Líos de platas: el 70% de las fundaciones que tienen convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta no ha rendido ni la mitad de sus gastos

Un categórico informe fue el que emitió Contraloría cuando, en un texto de 91 páginas, describió una a una las irregularidades en las que se incurrió en el convenio entre la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

Pero no solo para eso había espacio en la auditoría emitida por la institución dirigida por Jorge Bermúdez, la cual también detectó falencias en el trabajo administrativo de la repartición del Ministerio de Vivienda (Minvu), la cual era dirigida hasta el 17 de junio por el exmilitante de Revolución Democrática Carlos Contreras. El informe, en el cual se anexaron todos los acuerdos, también revela datos en los que puede reconocer que un 70% de las rendiciones no se ha efectuado correctamente.

Y es que uno de los primeros puntos administrativos advertidos por el ente contralor sobre el funcionamiento de la Seremi de Antofagasta es que las rendiciones realizadas por las organizaciones son gestionadas por una secretaria en planillas de Excel, lo que a juicio de Contraloría genera un riesgo, dado que esos “datos pueden ser modificados o ser erróneos, pues dichas planillas no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros, no permitiendo asegurar su calidad”.

El punto ocho del informe emitido por Contraloría detectó “falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios”. En ese sentido, de la información entregada por Contraloría, se puede desprender que de las transferencias realizadas por la Seremi del Minvu en Antofagasta, entre enero de 2020 y diciembre del 2022, existe un bajo porcentaje de rendición del gasto en el que han incurrido las organizaciones con los fondos públicos otorgados a partir del convenio.

En cifras expuestas por el documento de Contraloría, siete de las 10 fundaciones que tienen un convenio no han rendido ni siquiera la mitad de los montos que se les transfirieron (ver tabla).

Por ejemplo, la Fundación TomArte, la cual tiene cuatro convenios que ascienden a $456 millones, solo ha rendido el 15,4% hasta el 30 de junio de este año. Hasta la misma fecha, Fundación Movimiento Fibra solo ha rendido el 20,7% de los gastos de los convenios por $430 millones. En caso contrario, las fundaciones Recrea y Superación de la Pobreza son las que más han rendido los montos transferidos, con 96,8% y 67,2% correspondientemente.

Una falencia detectada en este punto es que luego de rendirse, la Seremi de Vivienda de Antofagasta debe aprobar dichas justificaciones, donde también se observa un bajo porcentaje de aprobación. Y es que, según Contraloría, la Seremi incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta de los organismos receptores de los fondos. Al 30 de junio del año en curso, respecto a 68 convenios vigentes, se habían presentado rendiciones por un total de $500.854.319 que no han sido revisadas.

Estas falencias, según señaló el contralor Jorge Bermúdez durante la comisión investigadora, el lunes 4 de septiembre, por el caso líos de platas en la Cámara, “dan cuenta efectivamente de esa falta de control y monitoreo oportuno por parte de la Seremi”.

La Contraloría sostiene que la institución regional confirmó que existía una deficiencia en el proceso de control y monitoreo de la ejecución de los convenios tanto en el programa de Asentamientos Precarios del Serviu de Antofagasta como en la Seremi de la misma región. Aquello “obedece a un problema estructural y de falta de coordinación entre los equipos de ambas entidades, razón por la cual trabajarán conjuntamente en la elaboración de un procedimiento interno”, señala.

Otro de los puntos cuestionados por Contraloría al funcionamiento de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, es lo que cataloga como “falta de comunicación” por parte de la organización gubernamental, dado que cuando se advierten complicaciones con los convenios, no se les notifica de ello a las fundaciones. Es decir, se produce un punto ciego relevante.

En ese sentido, hasta el 30 de junio la institución había objetado $459 millones de 27 convenios con cinco fundaciones; sin embargo, según Contraloría nunca se les notificó de eso a las ONG.