Los imputados por lanzar molotov en actividad de Daniel Jadue (PC) que buscan acceder al indulto como presos del estallido

Eran 80 personas que asistieron a una charla entregada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), el 27 de febrero del 2020, en Osorno. El lugar escogido era una iglesia luterana, donde el incipiente candidato presidencial expondría sobre los alcances del proceso constitucional y otros tópicos de la contingencia. Cuando habían pasado 15 minutos desde el inicio de la charla, una botella de vidrio ingresó rodando a la sala principal y cayó justo debajo de la silla de Rosita Bello (65). “Rebotó en la mesa y de ahí rebotó en la patita de mi silla, era una botella, se esparció líquido que contenía, se imagino parafina o bencina por el olor, fue muy chocante el hecho”, declaró ante la fiscalía.

En palabras simples, y según el rótulo de la causa, el hecho fue un ataque incendiario con una bomba tipo molotov. A los pocos minutos del frustrado ataque -dado que el elemento de fabricación artesanal no estalló- la policía logró detener a los presuntos autores del hecho: Ramón Vargas Cotiart y Rubén Gallegos Rivas. El primero es hermano del concejal de la zona de Hualaihué, Félix Vargas (RN).

“Nos persiguieron y torturaron en la dictadura de Ibáñez, luego proscritos por Videla y en la dictadura de Pinochet, además de torturados, desaparecidos y exiliados nos asesinaron dos direcciones completas del Partido Comunista de Chile, y ¿siguen creyendo que pueden amedrentarnos?”, escribió el 28 de febrero de ese año la diputada PC Camila Vallejo, quien rechazó el ataque presuntamente dirigido a Jadue.

Los imputados quedaron detenidos ese mismo día, tras ser formalizados por el delito de incendio con peligro para las personas, y arrojar elementos incendiarios, fueron trasladados a la cárcel de Osorno para iniciar una prisión preventiva de, hasta hoy, 690 días. Sin embargo, la estadía tras las rejas por intentar atacar un recinto cerrado con 80 personas en su interior, incluido el alcalde Jadue, podría llegar a su fin.

Así se desprende del listado de 69 personas que están en prisión preventiva -entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2021- elaborado por Gendarmería y remitido a la presidenta del Senado, Ximena Rincón.

En el informe figura la situación de los imputados Vargas y Gallegos, quienes fueron detenidos en el periodo mencionado en el proyecto de ley que busca el indulto para quienes hayan sido arrestados entre el 18 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre de 2020. Según la iniciativa de los senadores Isabel Allende (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PP) y Yasna Provoste (DC), el ilícito de arrojar elementos incendiarios está contemplado para liberar a quienes estén en prisión preventiva por ese delito.

En la acusación, la fiscalía incorporó una serie de testigos relativos al hecho, donde da cuenta, incluso, de que uno de los imputados quiso acercarse a Jadue, minutos antes del hecho, para conversar con él a solas.

Nicolás Araya, médico cirujano de la zona y amigo de Jadue, estaba ese día en la iglesia. En su relato a los persecutores sostuvo que “se acercó una persona, me pregunta si él puede hablar después a solas con Daniel, exponerle un tema (...). Posterior a eso la persona entra a la actividad, pasa un rato, unos 10 o más minutos, y se escucha que se quiebra algo y empieza la gente a salir. En eso, una persona, se sube a un auto Volvo blanco y salen rápidamente”.

El Ministerio Público acusó a los imputados por el delito de incendio y arrojo de elementos incendiarios, en julio del año pasado. Pidió, en total, ocho años de presidio para ambos, y el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno acogió los delitos imputados y condenó a los presuntos autores del ataque.

Sin embargo, ambos figuran como personas en prisión preventiva aún, dado que la defensa interpuso un recurso de nulidad, el cual aún está pendiente. La última jugada de la defensa fue buscar el cambio de medidas cautelares, pero, el tribunal oral se negó a este requerimiento.

“La necesidad de imponer la medida más gravosa, como es la prisión preventiva, a fin de asegurar la ejecución de la sentencia propiamente tal, no obstante existan recursos pendientes. Lo concreto es que existe esta sentencia condenatoria y, en definitiva, cualquier otra medida cautelar que propone el defensor resulta insuficiente para cautelar efectivamente dicho objetivo”, resolvió en septiembre del año pasado la jueza María Soledad Santana.