Manejo de sus empresas: El proyecto que incomoda a las Fuerzas Armadas

"Modernizar las normas que rigen los gobiernos corporativos de las empresas públicas de Defensa y generar mecanismos de cooperación con el sector privado".

Esa es la breve referencia que el programa de Sebastián Piñera hace a la postergada aspiración de introducir cambios en la administración de las empresas estatales de la Defensa, vale decir: Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) y la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer).

Hoy las tres firmas son manejadas exclusivamente por uniformados de las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas y con disímiles resultados de gestión, según el diagnóstico del Ejecutivo. De ahí los intentos por tramitar una ley que modifique por completo el manejo de las mismas, ampliando sus directorios con civiles elegidos por Alta Dirección Pública y bajo el voto decisivo del ministro de Defensa.

Pero la abierta reticencia de las Fuerzas Armadas a abrir la administración de las empresas al mundo civil atentó contra el proyecto de ley que debía tramitar el ministro de Defensa José Antonio Gómez  y que antes trabajaron Jorge Burgos y el actual senador Andrés Allamand, cuando eran titulares del ramo.

La posta ahora la toma el nuevo titular de la cartera Alberto Espina, quien deberá decidir si revive esta iniciativa que no pasó de ser un borrador en estudio durante la administración de Michelle Bachelet porque no estuvo en la lista de prioridades.

El texto, al que accedió La Tercera PM,  hace un análisis crítico de la estructura que rige hoy a las tres empresas.

"Las leyes orgánicas constitucionales que rigen a las empresas estatales del sector defensa no son lo suficientemente modernas en materia de gestión de empresas y mucho menos uniformes en cuanto a su estructura societaria", dice el escrito en su diagnóstico.

Añade que "no existe en ellas una participación relevante de representantes del Estado, en tanto dueño de estas empresas estatales del sector defensa. Todo lo anterior hace necesario que ellas estén dotadas de un órgano de administración lo más experimentado y profesional posible. Sin embargo, por su importancia en materia estratégica, es trascendental también que continúen vinculadas con el Ministerio de Defensa Nacional y especialmente con las respectivas instituciones de las Fuerzas Armadas, a las que deberán servir de manera prioritaria".

Hoy FAMAE es dirigida y administrada por un Director (Oficial General o superior del Ejército en servicio activo, nombrado por decreto supremo a propuesta del Comandante en Jefe del Ejército). Cuenta con un Consejo Superior, integrado por seis miembros militares (todos Oficiales Generales y/o superiores en servicio activo designados por el Comandante en Jefe) y por el Subsecretario de Guerra (actual Subsecretario para las Fuerzas Armadas).

La dirección superior de ENAER recae en un Directorio, integrado por seis miembros, cinco de ellos Oficiales Generales de la Fuerza Aérea, incluido su Comandante en Jefe y un representante del Presidente de la República. Además, cuenta con un Director Ejecutivo (Oficial General de la Fuerza Aérea en servicio activo o en retiro, designado por el Presidente de la República) a cargo de su administración.

ASMAR, por su parte, es dirigida y administrada por un Director (Oficial en servicio activo de grado no inferior a Capitán de Navío, nombrado por decreto supremo a propuesta del Comandante en Jefe) y cuenta con un Consejo Superior encargado de supervigilar las actividades del Director, integrado por nueve miembros,  siete de ellos Oficiales de la Armada y dos Oficiales Generales representantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente, todos en servicio activo.

Esta última firma, según comenta un ex ministro, es la más sensible para las Fuerzas Armadas debido a que maneja un mayor capital y tiene proyectos de presupuesto, como un rompe-hielo que costará 100 millones de dólares.

Según su estado financiero a septiembre de 2017, Asmar acumula un patrimonio de 379 millones de dólares. Entre enero y septiembre de 2017 logró casi duplicar su ganancia con 11,8 millones de dólares, pues en 2016 obtuvo 6,8 millones de dólares.

El proyecto tenía el visto bueno del Ministerio de Hacienda desde que estaba Jorge Burgos en la cartera de Defensa, pues no implicaba mayor gasto. La redacción se le encargó a Carlos Mladinic y se inició una amplia ronda de conversaciones  con representantes de las tres empresas.

Según recuerda un ex asesor de la cartera, los representantes de Asmar se manifestaron preocupados principalmente por el nivel de expertise que se requiere para el manejo de una firma llamada a la construcción y reparación de buques. Adicionalmente, manifestaron reparos con el ingreso de representantes de los trabajadores al directorio. La posibilidad de conflictos con los sindicatos generaba resquemor. La Tercera PM intentó comunicarse con la empresa, pero no respondieron.

Tras su llegada a Defensa, José Antonio Gómez transmitió a los miembros de la comisión del Senado y de la Cámara que no estaba entre las  prioridades que manejaba la Segpres, una versión que corrobora un ex ministro e esa cartera.

El ex diputado DC Jaime Pilowsky abogó por la tramitación del proyecto en la administración pasada hoy dice que "es absolutamente fundamental avanzar". Añade que "el "Consejo Superior o Directorio encargado de fiscalizar el funcionamiento de cada una de las empresas debe profesionalizarse, incorporar distintas visiones, a fin de mejorar su eficiencia, control y transparencia".

Pilowsky acusa que "faltó voluntad política para avanzar, pues existe consenso en los distintos actores  en la necesidad de modificar la actual integración con una mayor injerencia del Ejecutivo e integrarlas al Sistemas de Empresas Públicas".

Desde el ministerio de Defensa sostienen que las modificaciones al sistema de manejo de las empresas de la Defensa es uno de los temas a estudiar en el corto plazo, aunque no apuestan necesariamente a una modificación legal como la que quedó pendiente de tramitación en el Congreso y se evalúa la viabilidad de un cambio administrativo.

A juicio de Pilowsky sería un error no tramitar un proyecto. "Los directorios están conformados de acuerdo a la ley, en ella se establece quienes son los directores en muchos casos vinculados a cargos en las instituciones armadas. Si quieres nuevos gobiernos corporativos y mayor influencia del poder civil debe hacerse por ley".