“Líder con un alto poder adquisitivo”: el frustrado traslado de Gendarmería a enemigo de reconocida banda narco

Su llegada a la Clínica Las Condes (CLC) fue en helicóptero privado, con vigilancia terrestre a cargo de sus “soldados” y nunca estuvo solo. Para su círculo, su salud y seguridad eran primordiales.

Cristián Aguirre Ramírez (37), conocido líder narcotraficante de la banda “Los Ramírez”, fue internado en octubre del 2021 en la Clínica Las Condes, tras recibir seis balazos en la espalda. Su estadía en el recinto médico no pasó desapercibida, pues su subordinados coparon las esquinas del establecimiento, ubicado en Estoril 450, en Las Condes.

Sin embargo, tras salir de la clínica y ser dado de alta, debió ingresar al hospital penitenciario de Santiago 1, donde, nuevamente, su estadía no pasa desapercibida. Aguirre está formalizado por la fiscalía por los delitos de asociación ilícita por tráfico de drogas y lavado de activos y lo sindica como líder de una banda inspirada en un cartel mexicano.

Fue la mañana del viernes 4 de febrero que se concretó el traslado del “Pablo” -como era conocido al interior de la organización-, a Santiago 1. Allí se encontraría con un viejo conocido: Juan Francisco Vidal Pinto (32), imputado por tráfico de drogas y homicidio. Es último ilícito lo perpetró el 18 de mayo del 2019 cuando le disparó a Arnaldo Vidal Ramírez (30), hermano de Cristián Aguirre.

Para evitar un eventual ajuste de cuentas dentro del penal, Gendarmería -a través de un escrito al tribunal- solicitó el traslado de Vidal Pinto a otro recinto penitenciario fuera de la Región Metropolitana, “debido a que su integridad física se encuentra en peligro al interior de este recinto penal, por el ingreso de Aguirre Ramírez (...), de alto compromiso delictual, líder de banda con un alto poder adquisitivo, teniendo la capacidad de tomar algún tipo de represalia en contra de Vidal Pinto”.

En el requerimiento, Gendarmería pide que se evalúe el traslado de Vidal Pinto a “alguna unidad fuera de la Región Metropolitana, donde cuente con las medidas de seguridad y operatividad”. La institución señala que este interno es de “posible interés” de miembros de la banda dirigida por Aguirre, quienes se encuentran recluidos en diferentes penales de la capital.

Debido a que la solicitud fue acogida por el Juzgado de Garantía de Melipilla, la defensa de Vidal Pinto, Álvaro Pérez, presentó un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de San Miguel con el fin de revertir la determinación del juzgado, aunque esta fue rechazada por el tribunal de alzada al no considerar ilegal el traslado.

Sin embargo, la defensa elevó su requerimiento a la Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones, pues el abogado de Vidal cree que “se pretende desmejorar la situación en la que actualmente se encuentra por una mera especulación, sin que exista razonabilidad en lo pedido por Gendarmería”. Consultado por La Tercera, Álvaro Pérez, sostuvo que el traslado del recluso “perjudica a mi representado y se actúa en contra de él, porque tal cual lo reconoce Gendarmería este sujeto podría atentar en contra de la vida de mi representado y adicionalmente se le atribuye ser líder de una banda que tendría miembros en diversos centros de detención a lo largo de Santiago, atribuyéndose cierto control.”

Ante eso, el abogado cuestiona las acciones de la institución penitenciaria, quien decidió trasladar a Vidal Pinto por sobre Aguirre. “Entonces uno se pregunta si a mi representado se le cambia a más de 500 KM de distancia de su familia debido al poder adquisitivo que él mismo tiene, que no solo le permite decidir en qué clínica estar”, dijo.

El caso también ha tocado a Gendarmería, pues el 31 de enero de 2022, Gendarmería informó la baja de un funcionario de la institución por su vinculación con el líder de la banda narcotraficante. Además de abrir un sumario administrativo por estos hechos.

Finalmente, la Suprema acogió la solicitud de la defensa, dictaminando que Gendarmería “deberá analizar los antecedentes a fin de determinar la factibilidad de poder trasladar al imputado a un centro penitenciario cercano a su domicilio, manteniendo las medidas de seguridad del caso, en su favor”.