Líos de platas: el desfile judicial de los militantes de RD ante la Fiscalía por los millonarios convenios de Democracia Viva

Los coletazos del caso líos de platas no solo han traído una serie de consecuencias para La Moneda, sino que también para uno de los partidos más fuertes de la coalición de gobierno, Revolución Democrática.

Es que ya en el origen de esta investigación, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, el vínculo entre los principales imputados del caso -el exseremi Carlos Contreras y el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade- y la tienda comandada por Diego Vela saltaron a la luz.

Por lo mismo, parte importante de las pesquisas del persecutor se han centrado en dicha colectividad. Como confirmó hace unos días La Tercera, la exseremi de Vivienda Tatiana Rojas, quien dejó el cargo producto de su “responsabilidad política” en el caso, ya entregó su declaración ante los investigadores, pero no ha sido la única.

Como pudo constatar este medio, otro de los personeros que declararon como testigo es Tomás Flores, quien entregó los antecedentes que conocía el pasado 10 de octubre ante efectivos de la PDI.

Como se ha podido establecer, él era parte del consejo asesor de Democracia Viva y fue parte del directorio provisional de la misma. Además fue jefe del comando de campaña de las candidaturas de Revolución Democrática al Consejo Constitucional y, en tal calidad, realizó servicios de diagnóstico y estrategia comunicacional con la fundación Democracia Viva.

Al ser contactado, Flores aseguró que, principalmente, se le consultó sobre cómo operaba la fundación y cuándo tomó conocimiento de los antecedentes que tienen a la ONG al borde de la disolución y al partido bajo la lupa del Ministerio Público.

Igualmente, en el listado se encuentra Javiera Martínez Henríquez, quien de acuerdo con el acta de asamblea de la fundación de Democracia Viva se posicionó como directora de la misma. Pese a ello, en el marco de la investigación interna realizada por Revolución Democrática, ella sostuvo que no recordaba haber firmado acta alguna, por lo que el punto deberá ser aclarado.

Los tres personeros antes mencionados son parte del listado que RD elaboró para complementar la querella que presentaron en medio del caso -aunque luego fueron excluidos como querellantes- y donde los situaron como sujetos de interés en medio de la causa.

Ahí, además, se incluye a la delegada Daniela Dresdner Vicencio, ya que estuvo en el directorio provisional de la fundación. Sin embargo, como se informó desde la tienda a raíz de la investigación interna que realizaron, esos antecedentes no fueron relevados por ella.

Se suma, igualmente, Carolina Pérez Dattari, que aparecía en la página web de la fundación como encargada de poder y cambio social, y también habría participado como directora de metodologías y cabildos.

Camila Hernando Martel es otra de las nombradas por la colectividad, por haberse desempeñado en el área de formación e investigación de la ONG, además de haber aparecido en su página web como parte del Consejo Asesor.

A ellas se agrega Doris Pinto Manquenahuel, quien en el acta de fundación de la entidad se le designa como tesorera de la fundación, cargo al que renunció con fecha 5 de mayo de 2023.

Cecilia Millán La Rivera también es considerada como sujeto de interés, ya que es dueña del inmueble donde se ubicaba -según sus estatutos- el domicilio de la fundación de Democracia Viva. Y por último, se menciona a Paulina Cabrera Pereira, ya que fue la contraparte técnica por parte de la fundación Democracia Viva en la ejecución de los convenios ligados a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y podría entregar antecedentes acerca de la realización de los trabajos. En la página web de la fundación, además, figuraba como encargada de poder y territorio.

Todos los detalles entregados por las personas a las que se les ha pedido prestar declaración, en todo caso, se mantienen bajo absoluta reserva por disposición del fiscal Aguilar. Aquello, pese a que intervinientes han pedido acceso.

La respuesta del persecutor ha sido, como constató este medio, que no se accede a lo pedido, dado el carácter secreto de la investigación.

Consultado al respecto, el abogado Sergio Rodríguez Oro, querellante por los diputados del Partido Republicanos, manifestó: “Nos parece grave que se mantenga reserva de la investigación. No existe ninguna razón que justifique una afectación de los derechos de los intervinientes. Al revés, impide que se pidan y decreten diligencias útiles, siendo en definitiva una cortapisa más que una ayuda a la investigación”.

Por lo mismo, aseguró que reclamarán “ante la Fiscalía Regional para revertir esta decisión, la que en definitiva solo ayuda a la impunidad de los responsables”.