Durante dos días la Comisión Experta sometió a votación 622 enmiendas para modificar el texto despachado por el Consejo. Luego de fracasar en su objetivo de conseguir un acuerdo político transversal e integral, cada bloque presentó sus indicaciones y probó suerte para ver qué sector lograba los 3/5. Las observaciones que eran idénticas se aprobaron de forma conjunta. El resto fue un mar de votos cruzados de lado y lado.

La izquierda optó por defender sus cambios, sabiendo que la mayoría iba a ser rechazado. Ante ese escenario, Chile Vamos tuvo que cruzar varias veces el puente para lograr modificaciones en las normas más polémicas. Para varios comisionados, lo que pasó en estas sesiones es un reflejo de la postura que tendrá la derecha por el “A favor” y la izquierda, que aún no define su posición, por el “En contra”.

Cuatro comisionados de Chile Vamos -Katherine Martorell (RN), Máximo Pavez (UDI), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli) y Hernán Larraín (UDI)- dieron sus votos para votar por la enmienda del oficialismo que propone suprimir el inciso que establece el fin del pago de contribuciones a la vivienda principal.

Con votos de los siguientes comisionados de Chile Vamos -Martorell, Pavez, Soto, Larraín y Juan José Ossa (RN)- se aprobó la indicación de la izquierda que propone eliminar por completo esta parte de la norma que viene incluida en la regulación de la libertad religiosa.

Con 21 votos a favor, la Comisión Experta aprobó la observación del oficialismo que elimina del texto el artículo que habla sobre migrantes. La parte en disputa planteaba que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen”. El comisionado de los republicanos Carlos Frontaura votó a favor de eliminar la norma, pero luego aclaró que fue un error.

La oposición le dio los votos al oficialismo para proponer al Consejo la eliminación de una parte del estado de sitio. Este estado de excepción constitucional fue modificado por los consejeros para agregar una nueva hipótesis para que pueda ser invocado por el Ejecutivo. La nueva circunstancia hacía referencia a la existencia de una “grave amenaza terrorista”.

La derecha se sumó a la observación de la izquierda para sacar de la propuesta constitucional la referencia a la justicia militar. Este tema había sido criticado por ser un asunto de rango legal. Incluso la Corte Suprema había propuesto restringirla para que no se abriera la opción de que pudiera incluir a civiles.

La derecha rechazó la enmienda de la izquierda para modificar el primer artículo del texto, pero al momento de votar la indicación de Chile Vamos las dos comisionadas de la DC Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss votaron a favor. De esta forma, la derecha hizo un gesto a la izquierda devolviendo la cláusula del Estado social al artículo primero de la propuesta de nueva Constitución. El orden de los incisos en esa norma quedó así: dignidad humana, familia como núcleo de la sociedad, Estado social, autonomía de los cuerpos intermedios, servicialidad del Estado y remoción de obstáculos.

La derecha entregó algunos de sus votos para cambiar el verbo rector de la norma del texto, que viene inspirada de un artículo de la Constitución francesa, para garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres. Si el Consejo acepta la propuesta, la norma observada quedaría así: “La ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres.” La modificación estuvo en volver al verbo “asegurará” en vez de “promoverá”.

Los comisionados de Chile Vamos y el oficialismo dieron sus votos para observar la norma que flexibiliza los límites a la reelección de alcaldes, cores, concejales y gobernadores al permitirles seguir compitiendo por el mismo cargo, pero en otra comuna o región. Este artículo, que fue apodado por sus detractores como sillita musical o turismo electoral, sería eliminado del texto en caso de que el Consejo apruebe la observación.

Con votos a favor del comisionado Frontaura y algunos UDI y RN, se aprobó la enmienda de la oposición que suprimía el epígrafe de reemplazo constitucional, el mecanismo que mantuvo el Consejo y que venía intacto del anteproyecto de los expertos.

La fórmula implicaba un procedimiento muy complejo para cambiar por completo la Constitución, que mezclaba un proceso mixto, quórum de 2/3 y dos Congresos consecutivos para poder lograrlo.

Con votos a favor de Frontaura, la Comisión Mixta observó el transitorio de la paridad de salida. Con esto, la norma vuelve al texto si el Consejo así lo confirma. Esta norma mandata a la ley crear un mecanismo de equilibrio de género 60-40 para el Congreso, que dure como máximo dos ciclos electorales.

La derecha fue dividida con dos enmiendas y la izquierda con una indicación. Las tres fueron rechazadas por lo que la Comisión Experta no tocó la norma del Consejo que mandata que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

Los expertos no dieron sus votos y confirmaron la norma que, en el marco de la regulación de los derechos de los niños, incorpora una norma que establece que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.

Las comisionadas de izquierda Verónica Undurraga (Ind.-PPD), Antonia Rivas (CS) y Catalina Lagos (PS) han recalcado que esa norma tiene repercusiones en el estatuto jurídico de la vida en gestación, lo cual podría tener efectos, según han comentado, en la ley de aborto en tres causales. Esta fue la razón por la cual los expertos no pudieron llegar a acuerdo en esta materia, ya que la derecha no quiso tocar esta norma y por lo tanto con este artículo intacto de nada servía, argumentan en la izquierda, volver a la redacción de la Constitución de 1980 que señala que la ley protegerá la vida “del que está por nacer”.

