Lleva 5 meses y debería haber durado dos: La demorada investigación eclesial a Diego Ossa, el último Karadima boy

La investigación eclesial se decretó -al menos en el papel- el 29 de enero de 2019. El plazo inicial: 60 días. A más de cinco meses de ello, la indagatoria que lleva adelante el arzobispado de Santiago por dos abusos sexuales y uno de autoridad contra el último de los "Karadima boys", el sacerdote Diego Ossa Errázuriz, sigue abierta y una serie de movimientos relativos a la misma ha redundado en que aún no tenga resultados.

En el camino, las tres víctimas que denunciaron a Ossa -Oscar Osbén y dos que han mantenido reserva de sus identidades, una de las cuales habría sido menor de edad al momento de los abusos- afirman que han recibido pocas explicaciones sobre la dilación.

Ossa -quien formó parte del núcleo más cercano a Fernando Karadima mientras éste fue párroco de la iglesia de El Bosque, en Providencia- también es objeto de una investigación del Ministerio Público por estas tres mismas denuncias.

"Del arzobispado, si yo no preguntara, no me dicen nada. Yo me agoté porque de la comisión Prevenir de la Conferencia Episcopal quedaron de informar todos los pasos, y hace como un mes volví a preguntar, me contestaron que estaban en una reunión en Punta de Tralca, y no me respondieron más. Ahí me contactan directamente con Andrea Idalsoaga, que trabaja para el arzobispado, de quien recibo información directa", afirma Osbén.

Cuando el 27 de agosto del año pasado el arzobispado de Santiago decretó el inicio de la investigación previa, ésta recayó en el sacerdote Opus Dei Alejandro González. Como medidas cautelares, el cardenal Ricardo Ezzati instruyó el cese de las funciones de Ossa como vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en la comuna de Ñuñoa, fijando su residencia en su hogar familiar. Una fuente cercana al caso afirma que para ésta, González requirió la declaración de uno de los denunciantes que vive fuera de Chile, para lo cual designaron a un juez que vivía a más de 800 kilómetros de su domicilio. A pedido del propio denunciante, tiempo después se designó a otro juez a una distancia menor.

El 4 de diciembre de 2018, el arzobispado -a través de un comunicado- informó que la investigación previa había concluido resolviendo que las denuncias eran verosímiles, por lo que procedía el envío del expediente a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) pues incluía un caso de un menor de edad. Sin embargo, una de las víctimas había presentado su denuncia directamente en Roma, por lo que la CDF -casi al mismo tiempo- pidió que se realizara un proceso administrativo en Chile.

Así, el 29 de enero, por un nuevo decreto del arzobispado, se dio inicio al proceso administrativo contra Ossa, dando nuevos 60 días para la investigación. Nuevamente el caso quedó en manos de un miembro del Opus Dei: el sacerdote Hernán Garcés, quien ejerce como instructor del proceso administrativo.

Dos meses después, al cumplirse el plazo para que Garcés presentara su investigación, éste pidió un aplazamiento. El arzobispado decretó una prórroga de 30 días "útiles". El 29 de abril, entonces, cuando se cumplió el nuevo plazo, la defensa de Ossa -que encabeza el sacerdote y canonista Bernardo Herrera- solicitó un tiempo más para presentar sus descargos, trámite necesario para que Garcés emitiera su voto respecto de la causa.

Tal como dan cuenta los correos intercambiados entre una de las víctimas, Oscar Osbén, y el departamento de Prevención de Abusos del arzobispado de Santiago, el 3 de mayo se le comunicó que "como se venció el plazo, el juez instructor ha solicitado una nueva ampliación del plazo, sólo para recibir el alegato del abogado defensor y emitir su voto". Tres días después, Osbén recalcó en su correo de respuesta que "esta es la primera o segunda prórroga", y que quería conocer la fecha final de la investigación.

El 13 de mayo, Osbén volvió a dirigirse -vía correo electrónico- al departamento de Prevención de Abusos preguntando nuevamente por la fecha final de la nueva prórroga. Cuatro días después, se le respondió que "el juez instructor espera entregar a fines de la próxima semana la investigación con su voto".

Pero un nuevo ingrediente volvió a dilatar el proceso. El paso siguiente, tras la investigación de Garcés, era que su informe pasara a dos "asesores", es decir, peritos canónicos que dieran su parecer al administrador apostólico del arzobispado de Santiago, Celestino Aós, para que hiciera su dictamen final sobre la causa. Los dos "asesores" nombrados originalmente por decreto no pudieron ejercer. El primero, el sacerdote castrense Claudio Verdugo -ex canciller del obispado castrense y brazo derecho de Juan Barros en su gestión al interior de las FF.AA.- informó que estaría fuera de Chile. El segundo, el sacerdote David Albornoz, se tuvo que declarar incompetente porque había participado de la recepción de denuncias contra Ossa en el servicio de acogida de víctimas establecida tras la visita de monseñor Scicluna.

Así, el 10 de junio se designaron como reemplazantes a los sacerdotes Francisco Javier Iglesias, catecúmeno, y Cristián Sahli, Opus Dei, cuestión que a Osbén le informaron formalmente el 14 de junio. El 13 de ese mes, la defensa de Ossa recusó a Sahli por ser el tercer cura del Opus Dei involucrado en el proceso, sosteniendo que no había garantía de imparcialidad. Monseñor Aós acogió la solicitud y nombró en su reemplazo al sacerdote Claudio Ortiz, de Valparaíso.

Así es como al día de hoy, el proceso administrativo penal contra Ossa, comenzado el 29 de enero, tras más de dos meses de investigación previa, ya lleva más de cinco meses, lo que ha llevado a la desconfianza de las víctimas.

"Lo último que supe fue que habría una resolución luego, pero nunca con fechas concretas. Da la impresión de que no hay un procedimiento establecido, es todo muy ambiguo", relata el denunciante, quien se ha tenido que apoyar en otros sacerdotes para presionar al sistema por dentro.

"No quiero pensar mal ni ser desconfiado, pero en vista de cómo se han dado las cosas a lo largo de todo el proceso, desde que hice mi declaración el año 2011 donde nunca se me tomó una declaración posterior ni fueron formales los pasos que se tomaron, tengo una gran desconfianza. No quiero pensar que esto está nuevamente bajo un manto de encubrimiento. Llega un momento de una desesperanza tan grande y tan poca confianza en la institución, que no queda otra que esperar, cerrar los ojos y creer que en algún momento se va a ver algo de justicia", enfatiza Osbén.

Consultados en el arzobispado de Santiago, señalaron a La Tercera PM que "el proceso se encuentra en su fase final. Todo proceso judicial, civil o canónico, requiere del cumplimiento de formalidades, lo que en este caso explica que aún no haya culminado el proceso".