Los tentáculos del crimen organizado cruzaron la línea: instruyen baleo a gendarme y su hijo de 13 años en Puente Alto

Era una luz de alerta que se había encendido, al menos hace siete meses, cuando en marzo el Ministerio Público le entregó al fiscal regional Sur, Héctor Barros, la misión de indagar todas las amenazas del crimen organizado en contra de autoridades públicas. Ese era el foco: amenazas, delito que crecía cada vez más, y que durante las últimas semanas tuvo como centro de preocupación la situación de un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, amedrentado por narcotraficantes.

Hasta ahora ese era el límite. Amenazas, amedrantamientos, hostigamientos e indagatorias de supuestos ataques en contra de jueces, fiscales y policías. Nada concreto. Ese escenario, sin embargo, cambió, cobrando sus primeras víctimas: dos gendarmes y un niño de 13 años.

El hecho ha sido manejado con extrema reserva por las autoridades, tanto de Gendarmería como de Justicia, dada la gravedad del caso, el cual se registró a las 1.30 de la madrugada, en la intersección de las calles Reloj de Sol con Agua Abajo, en Puente Alto.

Fue en esa esquina que dos funcionarios, uno de ellos acompañado por su hijo de 13 años -según el parte policial- fueron abordados por dos delincuentes armados, los cuales fueron reconocidos por los uniformados como “El Pinky” y “El Carlitos”. Ambos, de acuerdo a las pesquisas de la PDI y el Ministerio Público, podrían estar vinculados a una organización con tendría vínculos en la cárcel.

Según los antecedentes de la investigación, los delincuentes abrieron fuego de inmediato, sin previo aviso, y huyeron del lugar, dejando a los gendarmes y al niño de 13 años gravemente heridos.

Los lesionados fueron derivados al Hospital Sótero del Río, donde el médico de turno le diagnosticó a uno de los gendarme “lesiones por impactos balísticos en piernas y testículos, quedando internado con riesgo vital”. En tanto el otro funcionario y el niño resultaron con heridas, de menor gravedad, en sus piernas. Con las horas su condición de saluda mejoró, saliendo de toda complejidad.

La Fiscalía Sur se encuentra indagando el hecho, donde se manejan distintas líneas investigativas, entre ellas, un ataque organizado desde uno de los centro penitenciarios de Gendarmería. Desde el Ministerio Público señalaron que “respecto a si la causa la ve o no equipo de amenazas, una vez revisados los antecedentes, lo debe definir la Fiscalia Nacional”.

La fiscal Sur, Nadia Mondiglio, explicó que se dictaron “las primeras diligencias a la PDI para establecer un crimen de homicidio frustrado que afectó a dos funcionarios de Gendarmería y a un adolescente. El hecho se habría originado a partir de un conflicto entre vecinos, lo que será indagado por la policía. Ambos funcionarios fueron hospitalizados y están fuera de riesgo vital”.

Consultado Gendarmería, señalaron que “ambos funcionarios inicialmente fueron atendidos en el Hospital Sótero del Río, donde tras ser estabilizados fueron derivados al Hospital de Carabineros, recinto en el que actualmente se encuentran bajo observación médica, fuera de riesgo vital. El hecho, cuyos antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público, se produjo cuando los funcionarios se encontraban fuera de su horario laboral”.

Además, a través de un comunicado, la entidad penitenciaria señaló que “hasta el momento, no existe información fidedigna que de cuenta de una presunta relación entre este hecho y personas actualmente privadas de libertad, y mucho menos alguna vinculación con bandas de crimen organizado”.

Por su parte, el ente perseutor está llevando a cabo distintas diligencias para dar con los atacantes. La revisión de cámaras y pórticos en las autopistas cercanas son algunas de las tareas que el ente persecutor ya encargó a la policía.

En la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) reaccionaron con preocupación. Su presidente, Joe González, indicó que “esto es verdaderamente alarmante, donde los funcionarios fueron atacados vilmente por delincuentes avezados. Es una situación que demuestra que la situación de seguridad pública ha superado todo límite tolerable”.

En esa misma línea, González advirtió que “este tipo de ataque no lo habíamos visto antes. Es evidente que estamos frente una espiral delictual que no es común, ya que involucra poder de fuego por parte de organizaciones que quieren amedrentar y limitar la acción de la autoridad”.

Las indagatorias, ahora, avanzarán en dos direcciones: una interna para establecer cómo evolucionan los funcionarios y qué tipo de información tienen de este grupo criminal, y en el ámbito penal, donde la Fiscalía busca establecer los nexos de los atacantes con otras organizaciones de la cárcel que se están dedicando a ejecutar amenazas que, creen, podrían sentar un precedente, hasta ahora, inédito.