifique la libertad de los padres, los cuidadores para escoger proyectos educativos y no la libertad de emprender con la educación”.

Delgado aportó una visión contraria: “Libertad absoluta de los padres para elegir y libertad también para emprender con la regulación necesaria para que nadie se salga de los márgenes, para que no haya abuso y para que la calidad sea la pertinente”.

En esa misma línea apuntó Silva: “Siempre he entendido la libertad de enseñanza como un derecho que comprende no solo la de elegir el proyecto educativo que quieres para tu hijo, sino también para crear el establecimiento, mantenerlo y cerrarlo si se cumplen las condiciones. Esa libertad de enseñanza siempre la he entendido como una proyección del derecho preferente a educar a los hijos. Los niños nacen al lado de sus padres que son quienes les enseñan”.

Conscientes de la incertidumbre de la participación para el domingo 7 de mayo, los cinco candidatos a la RM coincidieron en su llamado a votar y de informarse del proceso. En ese sentido, la candidata Elizabeth Rodríguez hizo un llamado a no “botar el voto”, dado que el sistema funciona igual. “Van a quedar los que tengan que quedar y si no votan, van a quedar nuevamente las minorías y no las mayorías”, sostuvo.

La candidata y presidenta del PPD, por su parte, se sumó a ese llamado asegurando que esta es una “tremenda oportunidad de hacer las cosas bien, de construir una buena y nueva Constitución que es necesaria para seguir avanzando hacia el país que queremos”.

Con el mismo mensaje de fondo, Camila Miranda realizó un llamado especial a la participación de las mujeres. “Siempre que hemos estado ausentes en los procesos políticos nuestros derechos no están”, advirtió.

Similar fue el llamado de Luis Silva y Rodrigo Delgado. Este último comentó que “si bien es cierto la gente tiene interés de participar, ni siquiera sabe la fecha de la elección”. Por eso, Luis Silva invitó a “tomarse muy enserio el proceso que viene, a informarse de los candidatos que se están presentando y a votar de acuerdo a lo que ustedes concluyan”.