En republicanos, hasta el momento en privado, reconocen que el efecto apunta a dotar de mayor protección la vida humana en gestación. Pero, a su vez, se defienden diciendo que el artículo no es nuevo en el ordenamiento jurídico nacional ya que se considera incorporado por ser parte del artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por Chile.

Todas las observaciones fueron rechazadas. La libertad sindical queda sin cambios, se confirma el texto del Consejo y por lo tanto la huelga se mantiene limitada a la negociación colectiva.

La norma queda ratificada al rechazarse todas las observaciones al inciso que establece que existirá libertad de elección en salud. Este artículo apunta a que las cotizaciones obligatorias de salud deben ser administradas por una entidad pública o por una privada para que así las personas puedan elegir entre ambas opciones y bloquear que el Estado pueda administrarlas en su totalidad. La izquierda acusa que esto implica constitucionalizar el modelo de las isapres.

La derecha rechazó todas las observaciones de la izquierda y el oficialismo rechazó todas las enmiendas de la oposición. Ese fue el resultado que dejó intacta la regulación de la seguridad social tal como la escribió el Consejo. Por lo tanto el texto mantiene la protección de la propiedad de los fondos y la libertad de elección vinculada a la administración de estos recursos tanto por entidades privadas como públicas. La izquierda reprocha que este inciso implica constitucionalizar el modelo de las AFP.

La Comisión Experta no pudo observar, por no conseguir 14 votos, la norma del Consejo -promovida por los republicanos- que establece que las personas con enfermedades terminales puedan cumplir penas de cárcel en sus casas. Esta es la norma que quedó en subsidio de la enmienda, retirada por los republicanos, que entregaba este mismo beneficio, pero a las personas mayores de 75 años.

La izquierda ha criticado duramente este artículo ya que, dicen, implica un “perdonazo” a los internos que cumplen condenas de presidio en el penal Punta Peuco. Pese a sus reproches, no dieron sus votos para observar la normativa.

La norma que produce un eximente penal para las policías por el uso racional de la fuerza, parecida a la regulada en la Ley Nain-Retamal, quedó sin observaciones. “Corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”, se lee en el artículo que quedó intacto.

La Comisión Experta no observó la norma transitoria que reduce la Cámara. Por lo tanto, se achicará el Congreso pasando de 155 diputados a 138. Esto es en un mandato al Servel para que redistrite el sistema con zonas electorales que repartirán entre dos y seis escaños. El organismo técnico deberá hacer una propuesta al Congreso para que la apruebe. Si en 18 meses el Parlamento no da su visto bueno, se entenderá por aprobada la proposición del Servel.

Todas las observaciones de la Comisión Experta serán despachadas en un informe al pleno del Consejo. En una sesión plenaria, citada para este lunes, los consejeros deberán aprobar o rechazar las enmiendas. Las aprueban con 30 votos y las rechazan con 33. Todo lo que no obtenga esa cantidad de votos será derivado a una comisión mixta integrada por seis expertos y seis comisionados.

El resultado de la votación de la Comisión Experta dejó una sola conclusión en este tema: sí habrá comisión mixta. Los votos en contra de Frontaura, en las enmiendas aprobadas, son una señal clara de los asuntos que serán tratados en esta instancia.

Las certezas alcanzan, al menos, a tres temas controversiales: contribuciones, objeción de conciencia y migrantes. Los republicanos no dejarán caer esas normas, que para ellos son fundamentales, y pretenderán revivirlas de manera perfeccionada en la comisión mixta.

Llegado el momento de constituir la comisión mixta, aparecerán los problemas. El reglamento no define cómo se integra, solo dice que sus miembros serán propuestos por la mesa del Consejo y de la Comisión Experta. Como el órgano de expertos está empatado, es obvio que sus seis integrantes serán tres de izquierda y tres de derecha.

Eso no ocurre así en el Consejo. Si la mesa no se pone de acuerdo en cómo elegirlos, el disenso deberá resolverse en la reunión de delegados o en el pleno, instancias en las que la derecha tiene 33 votos de 50. Todo indica que la alternativa más razonable es que se copie la forma de designación que usa la Cámara, es decir, los cupos se determinan de manera proporcional a los escaños que tiene cada partido.

Eso llevaría a que por el lado del Consejo queden tres republicanos, un UDI, un PS y el último integrante sería sorteado entre la bancada de RD y la de RN-Evópoli. En el escenario más conservador para la derecha, serían cuatro consejeros de oposición. En el escenario más generoso se quedan con cinco de los seis cupos. Por lo tanto, la derecha tiene asegurado el control de los 3/5 de la comisión mixta para hacer las modificaciones que estime necesarias, ya sea con siete u ocho puestos de un total de 12, en la última instancia del proceso constitucional.