Marcela Ríos (PNUD) y la participación ciudadana en proceso constituyente: “El tiempo y los recursos son variables a tomar en cuenta”

Algo ya es definitivo: el proceso constituyente en curso contará con mecanismos de participación ciudadana. De hecho, en la comisión transitoria de Participación Popular y Equidad Territorial se aprobaron varios mecanismos como cabildos distritales y locales, encuentros autoconvocados, asambleas, foros y jornadas de deliberación nacional.

Sin embargo, un mecanismo aprobado fue polémico: los plebiscitos dirimentes. La propuesta hecha por convencionales del PC -que había sido desestimada en la comisión de Reglamento- establece la realización de plebiscitos dirimentes cuando termine el trabajo de las comisiones temáticas y antes de que termine el plazo de funcionamiento de la Convención. ¿Qué proponen votar en esos plebiscitos? Los artículos que no reunieron el quórum de 2/3 para su aprobación pero que sí obtuvieron un apoyo de 3/5 de los convencionales en dos votaciones.

Por eso, en esta entrevista la politóloga Marcela Ríos, representante residente asistente del Programa para las Naciones Unidas (PNUD), aborda la participación ciudadana en la Convención luego de haber presentado hace algunas semanas en la Convención un informe hecho por el PNUD donde se mostraron distintos mecanismos.

¿Cuál es su visión de los plebiscitos dirimentes?

Consultar a la ciudadanía directamente sobre temas relevantes para el país es sin duda una opción válida. Desde el PNUD hemos planteado que no existen fórmulas únicas o perfectas en materia de reglamento, existe mucha diversidad en experiencias internacionales en esta materia. Lo importante es trabajar en cómo promover dialogo y concretar acuerdos, así como pensar en el sistema de participación en su conjunto. Acá lo más importante es que se logre llegar a acuerdos por 2/3 en la mayor cantidad de temas posibles, y las votaciones hasta ahora de la Convención muestran que eso es muy posible.

¿Cree que, de acuerdo al tiempo que tiene la Convención y los gastos que podrían traer, los plebiscitos dirimentes son convenientes para el proceso constituyente?

El tiempo y los recursos son sin duda variables que hay que tomar en cuenta al definir mecanismos de participación. Pero no son las únicas, estimamos que la decisión de la Convención para dirimir controversias pasa ante todo por encontrar las opciones más eficientes y que cuenten con mayor respaldo.

En su informe mencionan mecanismos más innovadores utilizados en procesos de la última década, como la colaboración abierta en plataformas digitales y asambleas ciudadanas integradas aleatoriamente para hablar sobre temas determinados. ¿Qué tan posibles son estos mecanismos para el caso chileno?

Nuestra revisión de mecanismos de participación en otros procesos constituyentes en el mundo nos muestra una enorme diversidad de alternativas. Desde el PNUD recomendamos que la participación debe hacerse a través de mecanismos que sean de fácil uso y correspondan con la cultura participativa de cada país. Considerando que existe poco tiempo para el proceso participativo constituyente y recursos limitados, es muy importante poder promover formas de involucramiento que sean conocidas por las personas, que les hagan sentido, que no requieran una explicación de un especialista para ser entendidas. En ese sentido, las experiencias de democracia deliberativa con selección aleatoria son recientes, y aún poco conocidas, a diferencia de otras prácticas como las asambleas ciudadanas, cabildos, encuentros autoconvocados, contribuciones en línea, audiencias públicas, entre otras opciones.

La comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención adoptó algunas de las propuestas que el PNUD hizo. ¿Cree que son suficientes las que adoptaron en su reglamento y que aún falta que se ratificado por el pleno?

Desde el PNUD no estamos presentando propuestas específicas al trabajo de la Convención, en línea con la visión del Secretario General de Naciones Unidas de respetar la soberanía nacional del proceso. Nuestro trabajo se ha enfocado en mostrar la enorme diversidad de opciones que existe. Plantear que toda opción tiene ventajas y limitaciones, costos y tiempos de implementación distintos. No existe un mecanismo participativo perfecto que pueda convocar a todos los sectores, a todas las poblaciones, mujeres, niñas, niños adolescentes, adultos mayores, personas que viven en localidades rurales, en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, quienes tienen más información y educación digital y quienes tienes menos. Por ello lo central es diseñar un sistema que incorpore distintas posibilidades para distintas poblaciones, con mucha transparencia, claridad en las reglas y posibilidad que cada persona pueda entender cuando se incorporará su opinión. La Comisión de Participación Popular de la Convención hizo un enorme esfuerzo de escuchar a todos los sectores, a muchas de las organizaciones que han diseñado propuestas. Creo que se incorporaron muchas de esas propuestas. Esto es muy positivo. Porque el proceso de participación en la práctica, ya partió.

Como PNUD también expusieron el tema de los gastos. El presupuesto para la participación ciudadana hoy es cerca de $500 millones y ustedes proyectaron que la estimación más conservadora sería de $2 mil millones. Claramente ahí hay una dificultad entre lo que se quiere hacer y los montos desginados, ¿cómo ve ese punto?

Así es. Quisimos entregar como insumo para que la Convención tome decisiones el rango de costos que distintas opciones de participación implican. Invertir en democracia y en participación contribuye a fortalecer la legitimidad del proceso. Y eso es clave para el éxito de un proceso constituyente. Este es un proceso histórico, e inédito, quizás irrepetible, uno que fue gatillado justamente desde la ciudadanía por una demanda de mayor inclusión y participación. Un presupuesto de 500 millones es muy escaso si se considera en comparación al presupuesto público en general, o para procesos similares. Cabe recordar que 500 millones representan el 7,5% del presupuesto total que se había destinado a la Convención.

Ustedes estimaron que un plebiscito dirimente podría costar más de 25 mil millones. ¿Cree que ese gasto se debería ocupar para otros mecanismos de participación ciudadana?

Nosotros entregamos, como punto de referencia, el valor reportado en la ley de presupuestos para el plebiscito de entrada realizado el 2020. Organizar elecciones implica una movilización de recursos, tiempos y personas importante. Pero es la Convención la que tiene que evaluar las ventajas y desventajas de este procedimiento y evaluar cómo distribuir los recursos disponibles.

Varios expertos y expertas han señalado que uno de los puntos más complejos, al menos en términos de tiempo, es la sistematización de las instancias de participación. ¿Cree que eso está siendo tomado en cuenta por los constituyentes?

Creo que sí es tomado en cuenta y reconocido por las y los convencionales. Esto puede verse en las discusiones que se han realizado hasta ahora. Creemos que la comunicación y sistematización son esenciales para el proceso participativo, para que las personas se involucren y para que su contribución sea incidente. Independientemente de las metodologías usadas, para que la participación sea incidente es esencial garantizar trazabilidad. Incorporar los aportes de las personas a la toma de decisiones pasa por la capacidad y rapidez con que se puedan sistematizar sus opiniones. Por ello es importante que exista un equipo altamente calificado dedicado a la sistematización, ya sea dentro de la Convención, o en alianza con ella desde otras entidades. Este trabajo debe considerarse desde el propio diseño de los mecanismos. Algo que ya está considerado en la propuesta elaborada por la Comisión.